Los planes de obras públicas tienen un doble beneficio: permiten realizar infraestructura y servicios de diverso orden y alcance, y además generan mucha mano de obra en zonas donde no abundan las fuentes de trabajo.
Por ejemplo, con Argentina Hace, el plan federal de infraestructura de ejecución rápida con mano de obra local, en la actualidad se lleva adelante un total de 3.302 intervenciones en las 23 provincias del país.
Aunque hay quienes sólo ven a la obra pública como otro gasto del Estado que engrosa el déficit, en realidad se trata de una inversión que suma valor a la economía y repercute de manera directa o indirecta en toda la población.
Si se maneja con transparencia y honestidad, el costo de esas obras públicas de diversa escala, que sólo pueden ser planificadas desde el sector público, generan beneficios a los contribuyentes y permiten maximizar la inversión privada.
Una vez terminadas generan un mayor dinamismo y eficiencia en todas las actividades productivas y comerciales en sus áreas de influencia, y también mejoran la calidad de vida de los habitantes en general.
Una ruta, un puente, una represa, un gasoducto, un aeropuerto, son algunos ejemplos, más allá de los primordiales establecimientos educativos, sanitarios y de cuidado.
Presentado ante el Congreso de la Nación por el jefe de gabinete Juan Manzur, ahora se encuentra en la Cámara Baja, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Carlos Heller, diputado del Frente de Todos.
Allí, el plenario está recibiendo los informes de cada uno de los ministros y funcionarios nacionales, que inició la semana pasada Sergio Massa, antes de pasar al recinto para su tratamiento y posterior votación. La idea del oficialismo es concluir la etapa de consultas y análisis a fines de la semana próxima.
Vale recordar que este año, como en diciembre pasado la oposición no lo aprobó, el Gobierno tuvo que manejarse sin presupuesto y prorrogar el anterior. Este año se lograría el consenso suficiente para su aprobación para iniciar el ejercicio fiscal 2023 con un problema menos y más certezas en la administración del país.
Al Presupuesto General de la Administración Nacional se lo conoce como la ley de leyes, ya que allí se condensan las necesidades de fondos de cada una de las áreas de gobierno, cuál es el monto y destino de cada partida y la coparticipación federal, entre otros ítems.
Al hacer foco en el rubro obras públicas, uno de los más importantes de la administración pública nacional, se puede ver cuáles son las propuestas que el Gobierno tiene de acuerdo a la planificación nacional y los pedidos de las provincias.
“El proyecto de Presupuesto 2023 garantiza un incremento en las partidas. La inversión en obra pública superará los $923.684 millones y va a tener un alza del 633% con relación al 2020”, comentó este miércoles en Diputados Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas nacional.
En particular, aclaró que la región del norte grande, las diez provincias más pobres, tendrán un aumento superior, con un 766% de incremento de la inversión al final del mandato.
Sobre la gestión del año en curso, el funcionario informó: “Vamos a ejecutar el 100%, los casi $600.000 millones previstos, no hay subejecución. Seguramente vamos a sobreejecutar, a ejecutar partidas adicionales que vamos a gestionar en el Ministerio de Economía”.
Respecto a la situación actual, Katopodis explicó que ahora la obra pública cubre el 95% del territorio donde viven argentinos y argentinas. No hay municipio que no tenga alguna obra de saneamiento, de infraestructura, de pavimento.
El actual presupuesto que está elevando al Parlamento en materia de obras públicas tiene que ver con apuntalar los ejes de desarrollo que necesita el país.
Para marcar diferencias y fijar una posición, el ministro expresó: “Tenemos 5.408 obras activas, cuando llegamos eran 350. De esas 5.400 hay 120 que son estratégicas, que definen cómo se tiene que desarrollar la Argentina”.
Además mencionó los 883 proyectos para las 23 provincias del país y CABA, que ya impactan con un criterio federal en el 86% de los municipios del país.
Por otro lado señaló que hay 8 millones de argentinos que no tienen provisión de agua segura y 20 millones no tienen cloacas. Por eso, más del 38% del presupuesto de su cartera está destinado solamente a agua y saneamiento, para mejorar estos indicadores en lo que resta del mandato.
A fines del año próximo habrán 2,5 millones de habitantes más con provisión de agua segura y 3 millones más con obras de saneamiento que al inicio de la gestión de Alberto Fernández. “Sabemos que no hay desarrollo si no seguimos achicando brechas. Una agenda que se tiene que cumplir más allá de quién gobierne”, expresó Katopodis.
Además, se va a lograr que 11 millones de argentinos que tienen agua mejoren su suministro y que 5 millones que tienen algún servicio precario de saneamiento puedan mejorar su acceso a ese derecho básico.
Al repasar la evolución de la gestión, el ministro recordó que cuando asumieron encontraron que el 70% de las obras estaban paralizadas y en 2020 reactivaron la cartera. Luego vino la pandemia y centraron el esfuerzo en reconstruir la capacidad sanitaria del país.
“A la salida de la pandemia el eje estuvo en recuperar el empleo, la obra pública estuvo orientada a llegar a cada rincón del país con obras que tenían como principal objetivo generar puestos de trabajo. Estamos arriba de 450.000 puestos en el sector de la construcción”, puntualizó.
En relación a la Gestión Integral del Recurso Hídrico, la inversión en agua potable y saneamiento se incrementará en un 1.559% en relación a 2019 y la cantidad de obras crecerá casi el 500%, pasando de 110 en aquel año a 632 para 2023.
Con respecto al eje de Conectividad e Infraestructura Vial, el Ministerio hoy tiene 334 obras vigentes y para el año próximo contará con $104.463 millones de inversión para intervenciones en autopistas y autovías.
Sobre la Infraestructura Rural, Urbana y del Cuidado, el ministro destacó que se destina el 8,5% de su presupuesto anual a obras de esta última área clave, que permiten ampliar y fortalecer derechos en toda la Argentina.
Se trata de una política creada por la actual gestión, que comprende 500 centros de desarrollo infantil, 280 obras y proyectos en hospitales y centros de salud, 30 centros territoriales de políticas de género y diversidad, 100 escuelas técnicas de educación profesional secundaria y 30 casas de día para jóvenes.
Por otro lado, a través del Programa de Infraestructura Universitaria, son 167 las obras y proyectos en universidades nacionales.
Al concluir su exposición, el ministro Katopodis aseguró que el año que viene va a haber más obra pública que nunca en la Argentina y que esa es una definición política del Gobierno.