REPERCUSIONES
Por el humo que copó Rosario, los legisladores santafesinos impusieron el debate de la ley de humedales y para el Gobierno puede ser un problema, porque habilita una inoportuna interna en cada frente electoral antes de tratar el presupuesto.
Leonardo Grosso, el diputado oficialista que la promueve, cree tener los votos de todos sus compañeros de bancada, pero más de uno no está del todo convencido.
El lobby agropecuario y minero hace lo suyo para generar dudas. Y en Juntos por el Cambio no están de acuerdo con el texto de Grosso, que delega en la Nación el inventario de humedales y su protección.
Por si acaso, el jefe del Frente de Todos Germán Martínez avisó que en octubre no se debatirá en el recinto, aun si tuviera dictamen. El 26 quiere aprobar el presupuesto.
El senador Adolfo Rodríguez Saá lo hizo: en una tensa reunión de bloque de senadores del Frente de Todos ratificó que no votaría una Corte de 25 miembros, como pidieron los gobernadores y se había plasmado en un proyecto de ley ya dictaminado.
Cómo máximo, aceptaba que sea de 15 y así fue: se cambió el texto en el recinto y se aprobó sin respaldo de Juntos por el Cambio, que confía en bloquearlo en Diputados.
Pero la posición de los gobernadores es firme: si sigue la Corte de 5 miembros no cubrirán más vacantes y tarde o temprano quedará acéfala. No parece haber otro destino.
El diputado de Evolución radical y vicerrector de la UBA Emiliano Yacobitti anticipó que su bancada votará el presupuesto en general.
Son 12 diputados liderados por el cordobés Rodrigo de Loredo, quien enteró por los medios de la orden de su jefe. También el economista Martín Tetaz, habitual crítico del Gobierno y al parecer un aliado en esta ocasión.
Yacobitti había querido actuar igual en diciembre de 2021, pero la presión externa no le permitió. Esta vez no se aguantó y anticipó que votará a favor. Tiene una urgencia: no perder más fondos para la UBA. Están en el presupuesto.
Los servicios de inteligencia volvieron a mostrarse en el Congreso: los abogados de Gabriel Carrizo, uno de los detenidos por el intento de magnicidio a Cristina Kirchner, son asesores parlamentarios.
Uno es el abogado Gastón Marano, nombrado en la bicameral de inteligencia hace años. Desde diciembre le firmaba su asesoría el senador del PRO Ignacio Torres, quien ni bien se enteró que defendería Carrizo, lo echó.
Marano trabajaba con Brenda Salva, asesora de la diputada del PRO Karina Bachey, quien dice que la asesoraba temas de discapacidad.
Savla es periodista y, hace no tanto, se presenta como abogada. Al parecer, se la presentaron a Bachey ni bien asumió y compró su currículum falso. Ahora la echó.
Ante cada hecho de inseguridad resonante, el diputado José Luis Espert acompaña su posteo en twitter con una palabra: “bala”.
Refiere, al parecer, a un pedido de mano dura. Pero nunca lo aclara bien.
Esta semana lo implementó para cuestionar la toma del sindicato del neumático de una oficina del Ministerio de Trabajo.
“Cárcel o bala” posteó. El Frente de Todos pidió su expulsión de la Cámara a través de un proyecto de resolución. Massa no estaría de acuerdo. Pero se tratará tarde o temprano.
