ENTRETELONES DE CASA ROSADA
Entre las diferentes estrategias del ministro de Economía Sergio Massa para poner en marcha la “fábrica” de dólares, una de las más complicadas pero que podría transformarse en la más redituable es la detección de evasores argentinos en Estados Unidos y lograr que paguen lo que le deben al Estado (Ganancias, Bienes Personales, deudas y punitorios).
Cabe recordar que el día de su asunción en el cargo, el flamante funcionario denunció que existían más de 13.000 operaciones de importación, trianguladas de 722 empresas, que compraban productos a un precio, lo pasaban por otro destino y lo traían sobrefacturado a la Argentina.
En su discurso, el titular del Palacio de Hacienda afirmó que se harían las denuncias ante la justicia argentina de aquellos que no se presenten a aclarar o rectificar, pero también se hará la denuncia ante la unidad de lavado de dinero de los Estados Unidos, ya que se usaron bancos de ese país y por lo tanto la sede del domicilio financiero determina jurisdicción.
En esa línea, al final de su gira oficial por Estados Unidos, cuando se reunió el lunes en Washington con Janet Yellen, secretaria del Tesoro de ese país, Massa trató entre otros temas la cooperación bilateral entre ambos gobiernos, y en particular buscó profundizar el acuerdo entre la AFIP y el IRS para la aplicación de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras.
Esa ley, firmada por el presidente Barack Obama y conocida por sus siglas en inglés FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), fue aprobada por el Congreso estadounidense en 2010 y entró en vigencia 2013.
Pero el acuerdo bilateral en cuestión entre ambos países lo firmaron la AFIP y su equivalente estadounidense, el Internal Revenue Service (IRS), el 23 de diciembre de 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri.
Sin embargo, no se dio reciprocidad fluida entre ambos organismos y el flujo de información desde ese origen aún no permitió conocer datos sobre ahorristas argentinos con cuentas sin declarar en el país, salvo la presentación de una acción judicial específica sobre un contribuyente y su eventual resolución favorable.
A partir del cambio de gobierno las relaciones entre ambos organismos se reactivaron y la ex titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, firmó el primer acuerdo para compartir información de forma generalizada en febrero de 2021.
Así el organismo recaudador accedió a datos sobre las ganancias de empresas multinacionales que operan en ambos países y con ingresos totales anuales consolidados superiores a 750 millones de euros.
Ese acuerdo se dio en el marco de la Acción 13 del Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS, en inglés), que establece un régimen de información anual para la presentación de informes país por país, a cargo de los sujetos residentes que integren un grupo de empresa multinacional.
Y por eso el ministro Massa aprovechó su visita para avanzar con el acuerdo de intercambio automático de información tributaria con Estados Unidos, para detectar irregularidades y eventual evasión tributaria.
Si bien el acuerdo ya tiene 6 años de vigencia, consta de varios pasos y el primero que se centra en el intercambio bilateral a requerimiento está vigente desde 2018.
Pero con la Argentina no existe aún un intercambio automático de datos, como sí tiene Estados Unidos con otros 97 países con los que el sistema funciona desde hace décadas.
Por su lado, el fisco argentino sí tiene un pacto con muchos estados europeos, Uruguay y otros países de la OCDE, que cada 30 de septiembre envían un detalle sobre las operaciones de argentinos en sus países a diciembre del año previo.
Sin embargo, para requerir información sobre un contribuyente argentino se debe seguir un procedimiento judicial que tiene condiciones previas para que le den curso: individualización del contribuyente, período fiscal del que se piden datos, lugar donde estaría esa información (banco, sociedad), motivación por la que se pide el intercambio, entre otras.
Pero además, una condición excluyente para proceder es que la Argentina compruebe que agotó todos los medios a su disposición para contar con esa información antes de pedirla y, por otro lado, Estados Unidos se reserva el derecho de no darla.
Para evitar esta burocracia y agilizar la operación de pesquisa de capitales de argentinos radicados en ese país, el Gobierno argentino intenta pasar a la segunda etapa del acuerdo (artículo 6), pero en esta oportunidad Massa no logró una firma de su par estadounidense.
Al cierre de su gira, el ministro expresó sobre este tema: "Está todo el trabajo técnico entre la AFIP y el IRS terminado y listo para empezar a implementarse en el momento que haya firma del acuerdo de intercambio de información automática". Dicen que se avanzó y se haría en el corto plazo, pero esta vez no fue.
Algunos dicen que sería porque el fisco argentino pidió que se brinde información del estado de Delaware, que funciona como la capital empresarial del país y uno de los paraísos fiscales más elegidos por los argentinos, hacia donde se dirige el 70% de los dólares fuera del sistema financiero local y donde se crean sociedades anónimas con gran facilidad.
Otros indican que la reticencia de Estados Unidos de pasar a la siguiente etapa se centra en que la Argentina todavía no cumple con el estándar de seguridad informática, como para proteger la confidencialidad de los datos sensibles entregados y que no se produzcan desvíos o uso político de los mismos.
Según la AFIP, el convenio vigente con su par estadounidense involucra datos de interés para la determinación, liquidación y recaudación de los impuestos, el cobro y ejecución de reclamaciones tributarias y la investigación o enjuiciamiento de casos en materia tributaria y aclaraba que la información obtenida será tratada de manera confidencial.
El acuerdo vigente fue ratificado en la AFIP, el Ministerio de Economía y la Cancillería con sus contrapartes estadounidenses, y desde el Gobierno indicaron que falta una última validación para que comience a regir.
La intención del propio Massa y del Presidente Alberto Fernández es que esté todo listo hacia noviembre, como para poder acceder a la información a partir de enero de 2023.
