El viernes 15 de septiembre, el Tribunal Oral N 1 de Mar del Plata llevó a cabo la 40° audiencia del proceso en el que se juzgan los delitos cometidos por la última dictadura cívico-militar en la región central de la Provincia de Buenos Aires. 

La audiencia expuso la complicidad civil y dejó en evidencia como ciertos grupos empresarios de la zona obtuvieron veneficios colaborando con los militares que gobernaron la Argentina en la década del 70. 

Ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata dieron su testimonio trabajadores de la cementera Loma Negra. La empresa, en aquellos años del terrorismo de Estado, era propiedad de Amalia Lacroze de Fortabat, fallecida en el 2012, que triplicó sus ganancias durante la dictadura. La viuda de Fortabat, al igual que Carlos Pedro Blaquier, de la azucarera Ledesma, fallecieron sin poder ser juzgados por su complicidad con los crímenes de lesa humanidad.

En esta ocasión, declararon Andrés Staldeker, Claudio Staldeker, Rosana Ricciardi y Analía Ricciardi desde la sede de Olavarría de la UNICEN. Estos testimonios marcaron el inicio del tratamiento de las detenciones ilegales perpetradas durante 1976 contra trabajadores de la cementera Loma Negra.

La periodista Soledad Restivo  de la Agencia Comunica/FACSO-UNICEN, que viene siguiendo el proceso judicial, cuenta en su crónica que “los trabajadores expresaron que las bolsas en las que se encargaban de embolsar el cemento caliente se rompían con frecuencia. Esta situación les ocasionaba pérdidas económicas tanto a ellos como a la empresa y, además, resultaba en quemaduras en sus manos y brazos. Al día siguiente de plantear esta problemática, ante sus superiores, los trabajadores fueron detenidos”.

Para denunciar a sus trabajadores ante las autoridades militares que intervenían la seccional Olavarría del Ministerio de Trabajo, la empresa se valió de los capataces Ernesto Cladera y Jacinto Takieldín. Es decir, utilizó a otros trabajadores con un rango apenas superior al de los denunciados. En ese pasado no tan lejano de la Argentina, los derechos ciudadanos se habían perdido por la imposición de las armas. En la actualidad, como reflejo de la historia, algunas propuestas políticas proponen volver a limitar derechos y reivindican la dictadura como quedó en evidencia en el debate televisivo de candidatos a la vicepresidencia del miércoles pasado. 

Soledad Vallejos es una de las autoras del libro “Amalita: La biografía”, que relata que entre enero y marzo de 1976, Amalita tejió relaciones con la casta militar que estaba preparando el golpe. Ella era muy cercana al gobierno. De hecho, una de las primeras cosas que hizo Videla fue llamar a una reunión con empresarios y pidió que Amalita esté. Fue un acto muy público y ella asisitó.

Si bien Alfredo Fortabat  ya tenía a la obra pública como una de las principales fuentes de ingreso para su empresa, a través de su vínculo con Videla, Amalita logró que “Loma Negra” sea proveedora para la construcción de los estadios de fútbol del mundial y la autopista entre otras importantes obras. 

Beneficiada con un plan de estímulos fiscales desde Olavarría se expande hacia Catamarca, donde construye una fábrica que se inaugura en el 81, que durante diez años no pagó impuestos, hecho que salió a la luz recién en los 90 cuando se interviene la provincia. 

A la par de hacer crecer su fortuna, la señora Fortabat, “disciplinaba” a sus trabajadores. Puesto en conocimiento del reclamo de los obreros por las quemaduras que provocaba la ruptura de las bolsas de cemento, el interventor del Ministerio de Trabajo en Olavarría, el capitán José Luis Álvarez, actuó en conjunto con el comisario Alberto Balquinta quien ordenó las detenciones de Andrés Staldeker, Eustorgio Arenzo, Walter Peralta, Manuel Antúnez, Antonio Álvarez y José Ricciardi. Tras pasar por las comisarías de Loma Negra y Olavarría, fueron trasladados a la Unidad Penal 7 de Azul, donde estuvieron detenidos hasta julio de ese mismo año. 

“Cuando regresó a casa, parecía irreconocible: delgado, sin pelo y visiblemente herido. Después de ser liberado, el mismo automóvil, un Ford Falcon, que se lo llevó fue el que trajo la noticia de que podían volver al trabajo. Se despertaba en medio de la noche gritando y desarrolló una aversión a los lugares cerrados; incluso no podía soportar siquiera el cierre de la puerta del baño. Nunca volvió a ser el mismo”, afirmaron con tristeza en su alegato Analía y Rosana hijas del cementero José Ricciardi. 

Ambas hermanas relataron que, una vez que su padre fue detenido, llegaron militares armados que registraron exhaustivamente la casa y las sometieron a maltratos, junto con su madre. Un militar las vigiló constantemente, siguiéndolas en el camino hacia su casa y observándolas incluso cuando salían al recreo en la escuela.

Loma Negra tampoco dejó que prosperaran demandas en su contra por posibles enfermedades contraídas en la cementera. El abogado laboralista Carlos Alberto Moreno (padre del subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Matías Moreno) fue uno de los 29 desparecidos y/o asesinados en la ciudad de Olavarría. Moreno representaba a trabajadores de Loma Negra que habían contraído silicosis, enfermedad laboral no reconocida por la cementera, que motivó su secuestro y asesinato, tal como se comprobó en el juicio de 2012.

Moreno fue secuestrado cerca de las 22 del 29 de abril de 1977 cuando se dirigía a su casa.  Su mujer estaba embarazada de cinco meses y lo esperaba con su otro hijito de un año y medio en la vivienda. Moreno era seguido por la inteligencia de la Bonaerense desde tiempo antes. 

La familia de Moreno recuperó su cuerpo recién el 23 de mayo de 1977. Estaba en la Jefatura de la Policía Bonaerense en La Plata. Tenía signos de torturas y una herida de bala en el pecho. Su cadáver estaba envuelto en una frazada verde del ejército. 

En 2012, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata condenó a tres militares por el asesinato de Moreno--Julio Alberto Tommasi, Roque Ítalo Pappalardo y José Luis Ojeda-- y a dos civiles –Julio y Emilio Méndez– por haber prestado la chacra en la que estuvo cautivo. 

Las vinculaciones de empresas y empresarios con la dictadura, facilitando información y utilizando “favores” de los militares para incrementar sus ganancias, persiguiendo, encarcelando y secuestrando, son un capítulo que tardíamente se esta develando. Algunos de estos colaboracionistas interesados están muertos. Sin embargo, cuando la justicia llega, los familiares pueden sentir algo más de paz en sus corazones y las generaciones que nacieron y crecieron en estos 40 años de democracia aprender de la historia que aún esta en carne viva para que ese pasado no vuelva nunca más.