Por: Miguel Di Spalatro

Los privilegios de Luciano Jaureguiber, exdirector de Espacios Verdes Públicos del Municipio de Tandil, volvieron a quedar en evidencia tras la irrisoria pena que recibió por la muerte de Sebastián Simón, el joven de 19 años, al que atropelló y abandonó en diciembre de 2021. 

El pasado jueves, tras un juicio abreviado, Jaureguiber fue encontrado penalmente responsable del delito de “Homicidio culposo agravado por la fuga o ausencia de socorro a la víctima" y condenado a la pena de tres años de prisión efectiva más cinco de inhabilitación para conducir.

El juicio abreviado es un proceso judicial por el que un acusado acepta su culpabilidad y recibe una rebaja en el monto de pena al desistir de ir a un juicio oral. De esta instancia no participan los abogados de parte que representan a los familiares de la víctima.

Jaureguiber optó por esta posibilidad y el juez Carlos Alberto Pocorena, titular del Juzgado en lo Correccional Nº 1 de Tandil, avaló el acuerdo entre partes. De esta manera, dado el tiempo que pasó detenido durante la instancia de prisión preventiva, el exfunciario estaría en condiciones de recuperar su libertad. 

“Tres años por la vida de mi hijo, a puertas cerradas y rapidito. ¿Cuánto más lo quieren beneficiar? ¿Cuánto más nos van a menospreciar? ¿La justicia para quién es?”, expresó la mamá de Sebastián, Gisele Simón, tras conocer el fallo. 

La muerte de Sebastián ocurrió cuando en la madrugada del domingo 5 de diciembre de 2021 caminaba junto a su amigo, Alexander Velozo, cerca del cruce de las calles Azucena y Misiones, en el barrio La Movediza de la ciudad de Tandil. 

Eran cerca de las 4.30 cuando un Volkswagen Gol embistió al joven. 

El conductor no se detuvo, aceleró y escapó. 

Su amigo, que resultó ileso, pidió ayuda y un vecino llamó a la ambulancia que lo trasladó al hospital Ramón Santamarina, donde diagnosticaron un grave traumatismo de cráneo que le había provocado muerte cerebral.  Doce horas después Sebastián falleció.

En esas doce horas en que aún Sebastián estaba con vida, Jaureguiber, por entonces funcionario del gobierno de intendente Miguel Ángel Lunghi, se presentó en la comisaría segunda donde reconoció haber embestido al joven.  

La policía no lo demoró y el director de espacios verdes regresó a su domicilio.

A partir de ese momento se comenzó a tejer una red de protección político-judicial hacia el funcionario y, a la par, una fuerte movilización popular clamando por justicia. 

Las movilizaciones, acampes frente al municipio y hasta una marcha desde Tandil a La Plata, ejercieron la presión necesaria para que el 11 de abril de 2022, Jaureguiber fuera detenido y alojado en la unidad penitenciaria de Barker, donde permaneció hasta que en julio –solo tres meses después- la Jueza de Garantías Stella María Aracil, le concediera el beneficio de prisión domiciliaria, solicitado por el defensor Luciano Tumini.

Las críticas al jefe comunal de Tandil se multiplicaron, sospechado de encubrir inicialmente a Jaureguiber y el escándalo político puso el jaque a Lunghi que debió salir a dar explicaciones: "Mi gobierno no ha encubierto absolutamente nada", dijo oportunamente en conferencia de prensa, para luego reconocer que se había enterado del hecho el mismo domingo, porque se lo había comentado su hombre de confianza, Roberto Pérez. 

Lunghi dijo que Pérez se había encontrado previamente con Jaureguiber y que le expresó que "lo iba a acompañar y lo iba a ayudar, pero que se entregara a la policía". 

El Intendente "felicitó" la actitud de Pérez, "porque actuó como un amigo y al amigo, aunque haya cometido algo malo, no se lo deja de ver. de estar cerca ni de ayudar, sino, la amistad no existe". 
Después, el alcalde de la ciudad serrana, ratificó a Pérez en su puesto dentro del gobierno y dejó cesante a Jaureguiber. 

Roberto Pérez, chofer y Secretario Privado del Intendente Miguel Lunghi, es para muchos quien operó en las sombras para lograr una condena mínima. 

En diciembre del 2021, El Bloque de Concejales del Frente de Todos de Tandil presentó un proyecto para solicitar el “inmediato apartamiento” de la función pública de Roberto Pérez en el marco del caso de Sebastián Simón, al trascender mensajes que se habían enviado, horas después del hecho, Jaureguiber y Pérez, donde este último promete: “te vamos a acompañar”.

Pérez aparece seguido en las noticias locales. Fue uno de los vacunados vips por el lunghismo, en plena pandemia y tiene antecedentes de maniobras fraudulentas o violentas. 

Otros de los cuestionados por la familia de Sebastián es el fiscal Ignacio Calonje. 

“Desde el momento de la muerte de Sebastián ha beneficiado la situación de Jaureguiber, primero al no pedir su detención oportunamente, y ahora, por impulsar el juicio abreviado”, sostienen. 

El lunes pasado el funcionario judicial, cedió a los numerosos pedidos de la familia para ser escuchada. La audiencia terminó mal. Adrián, hermano de la víctima, agredió al fiscal. 

La bronca contra el Fiscal se sentía desde temprano, cuando unas 70 personas en la zona del Palacio Municipal, que mostró un operativo de seguridad pocas veces visto en Tandil, levantó pancartas en su contra.

Marcelino, papá de Sebastián explicó que “nos sentamos y el fiscal no me dejó hablar. Él dijo que tenía disponibilidad de hablar, pero yo hace 6 meses le estoy pidiendo audiencia y no me la da. Me cortó y me dijo ‘déjame hablar a mí’, y ahí se enojó mi hijo y le pegó una piña. Yo no alcancé a pegarle”.

Personal de la Policía Bonaerense retiró a los familiares de Sebastián Simón de la fiscalía, pero no detuvo a Adrián que en la calle se volvió a sumar a la marcha en rechazo al juicio abreviado. Una más de la muchas que vienen realizando los vecinos de “La Movediza” y de la agrupación “1ro. de Octubre” para visibilizar un accionar judicial que consideran viciado por los vínculos con la política local. 

La familia quería un juicio oral y público. “Él mató a Sebastián, lo abandonó e intentó encubrir el crimen”, repiten. 

Una aseveración que ahora, a pesar de lo breve de la condena queda ratificada en el fallo del juez Carlos Pocorena, que en uno de sus párrafos sostiene respecto a la actitud de Jaureguiber la madrugada del accidente: “Lo único que le preocupó fue retirarse a toda velocidad, no comunicarse con la policía, ni con una ambulancia, justificando su conducta desaprensiva en su miedo a que le podrían haber arrojado con algún elemento para robarle, para luego comunicarse con el chofer del Intendente para pedirle colaboración”. La declaración fue calificada como “inverosímil” por el magistrado que sostiene que el acusado “buscó eludir su responsabilidad”. 

Los abogados que patrocinan a la familia de la víctima anticiparon que apelarán el fallo.  “Jaureguiber queda habilitado a pedir la libertad condicional una vez transcurridos los primeros ocho meses en prisión. Pues bien, él lleva diez meses preso en su domicilio, con lo que ese pedido podría presentarse de un momento a otro” argumentó el Dr. Gastón Argeri que aseguró que recurrirán a la Cámara de Apelaciones y Garantías de Azul porque la condena es "insuficiente".

Aseguran que el reclamo de justicia por la muerte de un pibe de un barrio humilde, en desigual pulseada con el poder político de quienes gobiernan la ciudad, se seguirá escuchando entre las sierras hasta que se cumpla aquel viejo dicho que dice: "Todos somos iguales ante la ley".