Por Patricio Ballesteros Ledesma

El sector público nacional registró un déficit primario de $502.128,2 millones y un déficit financiero de $745.717,1 millones en el último mes del 2022, sin considerar los ingresos provenientes de las rentas de la propiedad vinculadas a las emisiones primarias de títulos públicos, informó el viernes último el Ministerio de Economía.

Así, entre enero y diciembre se acumuló un déficit primario de $1.955.140,8 millones (2,4% del PBI) y un déficit financiero de $3.448.150,0 millones (4,2% del PBI), también sin considerar los ingresos que exceden el límite establecido.

Esta leve baja interanual del déficit primario a 2,4% del PBI en términos relativos resultó de las decisiones de política fiscal llevadas a cabo por la gestión del equipo de Sergio Massa con el fin de ordenar las cuentas públicas y los desvíos preexistentes, aclaran en el comunicado de la cartera.

Pero además representa el sobrecumplimiento de la meta fiscal establecida con el Fondo Monetario Internacional en el Programa de Facilidades Extendidas para el Sector Público Nacional No Financiero, que se había fijado en 2,5% del PBI para el 2022.

Satisfacer al FMI no es el objetivo principal de disminuir el déficit primario de las finanzas públicas, sino moderar el gasto en relación a las necesidades prioritarias y en consonancia con el ritmo de los ingresos disponibles. 

Claro que lograr esa baja trae como beneficio el sobrecumplimiento de lo acordado con el organismo de crédito internacional, pero lograr reducir algo el enorme déficit que arrastra la Argentina desde hace tiempo sin duda repercute de forma significativa a nivel interno y funciona como una señal hacia el exterior.

El desequilibrio en las cuentas públicas no es algo nuevo ni una invención del actual Gobierno: de las últimas 6 décadas, casi 5 tuvieron déficit fiscal primario. Pero la gestión de Alberto Fernández arrancó con un 0,4% del PBI de déficit primario heredado y en 2020 por efecto de la pandemia saltó al 6,4%. En 2021 se había decidido recortarlo al 3% y lo logró, pero el financiero trepó al 4,33%.

La senda descendente para lograr el equilibrio

Todas las administraciones nacionales y provinciales siempre oscilan entre los ingresos percibidos y las necesidades de inversiones y gastos con una fuerte tendencia a priorizar éstas más allá de las partidas disponibles.

El gasto indiscriminado es tan perjudicial como la alta evasión o elusión impositiva, y el problema es cuando la combinación de ambos y su descontrol no sólo provocan un alto endeudamiento del Estado, sino que repercuten en otras variables económicas como la inflación y la tasa de interés.

Por otro lado, si no se descontaran las rentas de la propiedad vinculadas a las emisiones primarias de títulos públicos, el déficit primario acumulado para el año 2022 ascendería a $1.659.747,9 millones (2,0% del PBI). Además, el pago de intereses de la deuda pública, neto de pagos intra-sector público, fue de $1.493.009,2 millones (1,8% del PBI), lo que implica un déficit financiero de $3.152.757,1 millones (3,9% del PBI).

Más allá de los números, qué significa esto. Cuando asumió Sergio Massa en agosto del año pasado uno de sus pilares era reducir el déficit, además de aumentar las reservas del BCRA y controlar el gasto. Ya en septiembre logró superávit, aunque no es un dato relevante, ya que en igual mes de 2021 también se logró un abultado superávit durante la gestión de Guzmán. 

Al día de hoy se puede decir que el nuevo equipo económico está logrando ordenar los tres objetivos, en forma parcial para algunos, con un alto costo social dirán otros. Se venía de un déficit expansivo y se paso a otro marcado por la austeridad, el control o el ajuste, según quien lo califique.

El alto déficit social por la inflación cotidiana

Nada se puede lograr en economía de forma sustentable de inmediato, lo drástico termina en desastre, casi siempre. Hay soluciones disruptivas que pueden implementarse rápido y lograr un objetivo puntual, pero cuando se mantienen generan distorsiones peores que las iniciales. No se puede dejar a todo el mundo contento, el problema es cuando los infelices son siempre los mismos.

Ajustando donde hay margen, apoyando a vulnerables, asistiendo a damnificados, cediendo para lograr objetivos, monitoreando las distorsiones, acordando cuando hay consenso, estimulando las inversiones, promoviendo a los que producen más, incentivando a los que crean puestos de trabajo, controlando la evasión, discriminando importaciones, impulsando exportaciones, son todas maneras de potenciar el círculo virtuoso.

Con el ejercicio 2022 cerrado en esos valores, este año Economía arranca con viento a favor y una luz verde desde el cuartel general de Kristalina Georgieva, que sin embargo en octubre pasado le advirtió a Massa sobre el tema pendiente de la inflación.

“Nuestro compromiso es hacia el pueblo argentino y lo que esperan es que su Gobierno realmente tome muy en serio la necesidad de controlar la inflación, de reducirla y ofrecer una plataforma para que el crecimiento se acelere”, había dicho la gerenta del FMI en la conferencia de presentación de la Asamblea Anual de esa entidad y el BM en Washington.

Más allá de comentarios demagógicos y desvergonzados, la población en general, los trabajadores, los jubilados y el enorme universo de adolescentes y niños bajo la línea de pobreza, los que viven casi al día, pasan del gasto primario nacional y sólo puede ven resignados como los aumentos de precios ya son impúdicos. 

Incluso, por sus características restrictivas, el propio acuerdo con el FMI tiene una estrecha relación con la inflación, ya que el estar encorsetados como país en ese programa no hace otra cosa que profundizar las condiciones inflacionarias endémicas de la Argentina.

Incluso, hilando fino, la inflación en gran medida fue aliada del Gobierno en materia fiscal, ya que le permitió en la segunda mitad del año pasado aumentar fuerte la recaudación en materia impositiva y al mismo tiempo reducir las erogaciones en términos reales.

La meta es no sobrepasar el 1,9% del PBI este año

En el marco del acuerdo con el FMI, el compromiso de la Argentina es llegar a un déficit primario del 1,9% del PBI en 2023 y del 0,9% el año próximo. Ya no se contará con impuestos solidarios, extraordinarios ni DEG del FMI por el Covid para apuntalar los ingresos. 

Al ser este un año electoral y tomando como proyección un crecimiento menor en dos puntos al de 2022, se puede dudar de que se alcance ese objetivo, pero todo depende de cómo se manejen las cuentas desde Hacienda, Finanzas y AFIP.

Sobre el año pasado también había dudas y ahora se están despejando. Cuando Massa salió el miércoles pasado a anunciar que iba a recomprar deuda pública por US$1.000 millones, pese a las magras reservas, sorprendió a muchos. Tal vez este sea un año de sorpresas, ojalá que positivas para la mayoría.