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La destitución del presidente democráticamente electo, Pedro Castillo, por parte del Congreso de Perú y su posterior encarcelamiento despertaron la indignación popular en el país, donde organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y sociales de varias regiones se han movilizado en su defensa.
Desde distintos puntos de esa nación miles de personas marchan hacia la capital, Lima, para participar en la segunda "Marcha de los Cuatro Suyos" y exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones inmediatas y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.
Con esas mismas demandas y como parte de las protestas, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) convocó a un paro nacional para este jueves 19 de enero “por la indignación, por las muertes, por las vidas que han quitado”, expresó su secretario general adjunto, Gustavo Minaya.
La represión que ha desplegado el gobierno peruano en estas últimas semanas de protestas, ha dejado alrededor de 50 muertos, más de 500 heridos y unos 300 detenidos.
Además, Boluarte amplió el estado de emergencia por 30 días en Lima, Cusco, Callao y Puno, suspendiendo con ellos garantías constitucionales como el derecho a la movilidad y autorizó la intervención de los militares junto a la policía para contener las protestas.
En su último mensaje a la ciudadanía, la mandataria de facto aseguró que no renunciaría a la presidencia y criticó a los manifestantes, a quienes calificó como “violentistas y radicales” y relacionó las protestas con "sectores extremistas".
“Si en algo nos hemos equivocado, pido disculpas”, dijo la presidenta en referencia a la feroz represión gubernamental.
Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Boluarte tiene un alto de rechazo popular: su gestión de menos de dos meses es desaprobada por el 87% de ciudadanos en las regiones del centro del país y por el 80% en la zona sur.
