Por Patricio Ballesteros Ledesma

Cuando casi a fines del año pasado se envió el Presupuesto General de la Administración Pública Nacional para su tratamiento y votación en el Parlamento, se establecieron las proyecciones de ingresos y gastos, pero como suele ocurrir ambas estimaciones se quedaron cortas y, aunque el proyecto fue aprobado; el aumento de la inflación, la caída en las exportaciones, la merma de la recaudación tributaria y ahora la devaluación lo confirman. 

En noviembre de 2022 se calculó una inflación anual del 60% para 2023, una proyección que en julio de este año ya fue superada por la realidad, por lo que los recursos para las erogaciones hasta el fin del ejercicio económico quedaron desactualizados y ahora se incrementan hasta un monto de $36,5 billones, desde los $29 billones presupuestados entonces.

Desde Economía se implementó una redistribución de las partidas y se aumentó la autorización del gasto neto en $7,65 billones, un monto que representa el 26% del crédito vigente hasta el 31 de julio y que abulta el déficit fiscal de las cuentas públicas. Mediante el DNU 436, publicado en el Boletín Oficial el 30 de agosto, se reasignaron los fondos disponibles, se modificó el presupuesto nacional y se actualizaron todas las variables que la evolución económica trastocó en estos meses. 

Según un análisis de la Asociación Argentina del Presupuesto Público (ASAP), este incremento en el cálculo de los recursos es la consecuencia de mayores autorizaciones de gastos para 370 programas y reducciones en apenas tres. Los dos refuerzos más importantes son para el Ministerio de Trabajo con $1,8 billones y el servicio de la deuda con $1,5 billones. En segundo lugar aparecen adicionales para el Ministerio de Educación, con $758.200 millones y el de Desarrollo Social, con $743.600 millones.

Un problema adicional de estas correcciones es que ponen en riesgo o directamente incumplen con las metas establecidas en el acuerdo con el FMI, que si bien admitieron una devaluación menor a la pedida y bajaron la pretensión de acumulación de reservas de US$8.000 a US$1.000 millones para el año, se mantienen firmes en la baja constante del gasto público y un déficit fiscal máximo del 1,9% del PBI. De hecho, la batería de medidas que anunció el ministro esta semana implica un alza del déficit del 0,5% del PBI, que podría incrementarse si se anuncia un nuevo dólar soja como se dejó trascender, que por un lado incrementa las reservas pero por el otro disminuye la recaudación tributaria.

Además, si la inflación continúa con su ritmo ascendente, ya no sería del 120% anual como ahora se proyecta sino bastante superior y obligaría a otro incremento de partidas mediante un nuevo decreto. Son varios los economistas y analistas que ven un ratio de gasto/PBI hacia fin de año mayor al 2,5%, muy superior al comprometido en las metas con el organismo de crédito, algo que puede parecer demasiado pero que la propia dinámica pareciera confirmar. 

Mirando hacia adelante, sobre todo porque el ministro Massa tiene como objetivo ganar las elecciones generales en octubre, en sus mensajes públicos trata de calmar las aguas sobre la crítica situación actual y enumera las bonanzas que traerá el futuro para el país. Mientras en el Gobierno se trabaja en el proyecto de ley de Presupuesto 2024, varios funcionarios muestran un horizonte que aleje a la población de sus problemas actuales y los sitúe en un futuro prometedor.

Esta semana el viceministro de Economía Gabriel Rubinstein anticipó que desde su cartera prevén un superávit robusto para el año que viene y aseguró que lo más difícil no será alcanzar ese objetivo sino mantenerlo en el tiempo. El funcionario aseguró que existe la idea de relajar las restricciones cambiarias con los US$45.000 millones extra que ingresarán el año entrante, aunque esa decisión no será propia sino del candidato que gane las elecciones.

Hablar al final del mandato de un Gobierno que tuvo varias crisis que enfrentar, algunas provocadas desde su propio seno, pero que tras casi cuatro años de gestión no tiene muchos resultados positivos para mostrar, y adelantar que el futuro es promisorio tiene como contra que pareciera que lo bueno vendrá cuando ya no esté en funciones. A la vista de un sujeto poco analítico, si desde la actual gestión se asegura que la próxima tendrá un mejor contexto, resultaría que el problema son los que están y la solución los que vendrán.

En cualquier caso, con la mirada siempre puesta en una política de estabilización de las variables económicas y buscando anclar las expectativas, desde la Secretaría de Hacienda y otras áreas de Economía trabajan en el proyecto de la ley de leyes que deben enviar al Congreso para su aprobación a mediados del mes próximo. El ministro Massa y su equipo tenían en mente alcanzar el tan declamado déficit cero, tomando en cuenta que el compromiso con el FMI era llegar al 0,9% del PBI el año próximo.

Para lograr ese ambicioso objetivo cuentan no sólo con alrededor de US$45.000 millones más que recibirá la economía por la regularización de las exportaciones del agro y las crecientes ventas de hidrocarburos y minerales, sino con el análisis y posible modificación de los gastos tributarios que por las deducciones impositivas, regímenes de promoción y beneficios fiscales reducen la recaudación. Esas reducciones o exenciones en conjunto superan el 2,5% del PBI, por lo que si se logra un acuerdo del Congreso para eliminar algunas podría reducirse el déficit sin seguir achicando gastos e inversiones. 

Entonces, si se logra un mayor equilibrio fiscal o superávit, desde Economía aseguran que se podrían relajar gradualmente las actuales restricciones en el plano cambiario, algo en lo que coinciden todos los candidatos a Presidente. Desde la oposición se insiste en forma permanente en que se debe bajar el gasto y también los múltiples impuestos que ahogan a los empresarios y restringen la inversión, aunque poco y nada se habla de los privilegios impositivos de que gozan una parte importante de las empresas. Por eso es que este punto será adosado al proyecto, en una separata de 8 páginas similar a la enviada el año pasado, para que esta vez logre debatirse en el recinto en simultáneo con el ingreso del Presupuesto 2024.