Economía obliga a pesificar los bonos en dólares de los organismos públicos nacionales - Política y Medios
28-02-2024 - Edición Nº5871

ESTRATEGIA FINANCIERA

Economía obliga a pesificar los bonos en dólares de los organismos públicos nacionales

Es para reducir la carga de deuda en moneda extranjera y lo hizo a través de un DNU. Qué implica este canje de títulos para los tenedores, cómo impacta en la brecha cambiaria y qué consecuencias trae para el acuerdo con FMI.

Por Patricio Ballesteros Ledesma

 

Conforme avanza el año, el ministro Sergio Massa busca contener las enormes erogaciones que implican los pagos de deuda de títulos públicos que conforman la diversificada cartera de deuda con la que se viene financiando el Estado y, al mismo tiempo, absorber pesos para contener la brecha cambiaria entre el dólar oficial y los paralelos.

Así como en enero ofreció al mercado de capitales local una recompra de bonos en dólares por más de US$1.000 millones en manos privadas, ahora hace lo propio con los organismos públicos que tienen títulos en dólares para pesificarlos a su vencimiento. El primero fue voluntario, este es compulsivo.

Las menguadas reservas del BCRA se siguen drenando mes a mes por las ventas del organismo monetario (US$2.400 millones en lo que va del año) y, si bien recibieron en los últimos tiempos millonarios aportes en dólares de organismos de crédito internacional, enfrentan la menor recaudación de divisas por exportaciones de los últimos años para estas fechas. 

En el Gobierno hablan de US$9.000 millones menos de ingresos del agro, pero analistas privados aseguran que la caída superaría los US$12.000 millones. No hay forma de compensar esta baja que tiene un origen productivo/climático y no especulativo, por eso es que el dólar soja III no llegó a implementarse y aunque ahora lo ofrecerían en mayo sólo aportaría cerca de US$1.300 millones. 

Claro que los montos ingresados del Banco Mundial, el BID y la CAF no son equivalentes y en rigor los fondos no pueden ser utilizados para cualquier fin. Es decir, hay financiación externa que tiene una asignación específica, por ejemplo para planes educativos u obra pública, y sólo puede destinarse a ese objetivo.

Por ejemplo, el último crédito aprobado por el directorio del BM por US$450 millones implica US$300 millones para reducir la deserción escolar en el país, apoyando un programa de becas y el resto tiene por objetivo el desarrollo urbano para un acceso más equitativo a la vivienda.

Es cierto que gracias a dos créditos de organismos internacionales y un tramo del swap con el banco estatal chino, el Gobierno ya cuenta con casi US$3.000 millones de reservas internacionales de libre disponibilidad, pero aún así no son suficientes para evitar una potencial corrida. 

 

El FMI avala esta medida tras objetar la de enero

El FMI, luego de aprobar las metas trimestrales, realiza desembolsos hacia la Argentina que tienen como único fin el repago de la deuda con el organismo y que tampoco pueden desviarse a otras áreas o erogaciones. Y por el contrario, el organismo pide una acumulación de reservas que a esta altura es imposible de cumplir y por eso se pidió tomar en cuenta el contexto local de sequía prolongada.

Más allá del control estricto de las importaciones de los últimos meses, que en varios rubros igual son imprescindibles para sostener el crecimiento de las actividades productivas e industriales, la merma en los ingresos de dólares por el comercio exterior del agro resultan en un incumplimiento aún mayor al proyectado.

Por otro lado, el FMI presiona este año con vencimientos que implican enormes pagos y condicionamientos para las políticas económicas, financieras y monetarias que lleva adelante el Gobierno a nivel interno. El fondo ejerce un control y penaliza su falta de cumplimiento.

De hecho, la propia titular del organismo Kristalina Georgieva le aclaró en persona en la reunión del G-20 a Massa que la buena salud futura del acuerdo de Facilidades Extendidas excluía explícitamente cualquier operación similar a la recompra de deuda en el mercado interno, como la llevada a cabo por Economía a principios de año. 

La orden era que no podrían involucrarse más dólares de las reservas de la autoridad monetaria local para actuar sobre los mercados cambiarios alternativos y la consecuencia de su no cumplimiento no se hizo esperar: se retrasó la aprobación de las metas del 2022 por el board del FMI y en el nuevo acuerdo presentado la semana pasada se puso la prohibición por escrito.

Sin embargo, desde fuentes oficiales habían aclarado que los fondos destinados a esa recompra no provenían de las reservas netas del BCRA sino de recursos acumulados por el Tesoro, aunque la operación se vería reflejada en el balance del banco.

También habían objetado la incorporación de nuevos jubilados al sistema mediante la moratoria previsional, que también se relaciona con esta nueva medida, ya que uno de los mayores tenedores de deuda en dólares es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, con casi US$12.000 millones nominales en bonos.

 

Cambio de estrategia ante la brecha cambiaria

Entonces, y si bien hoy se conocerá la letra chica, ayer se oficializó la decisión de que los bonos en dólares en manos de los organismos públicos nacionales pasen a pesos, mediante el DNU 163/2023 firmado por el Presidente Alberto Fernández. 

En este caso el FMI no tiene objeciones, ya que no se comprometen las reservas del BCRA, y hasta puede ser vista como una mejora de calidad del pasivo del sector público. Sin embargo, y aunque tras el anuncio de la medida el dólar blue frenó su escalada de 9 días consecutivos, los bonos cayeron hasta casi un 7% y el riesgo país superó los 2.400 puntos.

La nueva estrategia financiera implica un canje de deuda vieja en moneda extranjera por nueva en denominación local indexable por el tipo de cambio, con lo que descomprime el uso de reservas pero afecta la cartera de sus tenedores, aunque en este caso ambos pertenecen al Estado nacional. 

A nivel oficial dicen que al rescatar y unificar bonos que están en manos de organismos públicos, el FGS de la ANSES se revalorizará en US$2.000 millones, pero varios economistas críticos y dirigentes de la oposición no coinciden con esa afirmación y sostienen que bajar la presión sobre el dólar por esa vía es perjudicial para el ya desequilibrado sistema previsional nacional.

Los pagos de los servicios de intereses y amortizaciones de capital de las letras denominadas en dólares estadounidenses emitidas en el marco de los decretos 622 del 17 de septiembre de 2021, 576 del 4 de septiembre de 2022 y 787 del 27 de noviembre de 2022 serán reemplazados, a la fecha de su vencimiento, por nuevos títulos públicos, dice el texto en su primer artículo.

En el siguiente se dispone que las jurisdicciones, entidades y fondos alcanzados por las previsiones del anterior deberán proceder a la venta o subasta de sus tenencias de los títulos públicos nacionales denominados y pagaderos en dólares estadounidenses, la que será llevada a cabo por la entidad que determine el Ministerio de Economía y bajo los términos y condiciones que este disponga.

Allí también aclara que las condiciones de los nuevos bonos serán definidas, en conjunto, por las secretarías de Finanzas y de Hacienda, ambas dependientes del Ministerio de Economía.

 

Aportar mayor certidumbre financiera y monetaria

En la norma se puntualiza que en este contexto, y frente a la inminencia de pago, resulta necesario disponer que puedan ser atendidos a su vencimiento con nuevos títulos, en consonancia con las emisiones realizadas con anterioridad. 

Se refiere a las previsiones de los decretos 668/19 y su modificatorio, y el 346/20 y la Ley 27701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023.

En un decreto complementario también se estipula que Letras del Tesoro Nacional en dólares en poder del BCRA, a diez años de plazo y con vencimiento en septiembre de 2031, como consecuencia de los Derechos Especiales de Giro del FMI por US$4.334 millones, deberán ser canjeadas por nuevos títulos públicos en pesos.

También se incluirían los títulos que conformaron el Programa de Incremento Exportador, es decir las letras en dólares de los planes Soja I y II a 10 años de plazo y con vencimientos en septiembre y diciembre de 2032, en cada caso.

En los considerandos se asegura que es menester profundizar las medidas orientadas a consolidar el sendero de nuestra economía a través del fortalecimiento del orden macroeconómico y que, por otra parte, resulta necesario reforzar el mejoramiento general de expectativas mediante políticas que nos permitan aportar mayor certidumbre cambiaria y financiera en el corto y el mediano plazo.

Por su lado, el viceministro de Economía Gabriel Rubinstein, publicó en su cuenta de Twitter: “Hoy comenzamos a darle profundidad al mercado de bonos en dólares ley local, empezando con la compra de tenencias de bonos globales de entes públicos, que permitirán bajar la deuda pública ley extranjera (globales), en unos US$4.000 millones inicialmente”.

El funcionario destacó que el Estado, sin usar reservas del BCRA, seguirá rescatando y deslistando bonos globales para reducir la deuda externa e irá ganando capacidad de actuación en los mercados del dólar financiero, lo que permitirá evitar subas disruptivas del CCL y MEP. 

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