TRASLADOS PROTOCOLARES
El ministro de Economía Sergio Massa comentó este lunes que planea avanzar en un programa de estabilización de precios de productos masivos durante el verano, que se extenderá entre los meses de diciembre y marzo.
Se trata de alrededor de 1.500 productos con precios congelados y agrupados bajo el nombre de Precios Justos, pero también se está pidiendo que para otros artículos que no formen parte del programa se fije un tope de incremento no mayor al 4% en el primer mes de implementación.
En una primera ronda de reuniones entre la Secretaria de Comercio y las empresas, algunas que ya participaron de Precios Cuidados avisaron que no se sumarán al nuevo programa, mientras que otras lo analizan y hay nuevas que se mostraron interesadas en ingresar.
Según lo explicitan desde esa cartera, el objetivo de esta medida es que la gente vaya al supermercado con cierta tranquilidad y seguridad en cuanto a los precios de los productos de higiene personal, alimentos y de consumo masivo.
El Gobierno tiene la intención de hacer más efectivo el control del cumplimiento de las normas vigentes así como la aplicación de multas a las empresas en infracción.
El tema del precio a la vista en los paquetes ya quedó descartado, por su impracticabilidad industrial en tan poco tiempo, pero sí se aguarda el cumplimiento de la ley de etiquetado frontal para el año próximo.
La idea es que el nuevo paquete de productos con precios controlados tenga una efectividad real a diferencia de los anteriores, que en gran medida fueron esquivados con diferentes maniobras por muchas alimenticias e incluso por los negocios minoristas adheridos.
De hecho, hace 15 días Comercio multó a varias empresas de consumo masivo y a un supermercado por $18 millones, por ofrecer al mismo tiempo dos presentaciones de un mismo producto con diferencias relevantes en los precios.
Ya en el pasado se comprobó que para las grandes compañías involucradas, es más negocio pagar una sanción económica pos denuncia que cumplir con los acuerdos de precios.
Cada vez que aumentan sus productos ganan miles de millones de pesos en poco tiempo, así que una multa les resulta una penalidad simbólica sin afectación real a sus resultados, ya que en la actualidad se rigen con valores establecidos en 2008.
Eso podría cambiar el año próximo, ya que en la Ley de Presupuesto aprobada por Diputados y remitida ahora al Senado, se autoriza a Comercio a aplicar multas más onerosas en cumplimiento de la Ley de Defensa de la Competencia.
El oficialismo incorporó en el proyecto 2023 en el artículo 124, que ya obtuvo media sanción en la Cámara Baja, un aumento de hasta 4.200% en las multas que se pueden aplicar a las empresas por infracciones a la citada legislación antimonopolios.
Desde la cartera de Matías Tombolini a fines de octubre se explicó que, en el marco del ordenamiento de los diferentes trámites administrativos que lleva adelante esa gestión, fueron multadas las empresas Arcor ($8,5 millones); Clorox ($4 millones), La Serenísima ($4 millones) y Coto ($1,5 millones).
Esa maniobra de exhibir productos casi idénticos con diferentes precios, según explican constituye una violación al Artículo 4° de la Ley 24240 de Defensa del Consumidor y al Artículo 11° del Decreto 274/2019 de Lealtad Comercial.
A esta medida se suma otra, orientada a esclarecer los abusos de precios experimentados en la evolución del año, con el objetivo de revisar lo ocurrido en los meses anteriores y explicar por qué la inflación en lugar de bajar viene en aumento.
Por eso Comercio instruyó este martes a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a iniciar investigaciones por presuntas prácticas anticompetitivas de empresas de consumo masivo, que elevaron precios de productos por encima de la inflación general y abusaron así de su posición dominante en el mercado.
Esto quedó establecido en la Resolución 68/2022, que ayer se publicó en el Boletín Oficial y que ordena a Defensa de la Competencia investigar a las empresas vinculadas con la producción y comercialización de productos de consumo masivo, que hubieran aumentado sus precios en 2022 como resultado de un abuso de su posición dominante en el mercado.
En esa nueva resolución se cita la ley vigente que específicamente prohíbe los acuerdos entre firmas para limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o que constituyan abuso de una posición dominante.
La investigación ordenada por la Secretaría de Comercio responde a un informe elaborado por la Subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno, a cargo de Hernán Toledo, que indicó que hay empresas de consumo masivo que durante este año han aumentado sus precios por encima de la inflación general y de otras variables que afectan a los costos de producción.
En ese expediente se señala además que las empresas que han amentado los precios podrían llegar a tener posición dominante en los mercados involucrados y que la fijación de precios de manera abusiva podría configurar una conducta anticompetitiva susceptible de sanción.
Aunque no se especifica cuáles son estas empresas, la resolución indica que se trata de mercados vinculados con la producción y comercialización de alimentos de producción mayormente nacional. Revisando los datos de market share no es difícil individualizar cuáles son las compañías involucradas.
Los mayores fabricantes de fideos, azúcar, leche fluida, arroz, aceite son dos o tres empresas que en conjunto suman entre el 80 y el 90% del mercado, e incluso en varios casos una sola firma acapara casi el 100% de participación total.
Tras conocerse el último IPC de alimentos publicado por el INDEC y corroborar que no hay un horizonte de moderación en el alza de los precios de los principales consumos populares, la estrategia del Gobierno es reforzar el monitoreo de las prácticas anticompetitivas en lo que va del año.
La CNDC debería enviarle a Comercio en los próximos días un informe detallado con los avances y las pruebas de las investigaciones propuestas en la resolución. En ese momento se podrán tomar las decisiones pertinentes contra las empresas y quizás, ese es el objetivo, aplicar sanciones y lograr correcciones hacia adelante.
En los considerandos de la norma publicada ayer en el Boletín Oficial se señala que las empresas que comercializan dichos productos podrían llegar a tener posición dominante en los mercados involucrados, y la fijación de precios de manera abusiva podría llegar a configurar una conducta anticompetitiva susceptible de sanción por parte de la autoridad de aplicación de la Ley 27442.
Además, tratándose de mercados vinculados con la producción y comercialización de alimentos, la lesión al interés económico general aparece como evidente tratándose de producción mayoritariamente nacional, sobre la base de materias primas nacionales y con condiciones naturales y de infraestructura para proveer alimentos a precios razonables considerando las variables generales de la economía argentina.
Hay quienes dicen que esta movida tiene que ver con el inicio de un año electoral, sin embargo, sea o no esa la motivación, lo cierto es que la inflación de septiembre en alimentos fue del 6,7% y la de octubre ya se estima por encima del 7%.
Reducir la inflación anual, que se proyecta rozando el 100% este año, ya no tiene que ver con una especulación política frente a las elecciones generales de 2023, sino con una necesidad del Gobierno para poder atacar el mayor problema que enfrenta desde que inició su gestión.
De nada sirven nuevas paritarias a la suba, los aumentos en las asignaciones sociales y algún refuerzo de ingresos para sectores vulnerables, si los ingresos de la mayoría de la población en lugar de superar a la inflación siempre quedan por detrás de ella.
