Muchos sindicalistas le venían pidiendo a Sergio Massa, desde que asumió el cargo de ministro, pero más fuerte en el último mes, aliviar la carga impositiva de sus afiliados ante la escalada inflacionaria. Había una promesa de analizar el tema pero no se avanzaba, mientras el aumento de los precios seguía horadando el poder adquisitivo de los trabajadores.
Finalmente apareció el dólar agro y el soja III, y la central sindical y los gremios vieron que otra vez esquivaban su reclamo. Más beneficios para los mismos, aunque ahora se incluyó a las economías regionales, buscando absorber dólares del campo y olvidando los castigados bolsillos de los asalariados en pesos.
El Gobierno va a tener un faltante de divisas de los agroexportadores por la sequía cercano a los US$20.000 millones y con esta nueva edición de un beneficio para que le liquiden divisas a $300 pesos por dólar, que es una virtual excepción de retenciones para la soja, busca obtener unos US$5.000 millones en 45 días, más un monto similar por el reciente dólar agro.
Las reservas se van a fortalecer, tal como lo necesita el BCRA y lo pide el FMI, sin embargo la resignación de ingresos públicos vía derechos de exportación será importante y la enorme emisión monetaria necesaria para costear esta medida traerá un impacto inflacionario. También habrá que ver si los productores se vuelcan al dólar MEP o presionan sobre el blue con los pesos que reciban y expanden la brecha cambiaria.
Dólar soja I, dólar soja II, dólar soja III, dólar agro, antes dólar Malbec, dólar Qatar, dólar turista, dólar Coldplay, dólar Netflix, y los trabajadores siguen con sus pesos depreciados y con problemas para llegar a fin de mes, a fin de año, para irse de vacaciones, para arrancar el cole, para pagar el alquiler, los impuestos y los servicios.
El domingo de pascuas se confirmó el acuerdo
Con la “fábrica” de dólares encaminada, las pascuas trajeron algo de felicidad para una parte de los asalariados en relación de dependencia bajo convenio, ya que desde Economía anunciaron que llegaron a un acuerdo para disminuir la presión impositiva tras la reunión con los representantes de la Confederación General del Trabajo.
Más de 600.000 trabajadores sindicalizados serán beneficiados con la exención del pago del Impuesto a las Ganancias sobre los adicionales de sus convenios colectivos, como bonos por productividad, retribución por movilidad, viáticos, horas extras, adicionales por turno rotatorio, fallos de caja y conceptos similares, entre otros.
Desde el Palacio de Hacienda informaron que la mejora salarial de bolsillo, según los rubros en los que se desempeña cada trabajador, será de hasta un 16%. Por su lado, desde la CGT, coincidieron en que esta decisión representa un aumento del salario real y un avance en favor de los asalariados.
“Desde la CGT acompañamos la rápida respuesta del Gobierno para resolver nuestro pedido al Ministro de Economía Sergio Massa, para exceptuar diferentes adicionales convencionales del cómputo en el cálculo del impuesto a las ganancias para todxs lxs trabajadorxs”, expresó desde su Twitter el secretario de la CGT Héctor Daer.
“El secretario general de la CGT y adjunto de Camioneros Pablo Moyano apoya y acompaña el proyecto del ministro de Economía Sergio Massa para que los trabajadores no paguen ganancias en los diferentes rubros”, publicaron en la cuenta del sindicato.
“Cumplir con este reclamo histórico trae un alivio muy importante al deteriorado poder adquisitivo de los salarios”, tuiteó el titular del Sindicato de Informáticos, Pablo Lonzieme, mientras que del ámbito docente bonaerense hicieron lo propio: “Desde UDOCBA reclamamos que ningún ítem que conforma el salario de los trabajadores/as docentes pague este mal llamado impuesto a las ganancias. El reclamo que encabezó Pablo Moyano junto al Frente Sindical El salario no es ganancia comenzó a dar respuestas”.
Casi la mitad de los 600.000 beneficiados son bonaerenses
Según la agencia Télam, el acuerdo alcanzará a 135.657 maestros, policías y fuerzas de seguridad, 101.325 asalariados industriales, 81.504 trabajadores de la salud y servicios auxiliares del sector privado, 74.925 empleados del transporte, 50.078 del comercio, 46.666 trabajadores del rubro servicios, 22.909 de los bancos y el sector asegurador, 18.201 de la enseñanza privada, 12.632 de la construcción y 56.103 de otras actividades.
Del total de 600.000 empleadas y empleados beneficiados con este alivio impositivo sobre sus ingresos, 270.000 corresponden a la provincia de Buenos Aires, 75.000 a CABA, 48.800 a Córdoba y 46.400 a Santa Fe.
La medida también beneficia a 21.600 trabajadores en relación de dependencia de Mendoza, 15.300 de Entre Ríos, 14.300 de Tucumán, 12.707 de Neuquén, 11.800 de Chubut y 10.600 de Río Negro.
El alcance federal de la exención se verifica con 8.200 empleados de Misiones, 7.400 de La Pampa, 7.400 de Salta, 7.200 de Corrientes, 7.200 de San Juan, 6.300 de San Luis, 5.500 de Jujuy, 5.000 de Formosa, 4.890 de Chaco, 4.400 de Catamarca, 4.400 de Santiago del Estero, 3.800 de Santa Cruz y 3.600 de La Rioja.
Hoy se conocerá el índice de inflación de marzo, y se completará el primer trimestre con un IPC general superior al 20%. Pero además, algo que resulta inconcebible en un gobierno peronista y que se declara progresista, la mitad de los trabajadores formales percibe salarios por debajo de la línea de pobreza y los no registrados oscilan entre la pobreza y la indigencia.
Exenciones, deducciones: nada en suficiente contra la inflación
A fines del año pasado la AFIP actualizó las deducciones familiares y especiales para 2023, como un primer paso pero que resultaba insuficiente para las expectativas de los beneficiarios a la luz del constante debilitamiento de los salarios, aún de los alcanzados por paritarias. Así y todo, era un alivio fiscal para más de 300.000 asalariados que dejarían de tributar.
En diciembre se decía que serían menos de 600.000 asalariados los que este año pagarían Ganancias en todo el país a partir de esas actualizaciones. Lo concreto es que a partir de enero el impuesto alcanza a los trabajadores que tienen una remuneración bruta mensual superior a $404.062, que equivale a un sueldo neto de aportes a la seguridad social de $335.372. Sobre el aguinaldo, tampoco tributan este impuesto.
Aunque en realidad, por las deducciones especiales incrementadas, la remuneración piso para empezar a tributar puede extenderse de aquel monto hasta los $466.017, según la tabla de la segunda parte del penúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la ley del impuesto a las ganancias. Nada de esto sería necesario si no hubiera inflación, pero como la hay y es incremental, cualquier exención o beneficio pierde valor a los pocos meses.
Lo mismo pasa con las paritarias, por eso los grandes sindicatos se niegan a hablar de sumas fijas e insisten con las cláusulas gatillo para reabrir negociaciones paritarias, no sólo porque así los incrementos son remunerativos, sino sobre todo porque de este modo mantienen su representatividad institucional ante los afiliados.
Por otro lado, con la liquidación anual del impuesto a las ganancias, que se realizó con el sueldo de este mes, se realizó la compensación de las percepciones establecidas por el Gobierno para los asalariados o jubilados que la solicitaron, ya sea porque el año pasado compraron moneda extranjera, o hicieron gastos con tarjetas en el exterior o a proveedores del exterior, o contrataron servicios turísticos y de transporte también en el exterior y pagaron en efectivo.
La promesa que ningún trabajador pague Ganancias
Desde que asumió el Presidente Alberto Fernández habló de que estaba en su planes que ningún trabajador pagara más Ganancias, algo que su antecesor en el cargo había prometido al ganar las elecciones y no cumplió durante su mandato.
IVA y Ganancias son dos impuestos claves y difíciles de tocar porque proveen la mayor recaudación a las arcas públicas. Por eso es que la CGT, desde ese entonces, presionó para que esa promesa presidencial se hiciera efectiva y generalizada.
Claro que en estos más de tres años de gestión hubo muchos avances en este sentido, con el empuje del sector sindical, Trabajo y la AFIP, pero aún restan más de medio millón de trabajadores alcanzados por este impuesto regresivo, que opera como un castigo al bolsillo más que como un tributo a la riqueza.
Para eso están los impuestos al patrimonio o los Bienes Personales, salvo los depósitos en pesos o en dólares en cajas de ahorro, plazos fijos, acciones y títulos públicos que, paradójicamente, están exentos.
Los monotributistas y autónomos, independientes por definición y poco puestos en valor desde el sector público y privado, tuvieron que esperar hasta julio del año pasado cuando recién se les eximió de pagar el componente impositivo en su obligación mensual.