MYRYAN PRUNOTTO
A diferencia de los últimos meses, cuando la inflación venía en bajada, en los próximos se da por descontado que el IPC del INDEC irá mostrando post facto valores de dos cifras impulsados por la especulación y tras las PASO por la devaluación. En la semana pasada los valores de la mayoría de los productores de la economía, de consumo masivo, bienes intermedios y durables acompañaron y superaron el salto del tipo de cambio oficial, los paralelos y la desvalorización del peso.
En este marco, y con el vencimiento el 15 de agosto del último acuerdo Precios Justos, la herramienta de control que el ministro de Economía Sergio Massa puso en marcha a principios de año, se hacía necesario renovar el contacto con las empresas para establecer un nuevo marco regulador. Y no es que el acuerdo voluntario para establecer precios testigo sea un éxito, más bien la realidad muestra su poca eficacia y carácter declamatorio, sin embargo, de no hacer nada, la espiral inflacionaria sería ilimitada y con un impacto mucho mayor.
Entonces, con el objetivo de minimizar los ajustes indiscriminados y encaminar las correcciones en un sendero plausible y razonable hasta el 31 de octubre, Massa se reunió esta vez con los número uno de las principales empresas de consumo masivo, petroleras y laboratorios, para reforzar el compromiso con los máximos ejecutivos y no dejarlo librado a segundas líneas sin poder real dentro de las organizaciones.
Con el mismo objetivo de reforzar a los actores involucrados, en esta oportunidad puso a Guillermo Michel al frente de las negociaciones, por encima del secretario de Comercio Matías Tombolini. Además el martes creó la Unidad de Negociación de Acuerdos de Precios, que también incluye al secretario de Política Económica Gabriel Rubinstein, y con la coordinación general del número uno de la Aduana. Hasta ahora, los acuerdos se renovaban mediante resoluciones de Comercio y el incentivo principal era la flexibilidad para importar por el sistema SIRA.
Pero como el Gobierno aplicó el mes pasado un aumento del 7% en los derechos de importación y la devaluación del tipo de cambio oficial del 22% la semana pasada, las empresas adujeron que los aumentos de precios habilitados por el acuerdo de precios ya no cubría sus costos, por lo que deberían remarcar más fuerte u obtener otro tipo de beneficios como compensación. Las empresas de consumo masivo fueron las más duras en los intercambios pese a que registran enormes ganancias en su últimos balances y márgenes inéditos a nivel global.
En off, desde las compañías dicen que el acceso a dólares para comprar en el exterior no se cumplió en la medida que esperaban y, por otro lado, el resultado del oficialismo en las urnas les subió el handicap para presionar. A grandes rasgos, las empresas arrancaron la reunión proponiendo establecer subas cercanas al salto devaluatorio, algo que de facto ya estaba ocurriendo en el mercado, no sólo en los productos de consumo masivo. Nunca las negociaciones para este programa fueron fáciles pero esta vez se sumaba el salto devaluatorio y, como antecedente inmediato, la pérdida de poder del Gobierno tras las primarias.
La semana pasada, en cuestión de horas, no había precios en varios rubros, y en otros el salto intersemanal se multiplicaba por dos, tres y cuatro. El acuerdo con el FMI es inflacionario, el año electoral es inflacionario, la sequía es inflacionaria, la devaluación es inflacionaria, la restricción externa es inflacionaria. Controlar los precios en este contexto parece más una utopía que un objetivo, pero desde el Gobierno insisten en que el programa Precios Justos, como una política de Estado, funciona como una referencia que ayuda a lograr un horizonte de estabilidad.
Mientras la sociedad ve hacia adelante más problemas que soluciones, más allá de los anuncios esta semana sobre las medidas de contingencia que se pondrán en marcha la próxima, y que nada indica que compensarán en forma real la brusca pérdida de poder adquisitivo de los ingresos de los últimos días (y por inercia hacia delante), los aumentos se suceden y los acuerdos también.
En la reunión con los laboratorios nacionales de medicamentos se cerró un tope del 5% mensual hasta noviembre, mientras que con las petroleras y refinerías se autorizó el 12,5% de una vez ahora y fijado hasta igual mes. Con las empresas de consumo masivo se fijó el máximo del 5% mensual, muy por detrás de las expectativas de los ejecutivos que asistieron a la reunión, aunque por ejemplo los supermercados ofrecieron sumar al listado sus propias marcas.
Desde COPAL, la cámara que agrupa a las grandes empresas alimenticias, en gran parte multinacionales, y que preside el también actual titular de la UIA Daniel Funes de Rioja, había disidencias y la reticencia a incorporar varios productos al listado propuesto. Ya se lo habían dejado por escrito al ministro Massa en un documento que redactaron el mismo día de la devaluación. Allí señalaban que desde la última renovación del programa a mediados de julio la devaluación superó el 30% por lo que veían inviable aplicar una suba del 5% mensual.
Según difundió la Secretaría de Comercio, en el nuevo acuerdo por 90 días quedan incluidos más de 52.300 productos de más de 340 empresas de calzado, celulares, consumo masivo, indumentaria, insumos difundidos, motos, línea blanca y pequeños electrodomésticos, además de laboratorios y combustibles. La moneda de cambio ya no serán dólares para importar sino cuatro rebajas impositivas y, a diferencia de los anteriores acuerdos, como incorpora beneficios del Estado que tienen un costo fiscal, se formalizará mediante un decreto a publicarse en el Boletín Oficial esta semana.
EMPRESAS ARGENTINAS ACOMPAÑAN LOS ACUERDOS DE PRECIOS
— Secretaría de Comercio (@ComercioArg) August 21, 2023
Más de 340 empresas de los principales sectores del consumo renovaron su compromiso con #PreciosJustos
Un esfuerzo compartido entre empresas y Estado para proteger el bolsillo de las y los argentinoshttps://t.co/B1wYWhQOrH
El borrador del decreto que circuló entre las empresas que estarán comprendidas en Precios Justos establece que los sujetos que cumplan con los acuerdos podrán gozar de cuatro beneficios: la suspensión del pago del impuesto PAIS a las importaciones, la reducción a 0% de la alícuota en derechos de exportación para mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias del Mercosur, la suspensión de una resolución de AFIP que les permite a las empresas que tienen certificados de no percepción no sufrir percepciones impositivas de IVA o Ganancias y la prórroga de los vencimientos para el pago de los impuestos y de las obligaciones de la seguridad social. Por otro lado, para las pymes proveedoras de los supermercados adheridos se incluye un programa de crédito a tasa subsidiada.
Antes de su viaje a Washington, el ministro declaró en un programa de televisión: “Las sanciones que tiene, económicas y penales, el que firme el acuerdo y no lo cumpla ya no son simplemente una “multita” de la Secretaría de Comercio, porque está accediendo a beneficios impositivos. A aquellos que no quieran entrar al programa y abusen le vamos a aplicar todo el peso y rigor de la ley”.
