MYRYAN PRUNOTTO
Por: Patricio Ballesteros Ledesma
Con la designación como secretario de Comercio de Matías Tombolini, y la inédita fusión de las áreas Interior y Exterior de esa cartera, se abre una nueva oportunidad para que el Ejecutivo, más allá de guerras o peleas declaradas contra la inflación, logre de una vez contener la escalada de precios en alimentos y de los regulados en particular.
Cuando el INDEC publique el jueves próximo el IPC general y el de alimentos de julio se verá un indicador promedio de lo padecido en el último mes por los consumidores. Y claro está, a menores ingresos percibidos, mayor habrá sido el impacto en los bolsillos al momento de pagar las cuentas.
Que el Gobierno haya otorgado un refuerzo de ingresos hace dos meses y que en agosto pague un aguinaldo para el Plan Trabajar, un bono a los jubilados y pensionados de la mínima y un monto extra en la Tarjeta Alimentar es la confirmación de que falló en el combate a la inflación y que, por su declarada visión nacional e inclusiva, no puede dejar abandonados a la avaricia del mercado a millones de argentinos.
Más allá de la menguante asistencia a comedores y merenderos desde instancias estatales, el programa +Precios Cuidados con 1.360 artículos y los cortes de carne a precios acordados sólo le sirven a los que tienen un supermercado cerca y, como además son aprovechados por todos más allá de su poder adquisitivo, su disponibilidad siempre es fugaz.
El acuerdo de una canasta de 60 artículos con los comercios de cercanía de todo el país quedó demostrado que no funcionó, no sólo porque la oferta es muy limitada y su reposición poco rigurosa, sino porque la fiscalización estatal es prácticamente imposible (hay alrededor de 100.000 locales distribuidos en el territorio nacional).
Por otro lado, en todos los canales de comercialización se observa que los alimentos y productos de consumo masivo que no están alcanzados por los acuerdos suben casi a diario. Y en los controlados, la Secretaría de Comercio actualiza las listas del programa cada trimestre con subas del 3% en promedio y luego aparece ese incremento en varios artículos en pocos días.
Como la ley de góndolas sigue sin cumplirse, el acceso de pymes de varios rubros a las grandes superficies es casi imposible, y así las góndolas tienen pocas marcas que en su mayoría son de dos o tres fabricantes. Los supermercados no se abren a la competencia de segundas y terceras marcas que podrían competir con calidad y precio a las grandes alimenticias, que aún con sus escalas manejan precios altos y márgenes desproporcionados.
Es cierto que hay más ferias itinerantes y mercados de abasto directos del productor al consumidor, con alimentos de buena calidad, seguros y saludables a precios convenientes, pero todavía no son suficientes ni tan extendidos como para compensar las necesidades de una porción de la población cada vez mayor.
Mientras se preparan para realizar la tradicional caminata a San Cayetano el domingo 7 de agosto, con el habitual lema “Por paz, pan, tierra, techo y trabajo”, las y los trabajadores de la economía popular continúan sumando puntos de venta de alimentos y otros productos regionales en todo el país.
Aunque surgieron hace décadas con el objetivo de combatir el hambre, y se multiplicaron en épocas de alta inflación para acercar productos de la tierra directo a los consumidores, lograron aglutinarse en diciembre de 2019 en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
Esta joven organización gremial congrega a delegados y delegadas de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la agrupación Somos Barrios de Pie, el Frente de Trabajadores Darío Santillán, entre otras organizaciones y formalizó la situación de más de 300.000 personas dispersas por todo el territorio.
Asambleas populares en todo el país, estados de alerta y movilización y jornadas nacionales de lucha se sucedieron en todos los gobiernos, pero cuando la falta de trabajo se acentuó y además se dispararon los precios de la canasta básica alimentaria las manifestaciones se multiplicaron.
Piquetes en rutas, cortes de calles en CABA y reiteradas congestiones en torno al Ministerio de Desarrollo Social y la ANSES generaron la antipatía y hasta el odio de muchos, pero la visibilidad de sus reclamos al borde de la desesperación les permitió hacerse oír y lograr alguna respuesta concreta.
Sindicalizados o no, movilizados o no, subsidiados o no, hay otros cientos de miles de trabajadores independientes, gestores comunitarios, emprendedores sociales y pymes regionales que buscan hacerse un lugar en un mercado hostil a la competencia real y desde canales de comercialización informales frente a las grandes cadenas y los circuitos establecidos.
Cada vez más provincias y municipios impulsan el acceso de sus habitantes a los productos de la economía popular local, con carnes, lácteos, quesos, verduras, frutas, panificados, legumbres, miel, aceites, chacinados de óptima calidad a buenos precios.
También se ofrecen productos elaborados, preparados, especialidades, artículos de higiene y limpieza, ropa, calzado, juguetes, muebles y muchos otros rubros hechos por trabajadores de cada comunidad.
Existen planes del Estado Nacional para el asesoramiento y financiación para pequeños y medianos productores, que se instrumentan desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y proyectos específicos como el Programa Nacional de Titulación y Arraigo Rural, el Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar y el Plan Integral para las Mujeres de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, entre otros.
Con el objetivo de contribuir a la soberanía alimentaria y a la integración de las economías regionales y comunitarias, la Mesa de Articulación Interministerial (MAI) creó el programa federal “Acercar alimentos de productores a consumidores”.
Conformada por la Jefatura de Gabinete, los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca, Desarrollo Social, Desarrollo Productivo y del Interior; los organismos descentralizados-autárquicos: Senasa, INTA, INAES, INASE y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, trabajan de manera conjunta y articulada, compartiendo recursos y saberes que hacen a la identidad de cada uno de los organismos que la integran.
Comparten una misma metodología de trabajo, lo que posibilita la dinamización de redes con provincias y municipios en forma coordinada y se basan en cuatro criterios establecidos para seleccionar experiencias piloto: vulnerabilidad/exclusión – territorialidad – impacto – contexto social.
Del análisis preliminar surgieron 127 experiencias piloto, 143 localidades involucradas y un universo de impacto de 20 millones de ciudadanos.
Con esos datos, a partir de una plataforma web de construcción conjunta y de acceso compartido para todos los integrantes de la mesa, se relevan a productores que pueden transformase en proveedores. Y el año pasado se desarrollaron 6 encuentros de sensibilización para ciudadanos ligados a espacios de comercialización.
La iniciativa tiene como objetivo fortalecer, mediante acciones concretas y coordinadas, canales cortos de comercialización (mercados de cercanía), contribuir a la seguridad y la soberanía alimentaria, y la integración al comercio de las economías regionales y comunitarias.
Mientras el sector público continúa con sus políticas de apoyo, como las Mesas de Fomento del Asociativismo y la Economía Social, las iniciativas más antiguas se consolidan y surgen otras en todo el país, impulsadas por nuevos trabajadores de la economía popular y una demanda que se amplía al ritmo de la inflación creciente.
Por citar sólo un ejemplo del distrito más denso del país, con la gestión del gobernador Axel Kicillof nació Mercados Bonaerenses, un programa que promueve el desarrollo de canales alternativos de comercialización y garantiza el acceso a una oferta variada de alimentos para la población.
Esta política pública impulsa el trabajo local y en apenas dos años creó una red de 1.200 productores regionales y 42 puntos de venta asistidos con tiendas móviles de carnes, pescados, lácteos y pastas.
Desde el gobierno provincial afirman que esta iniciativa permite un ahorro de alrededor del 25% en alimentos en comparación con los canales tradicionales. Además se implementó la app Mercados Bonaerenses para geolocalizar las ferias y se ofrece un plan de descuentos para consumidores con la plataforma Cuenta DNI Comercios del Banco Provincia.
Además, según un relevamiento de la agencia Télam, en La Plata funciona de lunes a domingo el programa Tierra Verde y en Tapalqué, de lunes a sábado de 9 a 12.30 la Cooperativa Séptimo Varón ofrece todo tipo de productos lácteos.
También hay un sistema de Despensas Barriales en Brandsen, Berisso, Moreno, José C. Paz, General Rodríguez, Quilmes y Berazategui. Avellaneda tiene su propio Mercado Agroecológico, que funciona todos los días de 10 a 14 a metros del Acceso Sudeste.
