Por Patricio Ballesteros Ledesma

Este miércoles por la tarde comenzó en Diputados el tratamiento en comisión de la separata impositiva del Presupuesto nacional 2024 enviada por el ministro de Economía Sergio Massa. Ante los legisladores reunidos en la Comisión de Presupuesto y Hacienda asistieron el secretario de Hacienda Raúl Enrique Rigo y la subsecretaria de Ingresos Públicos Claudia Balestrini. 

Como la llamada ley de leyes en particular será tratada en el recinto recién después del balotaje electoral, según lo acordado por todas las fuerzas políticas antes de la elección general, el objetivo de enviar ahora la separata del gasto tributario, que incluye los beneficios y regímenes impositivos diferenciales para empresas, sectores y provincias y que tienen un peso de 4,72% del PBI, es acelerar la discusión de un tema que casi nadie pone en debate.

“Es intención del Gobierno nacional proponer a las señoras y señores legisladores el análisis de medidas legislativas que, a través del fortalecimiento de la recaudación, hagan posible diseñar un escenario fiscal que exhiba un resultado primario superavitario del orden de 1% del PBI”, expresaron desde el Ministerio de Economía al enviar la iniciativa para análisis.

Si antes la intención del Gobierno era introducir este tema y otros para entregar al próximo mandatario un presupuesto más cercano al equilibrio fiscal, sin descuidar inversiones prioritarias y los programas sociales, tras el resultado del domingo último, que dió vuelta la ecuación para el ministro en funciones y candidato de UP, ahora el desafío es aprovechar el mayor peso político para lograr avances ante un resultado ganador en noviembre.

"He planteado la necesidad de que ese presupuesto que mandamos con 0,9% de déficit se sancione con 1% de superávit, y que ese superávit surja del tratamiento de recortes de beneficios presupuestarios y tributarios que venía sancionando año tras año el Congreso", manifestó el ministro en la conferencia ante medios extranjeros esta semana.

La Argentina tiene una larga tradición de gastar más de lo que recauda, así como de necesitar más dólares para importar de los que consigue al exportar, por eso el equilibrio fiscal y de la balanza comercial siempre son aspiraciones esquivas. 

Bajar el gasto público no es lo usual y menos en un año electoral, la pandemia, la guerra, la sequía, la devaluación y el FMI tampoco ayudaron. Pese a todo, el año pasado se alcanzó la meta, este año no se logrará, pero la apuesta es que en 2024 se pase del déficit al superávit, aunque sea de un punto del producto bruto interno.

Sólo por comparar, los programas sociales suman 1,8% del PBI y el gasto en cargos políticos de los poderes Ejecutivo y Legislativo rondan el 0,9%, había expresado Massa en una entrevista televisiva. Hubo quejas por la eliminación de Ganancias a trabajadores con sueldos altos y también por la devolución del IVA, que le restaría ingresos a las provincias por ser un impuesto coparticipable. 

Esto último fue desmentido por los funcionarios que asistieron el mes pasado al Congreso para apoyar el proyecto de ley oficial, los mismos que ayer asistieron para informar sobre la llamada separata, que buscaba que la medida se transforme en un derecho permanente y no sólo hasta fin de año como se estableció en el decreto del Ejecutivo. 

Por otro lado, sobre los dichos del ministro y la separata, desde el sitio Chequeado señalan aquel porcentaje del 4,9% como exagerado, ya que según  las Subsecretaría de Ingresos Públicos los gastos tributarios de 2023 fueron estimados en $3,66 billones, lo que equivale a 2,49% del PBI, lo que representa el nivel más bajo en dos décadas. 

De ese total, las exenciones impositivas o reducción de alícuotas se estimaron en $2,66 billones, el 1,81% del PBI y los gastos tributarios originados en regímenes de promoción económica se calcularon en $995.057,1 millones, el 0,68% del PBI.

El resto, para llegar al porcentaje del 4,9% comentado por Massa se trata de gastos que no están destinados a beneficiar a empresas, como la exención del pago de Ganancias a asociaciones civiles, exenciones al IVA para obras sociales y el PAMI, servicios educativos, préstamos para viviendas, medicamentos, venta de leche y la reducción de la alícuota del IVA para diversos alimentos.

En el detalle del texto enviado al Congreso también figuran como ítems a revisar las exención del pago de Ganancias de magistrados del Poder Judicial nacional y provinciales (0,16% del PBI), exención de Ganancias de asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas (0,11%), alícuotas reducidas de IVA (0,62%) y régimen de promoción económica para la provincia de Tierra del Fuego (0,33%).

A fines del año pasado el oficialismo también había incluido este documento ad hoc del presupuesto general para 2023, pero la oposición se negó a tratarlo. Por eso, en los últimos meses, y cuando en el contexto de las PASO desde la oposición se hablaba del déficit fiscal y el despilfarro en el gasto, el ya candidato a Presidente Massa le pidió a la oposición que en lugar de denostar el gasto social se pusieran a revisar el gasto tributario.

En numerosas oportunidades e incluso en los debates previos a las elecciones, el ministro y candidato pidió a la oposición que si quieren achicar más el gasto público, en lugar de buscar recortes en la inversión pública, propongan qué privilegios del sector privado sustentados por el erario público podrían reducirse o directamente eliminarse. 

Tras las decisiones de eliminar el pago de Ganancias por los trabajadores y la devolución del IVA a las compras de la canasta básica, Massa volvió a ser criticado por incrementar el déficit fiscal con más medidas electorales que, sin embargo, está probado que sostienen el nivel de actividad y empleo en la economía doméstica, protegen el consumo de los sectores más castigados y generan más recaudación por otras vías.

En cualquier caso, el oficialismo busca discutir y eliminar algunos de los beneficios fiscales y exenciones impositivas de las que disfrutan algunos sectores y empresas durante el trámite parlamentario para poder recortar el déficit fiscal más rápido.

De hecho, el propio Massa, que se había comprometido con el FMI a mantener un déficit fiscal de ese orden para el año próximo según lo pactado como meta, ahora anunció que enviará la modificación en el proyecto de ley y le pidió a los legisladores que revisen los números para acordar un presupuesto 2024 con un 1% de superávit. 

Y en lugar de achicar empleos públicos, planes sociales, fondos para educación y salud o partidas para obras de infraestructura, propuso poner la lupa sobre los casi 5 puntos del PBI que se llevan las empresas privadas con el gasto tributario y otros regímenes.

El desafío es grande, no sólo por la afinidad de algunos sectores políticos con esos empresarios cuyos privilegios nunca entran en la discusión, sino porque el Gobierno nacional proyectaba alcanzar un déficit fiscal del 1,5% en 2023, según la estimación presupuestaria y de acuerdo al programa acordado con el FMI, pero a esta altura del año ya se habla de un rojo cercano al 2% del PBI para 2023.

Entonces, esta discusión previa antes de tratar la ley de Presupuesto 2024 luego de saber quién será el próximo Presidente, permite despejar algunos gastos a futuro, con el objetivo de acomodar las cuentas públicas sin sacrificar otros gastos o inversiones, que no sólo sirven para apuntalar el grave problema de ingresos de una gran parte de la población, sino también mantener cierta equidad para alcanzar el equilibrio fiscal.