Funcionarios del gobierno de Exequiel Galli, sospechados de quedarse con el dinero destinado a los programas alimentarios  - Política y Medios
20-06-2024 - Edición Nº5984

OLAVARRÍA

Funcionarios del gobierno de Exequiel Galli, sospechados de quedarse con el dinero destinado a los programas alimentarios 

El área de Desarrollo Humano y Calidad de Vida está bajo la lupa. Desde el Bloque del FdT solicitaron al Tribunal de Cuentas de la Provincia que se realice una auditoría externa.

Por: Miguel Di Spalatro

 

El martes, el intendente de Olavarría Exequiel Galli, participó de un encuentro de la Mesa Provincial del PRO con Mauricio Macri en las oficinas que el expresidente tiene en Olivos. Por algunas horas se sumergió en la política partidaria tratando de olvidar el nuevo escándalo en el que está envuelto su gobierno.  

El área que le causa este nuevo problema, y que lo obligó a pedirle la renuncia a una funcionaria que lo acompañaba en la gestión desde el 2015, es Desarrollo Humano y Calidad de Vida, dependencia a cargo del secretario Diego Robbiani, que fue señalado por el principal imputado de la causa por la venta de terrenos municipales y privados, Claudio Peralta, como uno de los autores intelectuales de la estafa que perjudicó a más de cien familias. 

Robbiani, que viene surfeando sobre las sospechas de corrupción, era el jefe inmediato de la ahora renunciada subsecretaría de Desarrollo Social, Silvana Rosales, que debió dejar el cargo tras hacerse públicos manejos irregulares con tarjetas del Plan Alimentar, el Programa Alimentario Municipal y vales de mercadería que se entregan a familias en situación de vulnerabilidad. 

El Programa Alimentario Municipal, tiene asignados unos diez millones de pesos mensuales y fue presentado en mayo del año pasado por Galli, para mejorar la situación de 3519 familias de Olavarría y según palabras del propio intendente “dejar de lado el nefasto asistencialismo”. El plástico reemplazó a las cajas de alimento que se entregaban hasta ese momento permitiendo a los beneficiarios elegir dónde y que comprar.

Sin embargo, se advirtieron una serie de operaciones a través de las cuales desde la dependencia se usaba el nombre de los beneficiarios de programas sociales para cobrar el dinero. Es decir que se usaban las tarjetas Cabal, que tenían saldo y se retiraba mercadería de comercios, apropiándose así de recursos destinados a los sectores más necesitados de la sociedad.

La titular del interbloque Frente de Todos, en el Concejo Deliberante de Olavarría, Mercedes Landívar, exigió que Robbiani radique la denuncia penal y concurra a una sesión especial del Cuerpo a responder preguntas.

Para la edil “Robbiani es responsable de lo que puede haber hecho Silvana Rosales, por eso debe dar explicaciones por lo sucedido”. Según explicó “se retenían tarjetas de personas sin que las personas titulares de los plásticos lo conozcan”.

El intendente Galli, tras solicitar la renuncia de la responsable directa, Silvana Rosales, que fue candidata a legisladora provincial, confirmó las irregularidades y ordenó realizar una auditoría en la Secretaría para conocer cuál es el perjuicio causado y quiénes son los responsables de la situación. 

Desde la oposición, sabe a poco lo instruido por el intendente que, hasta hoy, no había radicado la denuncia penal y dejó la auditoría en manos de los propios sospechados. “Desde el Bloque del FdT solicitamos al Tribunal de Cuentas de la Provincia que se realice una auditoría externa y no una interna como se está haciendo”, dijo la concejala Mercedes Landívar, al abordar la última sesión ordinaria.

Otra de las fuerzas políticas con representación en la ciudad, el Polo Obrero, también exigió una investigación independiente y propuso “la creación de una comisión popular con poder de auditoría e investigación que esté integrada por representantes de los movimientos sociales y las sociedades de fomento".

El espacio resaltó que esta situación de irregularidad se da en un momento en el que “no para de aumentar la demanda hacia los comedores y merenderos populares”. 

Los dirigentes del Polo Obrero contaron que “hace un año, Robbiani y Rosales dijeron que el monto de la Tarjeta Cabal estaba bien y no tenía por qué aumentar. Al poco tiempo decidieron aumentarlo, ¿los funcionarios preveían lo que podía venirse?”

En un comunicado el PO agrega: “Nos resulta llamativo que la denuncia salga desde dentro mismo del gobierno municipal, ¿Acaso se quiere cortar la cadena de responsabilidades sin que se vea salpicado todo el gobierno de Galli? Robbiani está descalificado para auditar a su propia tropa y mucho menos después del fraude con la venta de terrenos en la que está implicado (por lo menos) quien fuera su colaborador directo, Mariano Ciancio. Estos políticos que prometieron transparencia terminan mostrando la hilacha y malversando los recursos que deberían ir al pueblo".

Desde dentro del municipio, la dudosa auditoría interna dejó trascender que “hasta el momento no hay evidencia de las acusaciones y que el sistema en cuanto a recursos es muy transparente y no se ha encontrado nada todavía".

En los pasillos también se tratan de bajar los decibeles diciendo que el pedido de renuncia a Silvana Rosales ya era un hecho antes del escándalo"por el desgaste propio de tanto tiempo al frente de la gestión".

Mientras Galli elogia a Macri por bajarse de la candidatura a presidente y se preocupa por coincidir en que "todos compartimos con Mauricio las preocupaciones que tenemos y que afectan el día a día de todos los bonaerenses como la inflación, la inseguridad y la grave decisión del gobierno nacional de avalar la toma de tierras en Mar del Plata", en su propio territorio siguen asomando puntas de Iceberg que ponen en la mira la transparencia de la gestión. 

Al bullicio que generó el manejo de las tarjetas sociales se suman, según enumera el Frente de Todos Olavarría:  el depósito Judicial incendiado para tapar la supuesta venta ilegal de autopartes, el sobreprecio y la falta de control en el plan de Viviendas Prefabricadas TUVI, la venta de una calle a Cementos Avellaneda a un precio vil, el caso del concejal Frías que no debe ocupar la banca por ser proveedor del municipio,  el otorgamiento direccionado y exclusivo para el servicio de recolección y tratamiento de residuos y el resonado caso de la venta ilegal de más de 100 terrenos públicos y privados, uno de los mayores hechos delictivos de la historia de Olavarría. 

En medio de este caos que envuelve a la gestión, Galli asegura que no decidió todavía si será nuevamente candidato, aunque probablemente lo sea porque, según el mismo dijo, "la ley lo habilita para serlo". 

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