LA INTERNA, DESDE ADENTRO
Los mercados de carbono son sistemas en donde gobiernos, empresas e individuos pueden comprar y vender unidades (créditos), ya sea para respaldar las emisiones de gases de efecto invernadero o bien para compensarlas. Así se busca, mediante mecanismos de mercado, generar incentivos para la captación o disminución de emisiones que permitan su viabilidad económica.
Está claro que no se trata de una herramienta altruista o meramente ecologista, sino más bien una opción ventajosa o más redituable para las compañías que generan altos niveles de contaminación. Es decir, el inversor institucional adquiere un crédito que le permite contar como propias reducciones de emisiones de GEI, que en realidad hizo otra empresa, que es la que recibe el dinero.
Por ejemplo, una empresa argentina que realiza una mejora de eficiencia en el tratamiento de sus residuos o el proceso productivo, lo que le permite reducir sus emisiones de GEI, vende un bono de carbono a una multinacional que necesita mostrar resultados para acercarse al cumplimiento de su meta de reducir emisiones para 2030. Y esta última logra una mejora en su performance con créditos ajenos, a un costo menor que el de implementar una estrategia verde en su propia operación.
En el fondo, el mundo se enfrenta a un enorme desafío de sostenibilidad planetaria: no sobrepasar los 1,5/2°C de calentamiento global durante el siglo XXI, por las graves consecuencias ambientales, sociales, económicas y climáticas que traerá aparejado este aumento de la temperatura, a menos que se logren reducir profundamente las emisiones de forma urgente.
La historia de los mercados de carbono arrancó en sus primeras versiones a partir del Protocolo de Kyoto vigente desde 2005, que puso en funcionamiento la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, comprometiendo a los países industrializados a limitar y reducir las emisiones de GEI.
Desde ese entonces, y a través del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), se permite a un país con un compromiso de reducción o limitación de emisiones bajo el PK implementar un proyecto en los países en desarrollo, más allá de lo que implemente o no dentro de su territorio con una definida acreencia ambiental.
Dichos proyectos pueden obtener créditos de Reducción de Emisiones Certificadas (CER por sus siglas en inglés) vendibles, cada uno equivalente a una tonelada de CO2 o GEI equivalentes, que se pueden contar como propios para cumplir con los objetivos.
El compromiso argentino de limitar fuerte su emisión
En la evolución, actualmente varias opciones se están desarrollando en el marco del Acuerdo de París que entró en vigencia en 2016, pero sobre todo tras el desarrollo en detalle de su artículo 6 a partir de la cumbre del clima en Glasgow de 2021, con un objetivo final de financiar la transformación productiva en pos de lograr los objetivos de reducción de los GEI.
El 17 de noviembre de 2016 la Argentina presentó su Contribución Determinada a Nivel Nacional, donde se comprometió a implementar medidas incondicionales para no exceder la emisión neta de 483 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente en el 2030 y, dependiendo de medidas condicionales a implementarse en conjunto, disminuirlas aún más y llevarlas a 369 millones de tn para la misma fecha.
Sin embargo, en términos de proyectos, y con la controversia de que no todos los créditos negociados gozan de veracidad y transparencia ambiental, de los 11.800 registrados a nivel global tan sólo 61 están localizados en la Argentina, lo que representa apenas el 0,5% del total.
Para los especialistas, esto refleja que el marco político y normativo actual no estaría promoviendo e incentivando el desarrollo de proyectos de captura y reducción de emisiones, a pesar de las grandes posibilidades que existen y de las experiencias que ya se han desarrollado en el país.
“En comparación con la distribución sectorial a nivel global, en la Argentina existen actualmente sólo dos proyectos del sector forestal certificados bajo estándares internacionales, lo que representa el 3% del total de proyectos certificados en el país”, detalla Juan Pedro Cano, coordinador general de la Mesa de Carbono Forestal Nacional, que hoy integran más de 30 empresas involucradas.
Esta institución presentó oficialmente su documento “Aportes para el desarrollo de los mercados de carbono en Argentina”, que tiene como objetivo aportar y enriquecer la discusión para la construcción de las condiciones que permitan trabajar sobre esta alternativa en el país.
Baja incidencia de proyectos de origen forestal
Según la MCFN, en el país se desarrollan proyectos de carbono forestal desde hace más de 15 años en distintas regiones y con diferentes tipos de abordajes, en cerca de 20.000 hectáreas y con un potencial de mitigación de más de 1.600.000 toneladas de CO2, de las que ya se llevan mitigadas más de 500.000 toneladas.
Hoy existen proyectos en desarrollo y certificación por una superficie de más de 90.000 hectáreas de distintos miembros de la MCFN, lo que equivale a más de tres veces la superficie de CABA, sin embargo la mayor parte de los proyectos certificados hasta el momento en la Argentina son de los sectores de las energías renovables, producción industrial y gestión de residuos, de acuerdo a ese informe.
“Esto no quita que existan iniciativas de certificación y verificación en base a los mismos estándares, pero certificados por organismos nacionales, dado que la inversión necesaria para una certificación internacional es costosa y suele no ser accesible para muchos desarrolladores de proyectos y propietarios/usuarios de tierras con potencial para la captura y reducción de emisiones”, aclara el especialista.
De acuerdo con Cano, hoy hay una gran demanda de proyectos de captura y reducción de emisiones por parte de empresas que quieren equilibrar su huella de carbono, en particular orientada a soluciones basadas en la naturaleza.
“La oferta de este tipo de proyectos está muy por debajo de la demanda internacional, lo que se presenta como una oportunidad para atraer inversión en este sector, que no sólo implica réditos económicos para los titulares de las tierras, sino para los trabajadores necesarios para el desarrollo y el mantenimiento de estos proyectos y para las comunidades locales, además de los beneficios ambientales locales y globales”, explica el experto.
Finanzas sostenibles y mercados de carbono
El miércoles pasado se realizó en la Comisión Nacional de Valores el taller “Argentina: finanzas sostenibles y mercados de carbono”, destinado a su personal y a miembros de la Mesa de Finanzas Sostenibles liderada por el Ministerio de Economía. Dictado en el marco del cumplimiento de la Estrategia de Sostenibilidad de la CNV, contó con la participación del Banco Mundial.
La consultora del organismo de crédito internacional Alejandra Scafati analizó la potencialidad de acceder al mercado de carbono utilizando el mercado de capitales para los países de ingresos medios y presentó su proyecto piloto para la Argentina relacionado a la producción del gas metano en la ganadería.
Sobre la posibilidad de comercializar los certificados de carbono en los mercados voluntarios, la experta dijo que el país tiene una gran oportunidad, porque hay muchos proyectos que pueden generar financiamiento para las pymes, de calidad y a largo plazo.
“La estructura de mercados en la Argentina es la parte más avanzada, con una gran variedad de instrumentos para desarrollar productos financieros que permitan financiar la transformación productiva que, a su vez, permita generar certificados de carbono”, aclaró.
El objetivo del organismo de crédito internacional es poder difundir conocimientos sobre un mercado totalmente novedoso como es el del carbono en sus diferentes variantes, y, como regulador, estar preparado para generar los lineamientos domésticos que permitan en el futuro canalizarlo a través de la actividad bursátil.
Además, la consultora del BM desarrolló los lineamientos, fundamentos jurídicos y técnicos que sostienen la propuesta que ya se viabiliza en Estados Unidos y la Unión Europea, y con menos fuerza en Sudamérica, región que es acreedora ambiental.
Evolución de la cotización global de los créditos
En la actualidad hay al menos 170 tipos de tecnologías para generación de créditos de carbono a través de la captura y reducción de emisiones, tanto del sector forestal y del uso del suelo, como de los sectores de las energías renovables, la eficiencia energética, los hogares y comunidades, la producción industrial, el transporte, la gestión de residuos y la agricultura.
El valor de los mercados voluntarios globales de carbono casi se cuadruplicó en 2021 hasta los US$2.000 millones, impulsado por proyectos de soluciones basadas en la naturaleza (NBS) y un aumento de los precios de mercado.
Según los últimos informes, los precios de los créditos de carbono han ido variando en los últimos años, con una marcada suba desde 2017 hasta la actualidad. En los mercados voluntarios aumentaron en el 2021 casi un 60% con respecto a 2020, hasta un punto que no se veía desde 2013.
Así se alcanzó un valor promedio ponderado mundial anual de casi US$4 por tonelada para todas las transacciones informado por los encuestados de mercados emergentes, en comparación con los US$2,52/tn en 2020.
Cada año, a medida que se aceleran los esfuerzos de descarbonización a nivel global, aumenta la demanda de créditos o bonos de carbono y, en consecuencia, se incrementa su cotización y el volumen negociado.
Por otro lado, cada vez más, existe una dinámica en que el público y las empresas buscan comprar productos e insumos con certificación de huella de carbono, y dentro de unos años será una limitante fuerte en el comercio internacional la falta de este tipo de garantías ambientales en los productos y servicios transados.
