La CTA Autónoma bonaerense junto al CECIM La Plata reiteraron su rechazo al proyecto de ley que beneficiaría a militares que violaron los derechos humanos en Malvinas. Se trata de una ley de privilegio que ingresó al Senado donde se le otorgaría a militares una doble prestación previsional que provocaría un agujero negro en el IPS, según indicaron.

Desde la central bonaerense y el Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM) La Plata se solicita que se revea la presentación del proyecto de ley referido en el expediente de 629/2223.

Allí, se plantea equiparar a ex militares que participaron en la guerra de Malvinas con el beneficio especial jubilatorio que tienen los ex soldados conscriptos que gozan de un reconocimiento especial jubilatorio para todos aquellos conscriptos que aportan al IPS.

En este sentido desde el CECIM expresaron: “Nos resulta imprescindible que el proyecto, que ya tiene media sanción en Diputados, se revea en el Senado dando cuenta de que, de aprobarse la equiparación de ex soldados conscriptos y militares retirados produciría situaciones altamente injustas para aquellos que sufrieron la violencia de una guerra y la violencia brutal de sus superiores”.

Según explicaron, algunos de los que ejercieron torturas sobre los propios soldados argentinos serían alcanzados por los beneficios que plantea el proyecto del diputado Fabio Britos, que además preside la comisión de previsión y seguridad social de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

Al rechazo de este proyecto de ley también adhirieron la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Abuelas de Plaza de Mayo, y distintas organizaciones y organismos de derechos humanos a nivel provincial y nacional.

“Ya hay sobradas pruebas de que la provincia no controla y continúa pagando pensiones a ex militares que por la condición de haber participado en la guerra de 1982, acceden al beneficio otorgado por la ley 12.006”, añadieron desde el Centro de Ex Combatientes.

En este sentido, cuestionaron la percepción de una pensión honorífica por parte de “quienes nunca se rozaron con el honor y fueron condenados a prisión perpetua por graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar”.

Respecto a la iniciativa propuesta por Brito, no dudaron en afirmar que “agravaría aún más la situción a 40 años de la guerra de Malvinas”.

En esta línea, consideraron que “desde un Estado democrático” no se puede reivindicar “a los militares que, además de ser responsables de provocar un conflicto bélico altamente perjudicial para nuestra reivindicación de soberanía sobre las Islas Malvinas, generó profundos padecimientos a los jóvenes obligados a combatir en condiciones infrahumanas”.

Por último, concluyeron: “El proyecto beneficiaría a militares de la propia dictadura que cometieron delitos de lesa humanidad”.