Perú: continúan las protestas y ya son siete los muertos por la represión  - Política y Medios
27/01/2023 - Edición Nº5474

AMÉRICA LATINA

Perú: continúan las protestas y ya son siete los muertos por la represión 

Tras la detención de Pedro Castillo y la asunción de la nueva mandataria comenzaron a realizarse protestas en todo el país que llevan diversas consignas; entre ellas, la libertad del mandatario, el adelantamiento de las elecciones y la conformación de una nueva Constitución. 

Por Héctor Bernardo 

 

El 7 de diciembre, el presidente de Perú, Pedro Castillo sorprendió al anunciar que disolvía temporalmente el Congreso, instalaba un Gobierno de emergencia y, a la brevedad, convocaría elecciones para conformar un nuevo Poder Legislativo y elaborar una nueva Constitución. 

La respuesta del Congreso fue inmediata, se declaró ilegal la medida tomada por Castillo, se destituyó al mandatario, se nombró como presidente interina a la entonces vicepresidenta Dina Boluarte y se ordenó la detención del ex jefe de Estado. 

 

Las protestas 

Tras la detención de Castillo y la asunción de la nueva mandataria comenzaron a realizarse protestas en todo el país que llevan diversas consignas; entre ellas, la libertad del mandatario, el adelantamiento de las elecciones y la conformación de una nueva Constitución. 

Las protestas tomaron cada vez más fuerza y el gobierno respondió con represión que hasta el miércoles 14 de diciembre habían causado, al menos, siete muertes. 

La represión no pudo frenar los reclamos del pueblo peruano y el ministro de Defensa, Alberto Otárola, anunció la imposición del estado de emergencia a nivel nacional por los próximos 30 días. 

 

No lo dejaron gobernar 

El 11 de abril se realizó la primera vuelta presidencial y Pedro Castillo, quien no era mencionado en la mayoría de las encuestas y en las que sí aparecía figuraba séptimo en intención de votos, logró el primer lugar con 18,9 % de los votos, y en segundo lugar quedó Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, con el 13,4 % de los votos. El Congreso peruano quedó controlado ampliamente por la derecha.  

El 6 de junio, Castillo se impuso por la mínima diferencia (50,13 % contra 49,87 %). Este maestro rural, líder sindical, hijo de campesinos, cuyo símbolo de campaña fue un lápiz gigante con el que representaba su profesión y la necesidad de escribir un futuro mejor para todo su pueblo, se transformó en el presidente de Perú. 

Castillo asumió la presidencia el 28 de julio de 2021, día en que se cumplió el Bicentenario de la independencia de Perú. Al poco tiempo rompió con Perú Libre, el partido que lo llevó al Gobierno, con lo que perdió gran parte de la estructura que lo respaldaba en el Congreso y en las calles. 

Desde el primer día, el Congreso peruano, controlado por la derecha, intentó impedir que se llevara adelante el programa del nuevo Gobierno. Uno a uno cayeron por la presión del Congreso miembros del gabinete de Castillo. El ejemplo más claro fue el de Héctor Béjar, el canciller, que duró solo días en su cargo. 

Castillo sufrió dos mociones de vacancia (intentos de destitución por parte del Congreso) y el día que anunció la disolución del Congreso, el 7 de diciembre, estaba programado que el Congreso tratase el un nuevo intento de vacancia. 

Según publicó CNN Chile, Edward Málaga, “el legislador, quien promovió la tercera vacancia contra Pedro Castillo, reveló que conversó con Boluarte Zegarra una semana antes de que se debatiera –y votara– en el pleno el documento de la moción de vacancia presidencial”. 

Tras aquella reunión, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú aprobó archivar las denuncias contra la vicepresidenta, Dina Boluarte, por una supuesta infracción a la Constitución por gestión de un club privado en el momento que ejercía un cargo público. 

Tras la destitución de Castillo, Boluarte asumió la presidencia, llamó a un pacto de gobernabilidad con el Congreso y descartó llamar a elecciones anticipadas al asegurar que gobernaría hasta 2026. 

Boluarte asumió sin una fuerza propia con peso en el Congreso, enfrentada con el partido Perú Libre y con los defensores del presidente Castillo. 

Las protestas tomaron un peso tan fuerte que la mandataria debió retroceder en su postura y anunciar que enviará un proyecto al Congreso para adelantar las elecciones para abril de 2024. Sin embargo, las protestas continúan y la represión policial no cesa. 

Una crisis de larga data 

Tras la llegada del neoliberalismo a Perú, de la mano de Alberto Fujimori en 1990, el sistema político y las instituciones democráticas comenzaron un camino de decadencia que nunca se detuvo. 

Los poderes Legislativo y Judicial sufren un enorme descrédito, los medios de comunicación están totalmente concentrados y responden a los intereses de los sectores concentrados de la economía, y la democracia en general atraviesa una profunda crisis en el país andino, y eso se refleja en lo que ha sucedido con sus mandatarios en las últimas décadas. 

Alberto Fujimori (1990-2000): preso por crímenes de lesa humanidad. 

Alejandro Toledo (2001-2006): procesado por hechos de corrupción. 

Alan García (2006-2011): se suicidó cuando iba a ser detenido, acusado de estar involucrado en hechos de corrupción. 

Ollanta Humala (2011-2016): estuvo en prisión preventiva acusado de hechos de corrupción. 

Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018): renunció a su cargo cuando avanzaba sobre él un juicio político por denuncias sobre su participación en hechos de corrupción vinculados al escándalo de Odebrecht. 

Martín Vizcarra (2018-2020): fue destituido acusado de sobornos. 

Manuel Merino (10 de noviembre de 2020-15 de noviembre de 2020): duró solo cinco días en el cargo. La presión popular lo obligó a renunciar tras ser acusado de haberse complotado para tomar el poder por la fuerza. 

Francisco Sagasti (2020-2021): miembro del Congreso peruano que asumió y debió llamar a elecciones. Durante el año de pandemia, Perú tuvo tres presidentes: Vizcarra, Merino y Sagasti. 

El modelo neoliberal ha puesto a más del 30 % de la población peruana bajo la línea de pobreza, ha provocado que millones estén desempleados y que el 80 % de las y los trabajadores se encuentre en la informalidad. Un modelo que ha vuelto un privilegio el acceso a derechos básicos como la educación y la salud. 

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