Por Héctor Bernardo

El pasado 28 de julio, el pueblo de Perú celebró el día de la independencia. En ese marco, la presidenta de facto, Dina Boluarte, dio un discurso en el que pidió perdón a los familiares de las víctimas de la represión a las protestas contra su Gobierno. Sin embargo, solo horas más tarde, la represión contra los manifestantes continúo y dejó decenas de heridos y centenares de detenidos.

Según diversas fuentes, la policía hirió, al menos, a doce periodistas de medios independientes que cubrían las manifestaciones contra el gobierno de facto y se llevó detenido de manera arbitraria al documentalista Kente Aguirre.

Según denunciaron los abogados del documentalista, durante su detención, Aguirre fue sometido a vejámenes y torturas.

Estos no son hechos aislados, la Asociación de Periodistas del Perú informó que durante lso siente meses del gobierno de Dina Boluarte, se han registrado más de 200 agresiones contra trabajadores de prensa en todo el país.

Las protestas se sostienen desde la destitución de presidente Pedro Castillo y la toma de posesión de la actual mandataria. 

Los manifestantes reclaman la renuncia de Boluarte, a quien acusan de golpista, y la restitución del poder de presidente Castillo.

Según denunciaron diversas organizaciones sociales y de Derechos Humanos, durante la jornada de protestas del 29 de julio se llevaron adelante más de un centenar de detenciones en Lima, Puno, Arequipa, Moquegua y Chiclayo.

Cabe recordar que en el mes de mayo, un informe de Amnistía Internacional sobre la represión del gobierno de facto de Boluarte, señalaba que “la Fiscalía de la Nación de Perú debe investigar a todas las personas, hasta el más alto nivel, que hayan ordenado o tolerado el uso ilegítimo de fuerza letal ejercido por las fuerzas de seguridad que se saldó con 49 muertes durante las protestas celebradas de diciembre a febrero”.

El texto detalla que “el uso de armas de fuego letales contra manifestantes muestra un flagrante desprecio por la vida humana. A pesar de los esfuerzos del gobierno por presentarlas como terroristas o delincuentes, las personas que murieron eran manifestantes, observadores y transeúntes.

Casi todas ellas pertenecían a entornos pobres, indígenas y campesinos, lo que sugiere un sesgo racial y socioeconómico en el uso de fuerza letal”

 “Lejos de ser incidentes aislados atribuidos a agentes descontrolados que actúan por su cuenta, el número de muertes en múltiples fechas y diferentes lugares sugiere una respuesta estatal deliberada y coordinada. Las autoridades peruanas deben investigar la posibilidad de que altos cargos ordenaran o al menos toleraran estos homicidios, sin importar lo alto que lleguen en la cadena de mando”, remarcaba el documento que asegura que lleva como título “Racismo letal” y asegura que durante la represión del gobierno de facto hubo “ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza” por parte de los cuerpos de seguridad de Perú.