ENTRETELONES DE CASA ROSADA
Mientras la Cámara de Diputados volverá a trabajar este martes en su Comisión de Juicio Político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN); en las últimas horas el doctor en derecho y constitucionalista de la Universidad Austral, Alfonso Santiago, publicó un estudio sobre la remoción de jueces federales en la Argentina donde da cuenta del avance de estos procesos en el pasado reciente.
La investigación da cuenta de que en los últimos 24 años, de 45 magistrados federales que enfrentaron dictámenes de acusación, 36 no continuaron en sus cargos; ya sea por ser removidos, por renunciar tras la acusación o antes de culminado el proceso.
En los 170 años de historia institucional desde la Constitución de 1853), se registran 65 juicios políticos a jueces federales, de los cuales 26 tuvieron lugar en las últimas dos décadas. Estas cifras marcan la evolución en estos procesos institucionales para desplazar a funcionarios jerárquicos del único poder estatal sobre el cual no tiene voz ni voto la sociedad.
Según precisa Santiago, las destituciones de los jueces federales fueron decididas por diferentes órganos: el Congreso de la Nación, los Tribunales de Enjuiciamiento durante los gobiernos de facto y del Jurado de Enjuiciamiento, a partir de la reforma constitucional de 1994.
Sin embargo, el autor de la investigación destaca que otros procesos de remoción no llegan a culminar debido a “las decenas de renuncias de magistrados durante el trámite de su proceso de remoción”.
El dato de la cantidad de remociones (y de la tendencia en las últimas décadas) es llamativo si se lo compara con, por ejemplo, Estados Unidos, donde en 230 años de vigencia de la constitución norteamericana de 1787 sólo han sido destituidos por juicio político 13 jueces federales.
Sobre las razones de esta aceleración, el doctor explicó que “se advierte un importante incremento de los juicios políticos a jueces en los últimos veinte años como consecuencia del aumento de las situaciones de mala conducta y mal desempeño que han rodeado la actuación de los jueces federales en los últimos años”.
No obstante, también menciona un “relativo mejor funcionamiento de los procesos de remoción a partir de la reforma de 1994”, enfatizando: “El escándalo ha rodeado con demasiada frecuencia el quehacer de los jueces federales impactando negativamente en la imagen y la consideración pública”.
Otro dato llamativo es que desde hace seis años el Consejo de la Magistratura no ha decidido ninguna acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento.
Al respecto, Alfonso Santiago sostuvo: “Esto habla de cierta parálisis en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y de ciertas coberturas políticas que impiden el avance y decisión en casos en que la acusación parece más que procedente como es el caso del juez Bento de Mendoza”.
Para su análisis, el especialista tuvo en cuenta las distintas integraciones del Consejo de la Magistratura y las categorizó en seis etapas distintas.
Las dos primeras etapas, bajo la vigencia de la ley 24.937. Las tres subsiguientes, bajo el régimen de la 26.080. Finalmente, la actual se inicia con la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 26.080 por la Corte Suprema en la causa “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires” (2021) por la que recobra la vigencia del régimen anterior, previsto en la Ley 24.937.
Este martes, la cámara baja recibirá los testimonios del ex ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D'Alessandro, y de Silvio Robles, estrecho colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
Ambos expondrán sobre la supuesta negociación del fallo sobre coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.
El grupo parlamentario -que preside Carolina Gaillard, del Frente de Todos (FdT)- reanudará así su actividad tras el receso invernal con el objeto de avanzar en la acumulación de pruebas para el enjuiciamiento a los jueces Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, y Carlos Rosenkrantz, a quienes se los investiga por “mal desempeño de sus funciones”.
Las causales por las cuales se abrió la investigación son el fallo dictado a favor del distrito porteño, la derogación de la ley del Consejo de la Magistratura, la sentencia del 2x1 para beneficiar a un represor y las irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial.
