MYRYAN PRUNOTTO
Las concesiones de las veintidós represas hidroeléctricas privatizadas en los 90 ya empezaron a vencer o están próximas a expirar, tras permanecer tres décadas en la gestión privada, y aunque el Gobierno había definido prórrogas en el contexto de un año electoral, ahora desde Economía proponen que su operación vuelva a la órbita del Estado.
En el proyecto de ley de presupuesto para la administración pública nacional 2024, que fue enviado al Congreso para su tratamiento y debate esta semana, se confirmó la decisión de revertir la concesión privada y se anunció la creación de una nueva empresa estatal para administrar su gestión de manera unificada desde el sector público.
Sin embargo, su aprobación no será una tarea fácil ni libre de conflictos, ya que los gobiernos provinciales con las infraestructuras más relevantes le reclaman al Ministerio de Economía un manejo tripartito y el pago de un canon, algo que hasta ahora le correspondía a las empresas privadas que manejan cada represa.
El tema es que las concesiones empezaron a vencer este año y le corresponde al Estado establecer prórrogas, renovación de contratos, nuevas licitaciones o regresarlas a la gestión pública. Cinco de las más importantes se encuentran en Río Negro y Neuquén, que reclaman para sí la gestión del recurso propio, si bien los activos son propiedad del Estado nacional, y que tras las elecciones ya cuentan con nuevos gobernadores dispuestos a reclamar la participación provincial en las centrales.
En agosto pasado finalizaron cuatro concesiones (Alicurá de AES Argentina con 1.000 Mw, El Chocón con 1.200 Mw y Arroyito con 120 Mw de ENEL Generación, Planicie Banderita de Orazul Energy con 450 Mw), hay otra que caduca el 29 de diciembre (Piedra del Águila de Central Puerto con 1.400 Mw), pero en total suman veintidós las de mayor envergadura que tienen plazos de finalización hasta 2026, situadas en 8 provincias y con una potencia instalada total de 5,8 Gw.
Previendo la cercanía de las fechas, y tomando en cuenta que en 2023 serían las elecciones presidenciales, el Gobierno creó el año pasado el Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados, compuesto por la Secretaría de Energía, CAMMESA, ENRE, Enarsa e IMPSA, para elaborar un informe detallado del estado de cada concesión en lo referido a aspectos técnicos, económicos, jurídicos y ambientales.
Y en junio último, la secretaria de Energía Flavia Royón dejó por escrito una nota de instrucción destinada a Agustín Gerez, presidente de Energía Argentina (ex Enarsa), en la que le solicitaba que se hiciera cargo de las represas. “Adopte las medidas necesarias para encontrarse en condiciones de asumir transitoriamente la actividad de generación de energía eléctrica, ante la proximidad del vencimiento de las concesiones”, le pidió la funcionaria al titular de la energética estatal.
Sin embargo, apenas un mes después de su pedido, y sin que fuera necesaria esa intervención estatal perentoria, quedó establecido otro destino para el complejo hidroeléctrico. Mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, Economía decidió extender las concesiones por otros 60 días corridos, prorrogables por dos meses adicionales, sin perjuicio de la facultad de la Secretaría de ampliarlo hasta el plazo máximo fijado en los contratos”.
La primera extensión indica que las represas siguen en manos de las concesionarias privadas hasta el 10 de octubre, sólo 12 días antes de las elecciones generales. Y si finalmente se decidiera extenderlas por dos meses más, el nuevo plazo sería el 9 de diciembre, es decir el último día de mandato de la actual gestión nacional.
En esa última resolución, Royón dispuso que Enarsa actuara como veedora durante ese período, y convocó a las provincias de Río Negro y Neuquén que tienen las represas de la cuenca del Comahue a que propongan un representante para colaborar durante el proceso en conjunto con Economía.
En este tiempo, tanto las empresas del sector privado que gestionan las represas, como los gobiernos provinciales donde están localizadas, reclamaban acelerar la toma de decisiones de la administración nacional frente a una inminente cesación de algunos contratos. El senador por Neuquén del FdeT Oscar Parrilli había presentado un proyecto de ley en este sentido, para volver al control estatal las usinas con contrato caído.
Pero el ministro Sergio Massa tomó la iniciativa e incluyó este tema en el anteproyecto del Presupuesto 2024 que envió el viernes al Congreso a última hora. El problema es que desde el oficialismo y la oposición negocian su tratamiento después de las elecciones, algo que en principio había pedido sólo el candidato a Presidente ganador de las PASO, pero que ahora surge como un acuerdo razonable para todas las fuerzas políticas en competencia.
En particular, el artículo 78 de la ley de leyes establece: “La administración, operación y explotación de cada uno de los aprovechamientos hidroeléctricos otorgados oportunamente en concesión será asumida por Energías Hidroeléctricas SAU, dependiente de EASA, con el objetivo de asegurar la plena operatividad de las centrales, la continuidad de los servicios y el correcto funcionamiento de las instalaciones, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades por las obligaciones asumidas por los actuales concesionarios”.
De esta manera no sólo se ratifica la vuelta de las concesiones al Estado, sino que se establece la creación de es nueva empresa estatal que podrá comercializar la energía eléctrica producida por éstas conforme a la Ley 24065 y la realización de actividades complementarias que resulten necesarias tales como estudios, proyectos, construcciones, renovaciones y ampliaciones de los bienes revertidos al Estado nacional.
A lo largo de 2024 vencerán los contratos de concesión de las represas Los Nihuiles I, II y III, Agua del Toro, Los Reyunos, El Tigre, Río Hondo y Los Quiroga. En junio de 2025 finaliza el de la represa de Futaleufú y en noviembre los de Cabra Corral y El Tunal. Además en marzo de 2026 finaliza la concesión de la represa de Ullum, en julio las de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo y, finalmente, en agosto de 2029 la de Pichi Picún Leufú.
La Argentina cuenta con 95 aprovechamientos hidroeléctricos, de los que 17 son grandes presas y centrales de generación asociadas. En la senda de la transición energética hacia la descarbonización de la matriz nacional, este complejo hidro con más de 10,8 Gw de potencia instalada representa alrededor del 20% de la generación de electricidad del país y por su recurso primario se trata de una fuente renovable.
