“AUMENTOS ABUSIVOS” Y “CARTELIZACIÓN”
Con una nota de fuerte contenido crítico, la Cámara Empresaria de Tandil se puso a la cabeza de los reclamos en el territorio provincial tras el anuncio realizado este miércoles por la Casa Rosada.
Ese día, tras una reunión del presidente Alberto Fernández con el ministro de Economía, Sergio Massa, y las ministras de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, y de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, se acordó el pago de un bono de 24.000 pesos, a ser abonado durante el mes de diciembre por única vez, para trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia cuyos ingresos a diciembre asciendan por todo concepto a tres salarios mínimos, vital y móvil, que equivale aproximadamente a 185.000 pesos.
El esfuerzo para el pago, en el caso de las empresas Pymes, será compartido. El Estado absorberá el 50 por ciento del costo a través de la deducción de los anticipos del impuesto a las ganancias.
Sin embargo, en un año en que el sector industrial obtuvo un "boom" de facturación y rentabilidad, sectores industriales poderosos se acoplan al reclamo de las Pymes para no compartir sus ganancias con los trabajadores y trabajadoras.
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), dado a conocer en setiembre de este año, el costo laboral para empresas como Ledesma, Molinos Río de la Plata y Arcor se redujo a 16,7% en comparación al 2021, donde el guarismo alcanza 17,8%. según datos parciales que se conocieron en 2022.
En su balance de cierre del año, la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) planteó un reclamo de once puntos entre los que se encuentra un pedido para que el estado “tome medidas ejemplificadoras sobre aquellos grandes formadores de precios que aprovechan la coyuntura para aplicar aumentos en forma deliberada y sin fundamentos”.
Aún con una inflación provocada por el sector empresarial económico dominante, durante el periodo que va de gobierno del Frente de Todos, se han generado 439 mil nuevos puestos de trabajo faltando recuperar 47 mil para alcanzar los niveles previos a la gestión de Cambiemos.
La recuperación de puestos laborales no va de la mano, sin embargo, de la recuperación de los ingresos de los trabajadores. Según el CEPA, los números dan cuenta de una fuerte caída de la participación de los trabajadores en las ganancias empresariales, entre el primer semestre 2016 y el primer semestre de 2022. La caída asciende a 6,9 puntos porcentuales.
El mes pasado, en el marco de un plenario de la Unión Obrera Metalúrgica, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo que “nunca ha habido una participación tan baja de los salarios de los trabajadores en el Producto Bruto Interno (PBI) como la que estamos teniendo hoy, absolutamente regresiva”.
El bono de fin de año llega en busca de paliar esta situación desfavorable en que se encuentran quienes dependen de un sueldo que se evapora calentado al fuego de la inflación.
Si bien reconoce “la necesidad de que los salarios dejen de perder poder adquisitivo a manos de la inflación", la Cámara Empresaria de Tandil, asegura que en las actuales circunstancias la imposición del bono de fin de año no repara en el esfuerzo de pequeños y medianos empresarios ni tampoco en la coyuntura general: "en diciembre se liquidan sueldos, aguinaldos y vacaciones", precisaron, "y si a ello le sumamos la retracción de seis meses consecutivos que atraviesa la economía argentina resulta inconcebible que no se interprete que esta medida directamente pega en la línea de flotación de muchos".
Tandil alberga unas 780 industrias de ocho rubros diversos: alimentos, metalmecánica, construcción, servicios para el agro, textil, papelería, química y minería, y software, y junto a Olavarría conforman el polo fabril más importante del centro de la provincia.
Los empresarios serranos sostienen que el carácter forzoso del decreto "ratifica la continuidad de medidas que no aportan soluciones, sino que complejizan aún más el desenvolvimiento del aparato productivo y espiralizan la tendencia inflacionaria".
Cierran su reclamo expresando “la conveniencia de consensuar la alternativa de deducción en el pago de aportes y contribuciones”, pidiendo que no se los estigmatice como "culpable de los estragos inflacionarios".
Una postura similar, a la que a pocas horas de conocido el decreto, expreso una de las ocho organizaciones patronales de mayor poder en el país, la Unión Industrial Argentina (UIA) para quienes “el ámbito de determinación de ajustes en las remuneraciones del sector privado deben ser las negociaciones paritarias”.
Una reflexión válida sino existiera inflación y los sueldos alcanzaran hasta fin de mes.
