ENTRETELONES DE CASA ROSADA
A horas de iniciar el último mes de 2022, en el Gobierno, y sobre todo desde Economía, trabajan para que las promesas de bajar el gasto público, disminuir la emisión monetaria y acumular reservas en el BCRA se materialicen.
Estas premisas al asumir el ministro Sergio Massa no sólo formaban parte de algo que hasta su llegada no se estaba logrando, sino que eran algunos de los desafíos por los que el expresidente de la Cámara Baja aceptó el cargo en aquel interminable fin de semana de agosto.
Pero además, forman parte sustancial del acuerdo firmado con el FMI, que por estas horas se reúne en Washington con la misión argentina que busca cerrar la tercera revisión y asegurarse el desembolso de la entidad de US$5.800 millones antes de fin de año.
Con la entrada en vigencia del nuevo Programa de Incremento Exportador, ayer ingresaron US$292 millones de los sojeros en el mercado único de cambios y el BCRA logró retener US$192. La idea del Ministerio de Economía es finalizar el año con US$3.000 millones más por esta vía y cerrar el ejercicio con US$10.000 millones de reservas.
Los grandes agroexportadores, aunque no sólo ellos, apostaban a una gran devaluación más temprano que tarde, incluso algunos economistas cercanos al Frente de Todos lo sugerían como parte de un esquema más amplio y complejo de shock antiinflacionario, pero eso no está en los planes sino que se optó nuevamente por una cotización diferencial sectorial y de corto plazo.
El tipo de cambio oficial se mantiene en un nivel controlado, con un ritmo de devaluación del peso con relación al dólar en el año del 25% (que se duplica en los financieros), pero el Gobierno fue dando cotizaciones especiales y mejoradas a varios sectores y actores económicos, que ya suman más de una decena.
Sin embargo como ocurrió hace unos días el CCL, el MEP y el blue pegaron saltos para ampliar la brecha que ya más que duplica a la fijada desde la autoridad monetaria. Desde que en agosto se cortó el drenaje de las reservas, los actores del mercado más potentes hicieron sentir su descontento.
Si es una buena noticia el superávit comercial de casi US$1.900 millones registrado en octubre y un posible nivel similar en el mes que finaliza, sobre todo ahora que se está monitoreando con más criterio a quién y por qué monto se autorizan los dólares para importar.
Por el lado monetario, el constante fondeo del Tesoro tomando deuda en pesos en el mercado local fue una alternativa para bajar la emisión de billetes del BCRA, para cubrir el déficit fiscal mientras se trabaja en disminuir el gasto público.
En este punto se dieron a conocer algunos datos que marcan un cambio de tendencia, algo que se presumía por los cambios en las medidas aplicadas desde la asunción del nuevo equipo económico, pero además por lo planteado como metas en el proyecto de Presupuesto 2023 aprobado en el Congreso.
La dinámica fiscal tuvo un cambio de tendencia a partir de julio, con un gasto primario que por primera vez en el año tuvo una reducción en términos reales en la comparación interanual, ya que por primera vez en 2022 se registró una baja en el acumulado.
En el sondeo de los informes mensuales de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) se visualiza que entre enero y junio siempre hubo incrementos interanuales del gasto primario mayores que la inflación, una situación que se revirtió a partir del segundo semestre, con descensos respecto del mismo período de 2021.
Cumplir con el orden fiscal y alcanzar un déficit primario del 2,5% del PBI era prioridad para Massa y pareciera que lo está logrando. Según la Secretaría de Hacienda, de enero a octubre el déficit primario en la medición base caja alcanzó $1.225.174 millones, que si hubiera seguido la dinámica expansiva del primer semestre hoy ya superaría los 2 billones.
El problema con la astronómica financiación local del sector público es que generó una bola de nieve que ya más que duplica el volumen del circulante. Desde que asumió Alberto Fernández hasta hoy, con los fuertes gastos que implicó el manejo de la pandemia incluidos, la deuda pública bruta en situación de pago normal creció en el equivalente a US$60.000 millones y el 94% está nominado en pesos.
En su mayoría no es deuda que se cancela con los bancos prestamistas locales, sino que se renueva a una muy alta tasa de interés mediante licitaciones públicas mensuales y que por otra parte encarece o bloquea el crédito para el sector privado.
La mala señal ocurrió la semana pasada cuando, en lugar de cómo venía ocurriendo hasta ahora, el nivel de renovación fue relativamente bajo ya que rondó el 60%. La mitad de los instrumentos elegibles estaba en manos de organismos públicos, pero el ingreso voluntario de los privados apenas llegó al 20% del total.
En octubre y noviembre el Gobierno consiguió escaso financiamiento neto, pese a que puso las tasas por encima de la inflación esperada para los próximos meses y de la tasa de política monetaria del organismo que aún preside Miguel Ángel Pesce.
El nivel de renovación de vencimientos viene en franca caída ya que ahora Economía sólo logró apenas más del 60%, mientras que en octubre logró el 113%, septiembre el 263%, agosto el 198% y julio el 212%.
El Tesoro busca estirar los plazos mientras el endeudamiento público con el sector privado sigue creciendo, pero este se muestra esquivo de seguir aceptando el diferimiento de los pagos por la incertidumbre que genera el año electoral y además porque los activos más largos hoy generan un menor rendimiento comparativo.
Lo concreto es que si bien Economía logró postergar el 61,4% de los compromisos con vencimiento en el último bimestre, aún restan renovar cancelaciones por $420.000 millones que se definirán en la ronda de este viernes.
Según datos de la OPC, mañana vence el Bonte 2022 por casi $130.000 millones y una LEDE por $112.600 millones, entre los compromisos más importantes.
El tema no acaba ahí, porque entre este mes y junio del año próximo están previstos vencimientos de instrumentos en pesos por el equivalente a US$55.720 millones, que representan el 68% del total.
