ENTRETELONES DE CASA ROSADA
“En vistas del contexto de incertidumbre y debido a que el Gobierno nacional no presentó pautas macroeconómicas para el año entrante, la Provincia no cuenta con elementos suficientes para elaborar un Presupuesto para el ejercicio 2024”, le confirmaron ayer a Télam en La Plata fuentes del Ejecutivo provincial.
Confiaron, además, que en esta coyuntura es imprescindible contar con herramientas que les permitan llevar adelante la gestión provincial el año entrante, atender las necesidades de los sectores más vulnerables, afrontar obligaciones de deuda, y asistir a los municipios que lo requieran.
De tal modo, el gobernador Axel Kicillof, si bien venía trabajando en la ley de leyes provincial y en la fiscal impositiva desde principios de noviembre, la derrota de Sergio Massa en el balotaje cambió los planes previstos y, ante la incertidumbre de las primeras medidas y el mega DNU del Presidente Javier Milei, decidió prorrogar el Presupuesto 2023.
Al tomar juramento a su nuevo gabinete la semana pasada en el Teatro Argentino, el primer mandatario bonaerense había explicado que “no hubo un anuncio claro todavía si se va a prorrogar el presupuesto del año pasado, hubo trascendidos… Nosotros hoy no tenemos presupuesto”.
En realidad todavía no se sabe si el Gobierno entrante retirará el proyecto presentado por Massa y presentará el suyo en Diputados con la nueva conformación de la Cámara Baja, o si directamente prorrogará el actual y a lo largo del año entrante le irá haciendo las modificaciones que crea pertinente.
Por su lado, el Gobierno bonaerense enviará a la Legislatura provincial la prórroga de las emergencias que contienen la solicitud de endeudamiento para hacer frente a los servicios de deuda del próximo ejercicio y la Ley Impositiva que empezará a regir a partir del año que está a punto de comenzar.
En la norma que rigió a la administración pública provincial este año estaban previstos gastos totales por $6,9 billones, un déficit primario de $81.000 millones, un déficit financiero de $249.000 millones y pedidos de financiamiento con organismos internacionales por $168.000 millones.
El último dato disponible oficial surge del informe de ejecución presupuestaria de la Subsecretaría de Hacienda del segundo trimestre de 2023 y allí se señala que al final de ese período el resultado económico fue superavitario en $44.821 millones (1,4% de los ingresos corrientes).
Por el contrario, los resultados primarios y financieros fueron deficitarios en $99.809 millones (-3,1% de los ingresos totales) y $178.716 millones (-5,6% de los ingresos totales) respectivamente.
Según evalúan en la Dirección Provincial de Presupuesto Públicos, estos resultados se explican principalmente por la merma que se registró en la recaudación tributaria, por el ingreso de menores recursos nacionales y por una elevada inversión de capital.
Ahora, en esta coyuntura incierta y para continuar su gestión sin dilaciones, el Gobierno provincial necesita contar con una nueva autorización de endeudamiento y, además, con una ley impositiva que actualice los ingresos tributarios.
El pedido de autorización de financiamiento de deuda para 2024 se enmarca en la política de financiamiento responsable que la provincia mantuvo durante toda su primera gestión y que pretende mantener de cara a este segundo mandato, aclaran los funcionarios.
En concreto, la solicitud de endeudamiento en pesos u otras monedas es por el equivalente a u$s 1.800 millones, un monto igual a los vencimientos de que tiene la Provincia el año próximo, que incluye el pago de capital e interés en moneda extranjera de la reestructuración de la deuda contraída durante la gestión de María Eugenia Vidal.
Sobre la financiación de deuda heredada y como se venía financiando, comparan que el monto solicitado en esta ocasión es exactamente la mitad que el promedio de 2016-2019 que era de US$3.600 millones al año, con un pico superior a los US$6.000 millones.
Es cierto que cuando asumió la ex gobernadora bonaerense, la deuda calculada por el Ministerio de Economía provincial ascendía a US$9.400 millones, el problema es que durante su gestión aumentó, casi que se duplicó como porcentaje del producto bruto geográfico, se invirtió la relación entre deuda en pesos y en moneda extranjera y aumentó fuerte la participación de acreedores extranjeros en lugar del Estado nacional.
Sobre el inminente envío de la actualización impositiva a la Cámara de Diputados provincial, puntualizan que esta ley da continuidad a la premisa del gobierno reelegido de dotar de mayor progresividad a la estructura tributaria, haciendo hincapié en la solidaridad de los sectores con mayor capacidad contributiva, y atendiendo especialmente la realidad de las pymes, que son el principal factor de generación de empleo en el territorio bonaerense.
Desde hace años, décadas mejor dicho, la Provincia de Buenos Aires perdió equidad en la coparticipación nacional, aporta cerca del 40% del PBI nacional pero sólo recibe el 21,3% por esta vía, si bien ahora la situación es más crítica por el contexto y la desfinanciación.
Sobre esta situación, y ante notas en algunos medios porteños que marcaban aportes discrecionales este año de Nación al gobierno provincial, el Ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense Pablo J. López posteó en su red social X una aclaración.
La PBA no recibió recursos excesivos. Al contrario: es la provincia con menos recursos por habitante del país
— Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) December 19, 2023
Esta realidad es innegable, salvo que la intención sea traicionar el federalismo, asfixiar económicamente y enfrentar a las provincias entre sí
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Y es que el Presidente Milei decidió suspender las partidas no automáticas a las provincias, es decir el flujo de fondos de Nación mediante aportes del Tesoro, y no está claro si restituirá el impuesto a las ganancias que sí se distribuía, pero sí aclaró que no transformará en coparticipable el impuesto a los débitos y créditos bancarios que le solicitaron varios gobernadores.
Entonces, en este nuevo inició de mandato, el gobernador Kicillof deberá enfrentar un aún menor ingreso de fondos nacionales, en un contexto de altísima inflación con estancamiento de la actividad, lo que debería obligarlo a contraer más el gasto y la inversión públicas.
Por ejemplo, para el impuesto inmobiliario en la nueva norma se establecen topes progresivos de incremento del gravamen respecto al año anterior, los que son ascendentes a mayor patrimonio.
Así, el 90% de los contribuyentes tendrán aumentos iguales o menores al 200%, lo que a simple vista parece exorbitante, pero que al contrastarlo con la inflación acumulada entre enero 2023 y la proyectada a febrero 2024 superior al 300% surge como razonable. El restante 10% de los mayores contribuyentes pagará más, aunque aún no hay datos sobre el incremento real.
