Por Patricio Ballesteros Ledesma

Casi en la madrugada del domingo, tras conocerse el resultado de las elecciones, el ministro de Economía y candidato a Presidente ganador en la interna de Unión por la Patria Sergio Massa tomó el micrófono en el búnker de UP y dio un encendido discurso. Pese al tono de su mensaje, sabía que al día siguiente, en su calidad de funcionario, debería tomar medidas contradictorias con sus palabras como aspirante a aumentar su caudal electoral.

Y así fue. A primera hora del lunes, y antes de que abran los mercados, el BCRA estableció un tipo de cambio mayorista oficial en $350, que en la práctica implica un alza del 21,8% y una devaluación del peso del 17,9% de un día para otro. Eso significa que todo el que tiene pesos se descapitaliza y el que cobra en la moneda nacional en los próximos días verá que puede comprar menos con un monto igual comparado a la semana pasada. No es automático al 100%, pero en este contexto en particular casi que lo es.

En una economía bimonetaria como la argentina, esto significa también que quien busca dólares para importar, pagarse un viaje o contratar un servicio del exterior deberá invertir más pesos y, a la inversa, que quien exporta o cobra algún trabajo del extranjero mejora su conversión en la liquidación de divisas. Además, la brecha está a centavos de llegar al 100%, con un dólar blue que duplicó su cotización en lo que va del año.

Mientras se veía que el candidato de La Libertad Avanza Javier Milei crecía en el conteo de votos, el dólar cripto, que es un mercado acotado y muy volátil, subía su cotización hasta rozar los $700, ya que a diferencia de los otros opera 24x7. Sin embargo, las expectativas de que se dispararan los dólares financieros y el blue al día siguiente obligó a anticipar desbordes y minimizar daños mayores. 

Antes que se diera una esperable y fuerte suba del blue, que en efecto superó los $685 en la jornada, y con poco margen de maniobras por la escasez de dólares en el BCRA para contener una corrida grande, se tomó la decisión de ceder a la presión potencial del mercado y real del FMI, que en las negociaciones de la semana pasada había pedido una devaluación del peso más cercana al 30%, como condición para que el directorio del organismo apruebe el giro de los desembolsos por US$7.500 millones el próximo 23 de agosto. Algunos señalan que tras las medidas adoptadas, el monto podría elevarse a US$10.500 millones.

Las últimas reuniones de los equipos técnicos del FMI y el Ministerio de Economía en Washington no aplacaron las ansias devaluatorias pedidas por el staff del organismo de crédito, que hace unos meses había pedido un salto del 50%, pero quedó en claro que no se enviaría ni un dólar antes de las elecciones primarias y que sólo con una devaluación importante de la moneda el board podría aprobar el giro del monto acordado.

Esos dólares no pueden ser usados para otra cosa que para pagar parte de los cuantiosos vencimientos de acá a fin de año con el propio FMI, del crédito contraído por el ex Presidente Mauricio Macri en 2018. De hecho, desde junio se debieron cancelar pagos con un crédito puente de la CAF, yuanes del swap con China y un préstamo de DEG de Qatar, porque no disponía de reservas suficientes por el efecto de la sequía en las exportaciones, que el propio organismo reconoció a regañadientes y por eso flexibilizó exigencias y plazos.

Hay quienes dicen que esta estrategia del ministro Massa es para ayudar al candidato Massa, en su idea de sacarse la mochila del FMI hasta fin de año y permitirle implementar algunas medidas para recomponer los ingresos de los trabajadores y jubilados. Como especulación es buena, pero el daño inminente que una devaluación le provoca a ese universo por el traslado a precios del salto cambiario pauperiza más su situación inicial en lugar de mejorarla. 

Lo que presenta el INDEC es una foto del pasado vivido y padecido, si el IPC de julio fue 6,5% o 7% casi que da igual, pero las consultoras privadas ya proyectan una inflación de dos dígitos para los próximos meses y eso es angustia anticipada. El jefe de Gabinete y candidato a VP Agustín Rossi declaró ayer en C5N que cuando era candidato a senador había propuesto establecer un aguinaldo para los monotributistas de las categorías A, B, C y social y que incluso había calculado que implicaría un costo fiscal anual menor al IFE en pandemia ($63.000 millones).

Ahora, en esta coyuntura, una suma fija de aumento por decreto o un salario universal de sustento serían más necesarios que antes pero poco probables a la luz de las últimas medidas implementadas. Habrá que ver como juega en el Gobierno, pero más sobre el ministro en particular, la influencia de estas ideas del ex precandidato Juan Grabois, que perdió en la interna pero sumó un 6% de votos que en octubre serán claves para el resultado de Massa y UP.

Este lunes, al mismo tiempo que se fijó un nuevo tipo de cambio oficial hasta las elecciones de octubre para calmar la plaza, el BCRA subió 21 puntos básicos la tasa de política monetaria al récord del 118% (que es justo la inflación interanual de julio), lo que por una parte estimula el ahorro en pesos (la TEA de un plazo fijo trepa al 209,45%), pero por el otro encarece aún más el financiamiento para particulares y empresas, lo que muy pronto podría afectar peor el nivel de actividad productiva y comercial.

A los que decían que el tipo de cambio oficial estaba muy retrasado, ahora encuentran que el Gobierno acusó recibo. Los exportadores no verán un gran cambio, ya que el dólar oficial a $350 es casi lo que estaban recibiendo hasta ahora por el dólar agro. Por el contrario, los importadores verán encarecer el precio de las divisas para comprar afuera, también los que necesitan comprar dólares para viajar al extranjero, o comprar algún bien a nivel local que se comercializa en esa moneda (inmueble).

Antes de que se conozca hoy el IPC de julio pasado, con esta medida del Gobierno se da por descontado un impacto inminente en los precios a futuro, ya que una devaluación afecta a toda la economía y muchos productos de la canasta básica están atados al dólar oficial, pero en particular perjudica a los trabajadores, y más aún a los precarizados, ya que el poder adquisitivo de sus ingresos se deteriora al perder valor la moneda en la que cobran y encarecerse los productos que consumen.

La devaluación progresiva por debajo de la inflación que venía instrumentando el BCRA se cambió con una suba drástica tal como pedía el FMI, como medida preventiva hasta las elecciones generales. Ese ajuste controlado, conocido como crowling peg, que la autoridad monetaria hacía cada lunes para convalidar un aumento del dólar mayorista en los días en que no había operaciones (o las múltiples cotizaciones sectoriales, turista, ahorro, malbec, tecno, coldplay, qatar, soja, agro), se cambió por una fuerte intervención de un día para otro tras el contundente resultado de las PASO, lo que permite compensar de golpe y por adelantado a un mercado encepado y voraz.