Por: Patricio Ballesteros Ledesma

Cuando asumió el nuevo equipo económico en agosto del año pasado, todos recuerdan en el primer discurso del ministro Sergio Massa las consideraciones sobre el festival de importaciones en marcha, al que había hecho referencia la vicepresidenta Cristina Kirchner, pero también las alusiones a presuntas maniobras en la triangulación de exportaciones.

En ese entonces, también se habló de elusión y evasión fiscal con cuentas de argentinos en el exterior y el nuevo titular del Palacio de Hacienda advirtió que iba a tomar medidas urgentes y prácticas para focalizarse en las empresas y personas involucradas y llevarlas a la justicia. Sonó a amenaza, pero era una advertencia sobre la impronta que tendría su gestión de ahí en adelante para normalizar la economía.

Este lunes, el titular de la Dirección General de Aduanas Guillermo Michel comentó en un programa de radio que desde que asumió la nueva gestión se duplicaron las acciones de fiscalización y que desde mediados del año pasado hasta hoy se iniciaron demandas por US$1.650 millones por casos de sobrefacturación de importaciones.

“Esta maniobra se utiliza para obtener un diferencial de dólares al valor oficial, dejarlos en el exterior y entrarlos al valor del contado con liquidación y así los evasores van tratando de generar un rulo”, detalló el funcionario.

Sin relativizar su importancia, Michel comentó que el contrabando y la evasión no son fenómenos propios de la Argentina sino que ocurren en todo el mundo, pero sí aclaró que la brecha cambiaria genera perjuicios en la economía local.

Por otro lado recordó que cuando asumió Massa había un contexto de extrema debilidad y que en los últimos dos años se ha visto el crecimiento de empresas fantasmas, que están siendo monitoreadas por el organismo que encabeza.

Se cuadruplicaron las sanciones a evasores

Además, comentó que en estos siete meses de gestión se cuadruplicaron las sanciones a los evasores y se redujo muy fuerte el stock de medidas cautelares para liberar importaciones heredadas del período de Martín Guzmán, ya que se pasó de reclamos por US$2.600 millones a apenas US$23 millones.

Hace dos meses, el funcionario había explicado que ese abuso de cautelares provenía en un 80% del sector textil, que por esa vía había logrado sobre estoquearse y con casos burdos de empresas que pretendían traer en un semestre lo mismo que en los últimos cinco años.

Por otro lado, aseguraba que la DGA venía trabajando también sobre maniobras de alquiler de cautelares y transferencia en zona primaria aduanera de mercadería. Vale recordar que en 2022 las importaciones treparon al récord de US$81.000 millones y el superávit de la balanza comercial apenas superó los US$6.900 millones.

Pero no sólo con las compras al exterior hay problemas, en las exportaciones también se realizan maniobras de simulación que perjudican a las arcas públicas y, por lo tanto, contribuyen a la merma en la recaudación impositiva.

Además de los casos de evasión, la AFIP ha detectado ventas al exterior donde el bien físico a despachar no se corresponde con lo informado en la declaración jurada. Es decir, hay exportadoras que hacen pasar sus productos por una calidad inferior a la real para pagar menos impuestos.

La AFIP analiza subfacturación de 20 agroexportadoras

Sin ir más lejos, ayer la AFIP informó que tiene bajo análisis varias maniobras sospechosas de 20 empresas que habrían subfacturado mediante triangulación exportaciones de porotos, aceite y harina de soja, trigo y maíz.

La subdeclaración de esas ventas al exterior, que fueron presuntamente realizadas por medio de triangulaciones, habrían permitido reducir en más de $44.000 millones la base imponible sobre la cual se estima el monto evadido en el pago de impuestos, apuntaron en el comunicado.

Las tareas de control y fiscalización se concentraron en los montos declarados por dos decenas de contribuyentes de la agroindustria, que difieren en gran medida de los precios informados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Desde el organismo, precisaron que esas inconsistencias en conjunto con las triangulaciones detectadas llevaron al personal del organismo a iniciar acciones preventivas, para evitar la evasión de impuestos y maniobras que se traduzcan en competencia desleal para los exportadores que cumplen con la normativa.

Según explicaron, los cruces de información permiten presumir que por medio de esa operatoria se redujo la base imponible en $44.206 millones, monto correspondiente al ajuste potencial que podría aplicar el organismo para estimar los impuestos evadidos con la maniobra.

Entonces se realizó un requerimiento de información respecto de estas operaciones sospechosas, que los contribuyentes investigados deberán responder en 10 días hábiles, como parte del proceso administrativo iniciado por las áreas de la AFIP especializadas en fiscalidad internacional.

Investigan cuentas de argentinos en Suiza por US$85 millones

Además de las personas jurídicas, las físicas están bajo la lupa de varias dependencias de la administración fiscal, tanto por sus operaciones en el país como por la tenencia de activos en el extranjero sin declarar en el país.

Por eso es que el ministro Massa retomó el año pasado conversaciones con las autoridades de Estados Unidos para obtener de manera automática información sobre cuentas bancarias y financieras de argentinos en ese país y en diciembre logró firmar el nuevo acuerdo ley FATCA que ya está en vigencia.

En esa línea, la AFIP cursó notificaciones electrónicas a miles de contribuyentes que tienen activos fuera del país y no informaron sus tenencias en las declaraciones juradas Bienes Personales o Ganancias de los períodos fiscales 2019 y 2020.

En particular, el organismo informó este lunes que lleva adelante la investigación de cuentas de argentinos en Suiza por más de US$85 millones, que podrían no estar declaradas ante la autoridad fiscal con el fin de omitir el pago de alguno de estos impuestos.

La información se obtuvo a través del intercambio automático de cuentas financieras que lleva a cabo AFIP con los gobiernos que participan del sistema donde se comparte información de cuentas financieras, incluidos saldos, intereses, dividendos y productos de las ventas de los activos financieros.

El control y fiscalización de las cuentas de argentinos en el exterior apunta a la continua lucha contra la evasión de impuestos por parte de los segmentos de la población con mayor poder adquisitivo, explicaron a través de un comunicado.