Las empresas PyMEs elaboradoras de biodiesel alertaron que se encuentran en una situación crítica por la pérdida de rentabilidad. En este marco, acusan a las aceiteras de inflar artificialmente el precio del aceite de soja (su principal insumo) y reclaman a la Secretaría de Energía que actualice el precio del biodiesel de acuerdo a la inflación.

Ante la inminente crisis del sector, la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) llevó la preocupación al Ministro de Economía, Sergio Massa, y a las autoridades de la Secretaría de Energía para que intervengan antes de que se produzca una parálisis del sector que se encuentra sin insumos o produciendo a pérdida.

Esto se debe a que las aceiteras más importantes del país, entre ellas COFCO, AGD, Molinos, Bunge y Cargill, mantienen artificialmente alto el precio del aceite de soja, principal insumo para producir biodiesel.

En este marco, Federico Martelli, director de la CEPREB habló con PolíticaYMedios y señaló que “las aceiteras, cuando exportan, reciben 800 dólares por tonelada; pero a las PyMEs nacionales les quieren cobrar entre 1050 y 1100 dólares. La única explicación es el abuso de posición dominante y la cartelización del precio”.

Las compañías de biodiesel, ubicadas en las provincias de San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, transforman el aceite de soja en biodiesel que luego es vendido a las compañías refinadoras de petróleo. Estas, de acuerdo a la Ley 27.640, deben cortar el diesel de hidrocarburos con 7,5% de biodiesel. De este modo no sólo se produce combustible a partir de la industrialización de la biomasa, sino que se reduce la necesidad de importar gasoil, se desarrollan las economías regionales y se contribuye al los objetivos de frenar el cambio climático, ya que el biodiesel es sensiblemente menos contaminante.

Consultado por P&M sobre por qué el Ministerio de Economía no interviene, Martelli aseguró que “las aceiteras aportan las divisas que el programa económico necesita y, por ende, tienen una relación de poder desigual con las autoridades regulatorias. Es difícil pedirles por favor que liquiden y, por otro lado, obligarlas a que cumplan la ley que las obliga a vender a un precio razonable, pero la ley es la ley”.

Respecto del precio de venta del biodiesel agregó: “En un contexto de alta inflación las autoridades están tratando de pisar los precios de la economía, por eso le han dado al sector del biodiesel aumentos por debajo de la devaluación y de la inflación. El problema de hacer eso es que cuando el pos de combatir la inflación liquidás la rentabilidad, la producción cae, cae la economía y se pierden empleos”.

El sector del biodiesel emplea de manera directa 2000 trabajadores y genera de manera indirecta alrededor de 10 mil puestos de trabajo en localidades como Junín, Ramallo, Saladillo, Bahía Blanca, Nogoyá, Paraná, Catriló, Sal Luis, Pilar, Daireaux, General Pico, San Lorenzo, Rosario y Santa Fé. Los gobernadores y los intendentes de las provincias y localidades productoras se mostraron preocupados y comenzaron a moverse ante la posibilidad de suspensión del personal. Si bien ninguno quiso realizar declaraciones, ante las consultas de este medio señalaron que esperan una solución consensuada que evite la crisis. 

Según informó la CEPREB, en los próximos días mantendrán nuevas reuniones con las autoridades de la secretaría de Energía en las que esperan una propuesta razonable que permita destrabar el conflicto.