Por Patricio Ballesteros Ledesma

Primero fue la devaluación de la moneda, casi de inmediato la escalada de los precios de los productos de consumo básicos y, mientras la mayoría de la población recibía el golpe al bolsillo con perplejidad y angustia, desde el Gobierno se decía que habría medidas reparatorias recién cuando el ministro de Economía vuelva de su viaje a Washington. Como la paciencia de los desesperados volvió a mostrar su temple, desde algunos sectores reaccionarios agitaron una estallido generalizado de saqueos, que rápidamente se viralizó como robos y hurtos premeditados y extorsivos.

Como si se tratara de una campaña publicitaria incógnita, los funcionarios eran herméticos con la prensa, sólo adelantaron que se darían dos medidas por día en lo sucesivo y protegían la exclusividad de los anuncios para el candidato a Presidente de Unión por la Patria. Poco importaba si ante ese silencio oficial se sucedían los aumentos de combustibles, alimentos y productos de primera necesidad y la gente se apuraba a convalidarlos llenando carritos y bolsas con compras extraordinarias ante la sospecha de que los precios seguirán hacia arriba día tras día.

Ahora, una semana después, Sergio Massa volvió de Estados Unidos tras cerrar el acuerdo con el FMI, que se destrabó precisamente con la devaluación del 21,5% previa al viaje, y empezó a comunicar algunas de las medidas que su equipo estuvo preparando para que esa política monetaria no tuviera demasiado impacto en los bolsillos de los trabajadores y jubilados. Sin embargo, por lo mostrado hasta ahora, la reparación propuesta tiene gusto a poco y deja a muchos miles sin cobertura.

Claro que la situación fiscal no está para grandes mejoras, pero si se compara el esfuerzo fiscal de las medidas anunciadas hasta ahora con lo que se está pagando de intereses por las Lelics a los bancos y fondos de inversión todos los meses o los reiterados programas de incremento exportador para la soja y el maíz se advierte la doble vara compensatoria. El efecto de la devaluación del peso, la suba del tipo de cambio oficial y el aumento de la tasa de interés en un mismo día tienen un efecto superlativo en los ingresos y en mayor medida en los que menos ganan.

Entonces, se supone que la ayuda para paliar esta situación debería ser inmediata y creciente a medida que se baja en la pirámide de ingresos económicos. Esta vez llega tarde y con un alto grado de inequidad. Los trabajadores registrados bajo convenios colectivos de trabajo tienen una cobertura de la que carecen los trabajadores no registrados, los independientes, los de la economía popular, los monotributistas de las categorías más bajas, sin embargo resultan los más favorecidos a juzgar por lo propuesto. 

El director de la AFIP Carlos Castagneto informó que las nuevas medidas implican una inversión de $729.000 millones, lo que representa casi medio punto del PBI, un monto que visto en el papel resulta sorprendente pero que ante la alarmante situación social generalizada y tomando en cuenta su distribución entre los diferentes beneficiarios no alcanza a generar una recuperación real del poder adquisitivo.

El funcionario responsable de los ingresos públicos aseguró este lunes que las medidas económicas representan un gran esfuerzo del Estado, donde incluye a todos los sectores y que “está destinada a que esta devaluación que sufrimos a través de un pedido del Fondo Monetario no se vea reflejada en sus bolsillos”. 

Sin embargo, el lapso de una semana entre la decisión sobre el tipo de cambio y este salvataje ya le generó una pérdida irreparable a las personas y todavía está por verse la efectividad de la recuperación de ingresos primero en cuanto a su cumplimiento y segundo en la carrera contra los precios en alza permanente.

La renovación de Precios Justos puede ejercer un límite a los aumentos futuros pero parte de una base alta con incrementos récord en lo que va del mes, y como en las anteriores ediciones no tiene incidencia en los comercios de barrio que es donde realizan sus compras la mayor parte de los sectores de menores ingresos. Es una herramienta de endeble eficacia y su aprovechamiento por las clases populares está muy restringido. 

A los importantes y generalizados aumentos tras el lunes en que se difundieron las nuevas medidas del BCRA, y mientras se espera un índice de inflación de agosto de dos dígitos, algunas cámaras empresarias como la CAME y la CAC expresaron que muchos de sus afiliados no podrán pagar los aumentos de salarios ordenados por el Gobierno, . 

En un comunicado, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa rechazó el bono no remunerativo de $60.000 para los trabajadores propuesto en dos pagos de $30.000 en septiembre y octubre, y piden negociar en el marco de las paritarias, aduciendo que el mecanismo de ajuste salarial del sector privado es ése y no una imposición del Estado. Cabe aclarar que en el caso de las mipymes el 100% del ajuste será cubierto con fondos estatales, mientras que en las medianas empresas el aporte estatal alcanzará al 50% del importe total.

En cualquier caso, una parte importante de la población observa que las medidas oficiales se quedan cortas en relación a la suba de precios actual y la proyectada. Hay casos donde el paliativo resulta irrisorio. El domingo último Sergio Massa había anunciado un alivio fiscal para monotributistas de las categorías más bajas (A, B, C y D), que abarca a casi 1.830.000 contribuyentes activos. 

Al explicar el alcance en particular, el titular de la AFIP puntualizó este lunes que los inscriptos en la categoría A no pagarán el componente impositivo de $496 del régimen tributario, la B de $957, la C $1.636 y la D de $2.689, en los próximos 6 meses. Y como el Gobierno no puede bajar impuestos sin acuerdo del Congreso hará efectiva la condonación mediante un artículo específico en el Presupuesto 2024, que enviará al Parlamento a mediados del mes próximo.

Cuando el año pasado se discutía la implementación de un nuevo IFE para compensar los sectores más castigados por la alta inflación, desde el Gobierno sólo se instrumentó una excepción similar por unos meses. Eso hoy implica el descuento de $496 sobre un tributo de $5.500 para la categoría A, que aunque tiene un tope de ingresos mensual de $118.000, una parte importante no llega ni a la mitad de esa cifra. Aquello que proponía el jefe de Gabinete y candidato a VP por UP Agustín Rossi, y que la semana pasada volvió a mencionar en una entrevista televisiva, de implementar un aguinaldo para los monotributistas volvió a quedar en el olvido.

Los cientos de miles de trabajadores de este universo no verán entonces reforzados sus ingresos, como sí lo harán los demás alcanzados realmente  por montos fijos o bonos, sino que dejarán de pagar un impuesto pequeño pero bochornosamente injusto, ya que su nivel de ingresos no sólo no les genera ganancias sino que en gran medida oscila entre la pobreza y la indigencia, según las propias estadísticas oficiales.