ENTRETELONES DE CASA ROSADA
"Desgraciadamente, hace cinco meses que la oposición no quiere tratar en el Congreso esa ley, porque cree que es darnos la oportunidad de acceder a dólares que fortalecen nuestras reservas, a un pequeño pago de impuestos que fortalece nuestras cuentas públicas y especulan con que les quede a ellos para el año que viene", declaró ayer Sergio Massa durante un encuentro con empresarios en Ituzaingó.
El ministro de Economía se refería al proyecto girado en 2022 al Congreso, que contempla la creación de un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI, aunque sea en una parte, que la oposición rechazó y se negó a discutir desde que fue presentado a mediados del año pasado.
Durante la recorrida proselitista en ese municipio bonaerense, junto a su jefe de campaña Eduardo De Pedro, el candidato a Presidente por UP reflotó esta iniciativa paralizada en Diputados desde ese entonces y advirtió: "Les voy a dar una mala noticia, vamos a ganar la elección y el blanqueo lo vamos a hacer nosotros".
El texto del proyecto de ley ideado por la Cristina Kirchner y firmado por la mayoría del bloque oficialista propone la creación de un fondo que sea constituido en moneda extranjera, dólares estadounidenses y sus recursos, que se financiará con un aporte especial de emergencia de aquellos que tengan bienes en el exterior que no estén declarados ante el fisco.
Esto último es lo que se conoce como fuga de capitales, una maniobra que en términos económicos para el país genera pérdida de reservas al Banco Central, merma en la recaudación impositiva de la AFIP, devaluación del peso e inflación.
La vigencia del mismo será hasta la cancelación total de la deuda con el FMI, o hasta el plazo que fije el PEN, y sus recursos serán exclusivamente destinados a este fin y deberán contemplar los montos previstos o reservados para los incentivos a los colaboradores que contribuyan a identificar evasores.
El fondo será administrado y gestionado por el Ministerio de Economía, y el proceso de contralor, fiscalización y supervisión de su gestión será realizado por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Parlamento.
Se establece que el aporte del blanqueo no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos, ya que solo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior y estén evadiendo impuestos o lavando dinero. Por eso los alcanzados por esta legislación deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, porción que deberá ser abonada en billetes estadounidenses.
También se aclara que en el caso de declarar los bienes pasados 6 meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%, y agrega que quienes no se allanen al pago previsto corren el riesgo de tener una pena de prisión, tal como lo estipula la ley vigente.
Los senadores oficialistas también propusieron usar la figura del colaborador, o más claramente delator, que se aplicará a quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados, que podrán ser tanto personas físicas como entidades bancarias, las que serán liberadas de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor, tal como lo establece el segundo expediente.
Los que ayuden a este fin serán premiados con hasta el 30% de lo que se obtenga por la información aportada. En la misma línea, la iniciativa modifica las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal, lo que le permitiría a los fiscales a cargo de la investigación de la causa no tener que esperar la autorización de un juez para acceder a esa información.
Para esto último también se debe debatir un proyecto de modificación de la Ley 21526 de Entidades Financieras, para actualizar y modificar las excepciones relacionadas con la confidencialidad de esos datos.
De hecho, esta iniciativa de la Vicepresidenta y presidenta del Senado fue conversada en su momento con el Embajador de Estados Unidos Marc Stanley, ya que dos tercios de los bienes de argentinos no declarados está en ese país y en parte el éxito de esta ley depende del intercambio de información financiera con sus autoridades.
