Por Patricio Ballesteros Ledesma

Tal cuál se establece en la Ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional, que el Poder Ejecutivo presenta para su tratamiento y aprobación en el Congreso a fines del año previo, la llamada ley de leyes le  sirve al Estado para planificar los ingresos que obtendrá y cómo serán aplicados para satisfacer las necesidades de la población.

Este año, por tener comicios generales, el proyecto fue enviado en septiembre como es obligatorio por ley, pero la campaña electoral tenía a los legisladores más ocupados en la campaña electoral que en este asunto crucial, así que por consenso se empezó el tratamiento en octubre, incluso la conflictiva separata, y tras las generales se acordó continuar el debate luego del balotaje del próximo domingo.

Según los datos del sitio oficial Presupuesto Abierto, el gasto proyectado para 2023 asciende a $37.827.522 millones y al 7 de noviembre se lleva ejecutado en un 75%, sin embargo el recurso estimado para todo el ejercicio sólo alcanza a $26.782.855 millones, con un 83% ejecutado de ese monto. La diferencia entre los ingresos y los gastos reales es el resultado fiscal, que por lo general genera un déficit primario, que este año por el acuerdo con el FMI no debería llegar a $3 billones (1,9% del PBI). 

El equilibrio es la excepción y el superávit casi una utopía, pese a que históricamente el oficialismo en funciones ejecutivas siempre gasta más de lo que recauda, con deuda interna o externa y la oposición siempre denuncia el despilfarro y la financiación con déficit cuasifiscal del BCRA (deuda remunerada, emisión monetaria).

La Administración Pública Nacional se divide en jurisdicciones, subjurisdicciones y entidades (Ministerios, Agencias Públicas), que son aquellas organizaciones públicas encargadas de llevar a cabo las funciones del Estado nacional y por lo tanto de efectuar los gastos necesarios para lograr sus objetivos. 

En ese orden, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social es el que recibe el mayor porcentaje del monto total (38,3%), cuyo presupuesto vigente asciende a $14,48 billones. Más allá del rubro Otros, que ocupa el segundo lugar (12,62%) con $4,77 billones, el tercer mayor destino de los fondos es el Servicio de la Deuda Pública (11,83%), que insume $4,47 billones.  

Además, el presupuesto vigente para cada área por lo general tiene un valor superior al estimado el año anterior al aprobarse la Ley de Presupuesto, que luego se actualiza por imprevistos, pero sobre todo por el efecto de la inflación, que con el índice del 8,3% en octubre pasado ya acumula un 120% en el año, según datos del INDEC.  

Peor aún, en la comparación interanual, el incremento del IPC general alcanzó el 142,7%, lo que explica aún más por qué hay diferencias tan grandes entre un monto del presupuesto fijado por ley y su valor vigente actualizado, que de este modo siempre muestra un grado de ejecución porcentual menor, ya que se incrementó fuerte su nominalidad.

Por supuesto que hay particularidades y casos excepcionales, pero si a 45 días de terminar el año se ha gastado sólo el 75% del monto presupuestado en la ley aprobada el año pasado no es porque hay un ahorro y subejecución del 25% restante en 2023, sino que hubo reasignación y aumento de partidas con el correr de los meses que actualizaron el presupuesto original en su valor en pesos en miles de millones.

En lo que va del año se dieron más de diez aumentos presupuestarios. Uno fuerte a fines de agosto, cuando mediante un DNU aumentaron en 26% las partidas del gasto público por la inflación. Así, el incremento para todo el ejercicio ya suma $7,65 billones adicionales, con lo que se subió el déficit para todo el ejercicio un 60% sobre lo presupuestado.

Por dar sólo un ejemplo, al 7 de noviembre del corriente, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social lleva ejecutado el 75,92% (devengado), es decir $10,99 billones sobre un presupuesto vigente de $14,48 billones, sin embargo el monto original proyectado era de $11,86 billones, apenas $870.000 millones menos que lo ya gastado.

Hecha esta aclaración, que arroja luz sobre los números, además de ver qué órgano de la administración nacional gasta es importante saber cuáles son los gastos por finalidad y función, es decir cuánto destina el Estado nacional a los servicios que brinda a los ciudadanos.

Como es lógico, la mayor parte del presupuesto se destina a los Servicios Sociales, con el 63,52% del total y un monto de $24,02 billones. En particular, la Seguridad Social implica casi el 43% del gasto vigente con $16,23 billones y una ejecución de $12,34 billones hasta la semana pasada (76% del monto presupuestado).

Le siguen en importancia Educación y Cultura con el 6,82% y $2,87 billones presupuestados y Promoción y Asistencia Social con el 6,13% y $2,31 billones. El segundo rubro más importante del presupuesto total le pertenece a Servicios Económicos, que sin embargo recibe sólo $5,62 billones y es menos de un cuarto de lo que se implican los Servicios Sociales. 

Mucho se habla de la corrupción en el Estado y poco de la privada, salvo que en un hecho puesto al descubierto haya complicidad entre algún estamento del sector público y un grupo económico o empresa. Hace algunos años se empezó a hablar de la gobernanza, la ética empresarial y muchas firmas comenzaron a tener expertos en compliance en sus organizaciones.

Al mismo tiempo, desde el sector público se inició un camino tendiente a la transparencia y buenas prácticas de los funcionarios, que puso en valor algo fundamental ya no sólo para los periodistas sino para cualquier ciudadano como lo es el acceso a la información. Las obras públicas, siempre cuestionadas, y muchas veces con razón, ya tienen una web donde todos pueden auditar localizaciones, licitaciones, montos y plazos en un click.

Esto era algo impensado y desestimado hace pocas décadas, pero viene cambiando, gracias a la toma de conciencia, el compromiso, la responsabilidad y la participación ciudadana. El acceso a estadísticas y datos confiables de la llamada cosa pública, como se hizo con la publicación obligatoria de las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes, la regularización de las estadísticas oficiales, el mapa de inversiones y el Observatorio de la Obra Pública, por citar algunos ejemplos.

A pocos días de conocerse cuál será el próximo Presidente de la Nación, tras lo que se continuará el debate en Diputados del proyecto de ley de Presupuesto 2024, el sitio de internet Presupuesto Abierto es una buena fuente de información, cuadros y gráficos para saber con qué ingresos se cuenta, cuáles son los gastos estimados y a dónde se dirigen los fondos públicos en todo el país. Así como la Oficina de Presupuesto del Congreso, que periódicamente publica interesantes informes de análisis fiscal abiertos a la ciudadanía.