Por: Miguel Di Spalatro

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó explotación laboral en campos donde se cultiva papa en los partidos de Balcarce y Lobería. El trabajo en condiciones indignas en el proceso de producción de este cultivo se repite año tras año. Sin los mínimos elementos de seguridad e higiene, hacinados en casillas de chapa, precarizados, con jornadas de trabajo al sol de más de catorce horas, los empleadores bajan costos sin importarles las necesidades y el sufrimiento de los trabajadores rurales. 

Argentina produce aproximadamente 2,8 millones de toneladas, destinándose aproximadamente entre 75 y 80 mil hectáreas para su siembra. El mayor porcentaje de producción en la provincia, 31.600 hectáreas, según información del INTA, se localiza en la zona comprendida por Balcarce, Tandil, Azul, General Pueyrredón, General Alvarado y Lobería. 

La papa es, por lejos, la hortaliza más consumida en el país como producto de venta en verdulerías, destinándose un 20-30% a la industrial que la transformará en bastones pre-fritos congelados, chips y papas fritas. Son cinco las principales firmas que concentran la industrialización de la papa. McCain Argentina S.A, es la principal, abastece de papa pre-frita congelada a todo el Mercosur. Su planta está ubicada estratégicamente en el Km. 61,5 de la  Ruta 226, muy cerca de la ciudad de Balcarce y es la principal industria de la localidad. Da empleo a 600 personas en forma directa y a 3.000 indirectamente. 

Un estudio realizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en 2021 explica como es el proceso de compra a los productores que realiza la empresa de origen canadiense McCain: “La producción de papa que se destina a la industria se comercializa por contratos, asegurándose un aprovisionamiento regular, previsible y estandarizado de la calidad. Por el lado de los productores se aseguran el lugar de colocación, precio conocido y mayor certeza de cobro. La industria no realiza el pago por bolsas, tierra, defectos, enfermedades o papas pequeñas (menores de 50 mm), además bonifica o castiga por el contenido de materia seca y la calidad de fritura”. 

A pesar de que la empresa carga la pérdida en los chacareros, en la cadena de comercialización, como sucede con frecuencia, es el eslabón más débil el más perjudicado. 

Los peones golondrina, son esas cifras sin voz ni derechos, que trabajan de sol a sol y de cultivo en cultivo, sacrificando muchas veces la dignidad para lograr el sustento para sus familias. 

De estos hombres y mujeres, sumisos y dispuestos a darlo todo por ganarse el pan diario se valen y aprovechan algunos productores paperos para los que la condición humana está muy por debajo de la rentabilidad.  

Durante el operativo de la AFIP de la semana pasada, se debieron utilizar drones para ubicar a las personas, ya que los empleadores los habían mandado a esconderse en los sembrados. 

En total se encontraron a 29 peones con distintos tipos de irregularidades, entre ellas salarios no percibidos o inconsistencias entre las declaraciones Juradas de los empleadores.

Se comprobó que 17 se encontraban trabajando aislados, realizando tareas de riesgo y en condiciones sumamente precarias, en situación de explotación laboral. 

“Vivían en muy malas condiciones de seguridad y de higiene, con estructuras de baños químicos pero que por dentro no tenían las correspondientes instalaciones. Tampoco contaban con electricidad ni sistema de refrigeración para evitar que los alimentos quedaran expuestos y evitar su descomposición o que sean comidos y contaminados por roedores”, se explicó desde el organismo. 

Además, a los trabajadores les aplicaban descuentos por el costo de los alimentos y de las garrafas que utilizaban para cocinar y le hacían pagar un seguro por accidente. 

Los operativos se realizaron a raíz de denuncias y de tareas de investigación previa de las áreas especializadas del organismo. El personal de la DGRSS y de la DGI se presentó en los campos para relevar de manera presencial las condiciones laborales. 

El accionar de la Administración Federal de Ingresos Públicos ya había permitido en el 2020 rescatar de la esclavitud a 21 obreros de un establecimiento arrendado para la producción papera a la altura del Km 82 de la Ruta 227 en el distrito de Lobería, mientras que, la Justicia Federal de Mar del Plata, procesó en el 2021 a un abogado y dos productores agropecuarios, por un caso de delito de trata de personas con fines de explotación laboral que tuvo como víctimas a una pareja -con un hijo de un año- que logró escapar, tras un episodio de amenazas y violencia, por reclamar por la situación paupérrima en la que vivían en un campo de Balcarce. 

A pesar de los antecedentes y de que los hechos se repiten año tras año, la Sociedad Rural de Balcarce, nunca se pronunció ni condenó la trata laboral que tiene lugar en los campos de su zona de influencia. 

En una Argentina en la que el empleo informal, sin cobertura social ni descuento jubilatorio, llega al 37,4% del total de puestos de trabajo, y dentro del sector privado en los últimos 20 años el 50% de la oferta de empleo es precaria -según datos del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA)- los sectores más desprotegidos y vulnerables de la población son expuestos a la explotación. 

Vale como ejemplo el relato de este trabajador: “En el laburo, llevás una cincha a la cintura y arrastras una bolsa de 50 kg. Eso es lo que tenés que hacer para ganarte la vida, porque si no, no comés. Vas agachado con la bolsa colgando de la cintura por un surco que tiene 500 metros, hasta que la llenás y las dejás al costado para seguir. Así las 14 horas, juntando papa y metiendo en la bolsa. Hay que hacerlo rápido porque el tractor va atrás y si te alcanza te tapa de tierra. Las piernas no te dan más”.