ENTRETELONES DE CASA ROSADA
La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, presentó el primer informe de “Incumplimiento de la obligación alimentaria en la Provincia de Buenos Aires: un problema estructural que profundiza las desigualdades de género” realizada en la Casa de la Provincia de Buenos Aires junto a la subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Lucía Portos.
Allí, se presentó una batería de propuestas para promover el cumplimiento de las obligaciones parentales por parte de los varones, en el marco de un enfoque de derechos y en pos de la eliminación de las violencias contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Los resultados indican que el 51,2% de las mujeres no perciben ningún tipo de aporte por parte del progenitor de sus hijas e hijos. Del 41,2% que sí recibe dinero, un 15,3% lo hace de manera irregular.
Es decir, más de la mitad de las encuestadas (66,5%) no recibe obligación alimentaria o solo lo recibe eventualmente. Solo el 10% considera que es suficiente para cubrir todos los gastos y necesidades de niñas, niños y adolescentes.
En una notable menor proporción (7,9%), las mujeres señalan que el progenitor cumple con sus obligaciones alimentarias a través de la cobertura de gastos y necesidades de manera directa.
“La transformación individual es posible a partir de proyectos y experiencias colectivas. Por más desalentador que sea el resultado de esta investigación, nunca es triste la verdad, pero creemos que tiene remedio”, expresó Díaz.
A continuación, consideró que “ese remedio es con Estado presente, es con políticas, gestión pública y con mucha articulación y fortalecimiento de nuestras organizaciones, políticas, sociales, comunitarias. Es el lugar desde donde vamos a construir cada vez más igualdad que es a lo que aspiramos”.
El informe resulta de un proceso de investigación cuyo objetivo es construir una hoja de ruta para la acción, visibilizar y proponer soluciones a la violencia económica y documentar los obstáculos existentes en el sistema actual.
La finalidad es plantear propuestas a los diferentes poderes y niveles de gobierno para realizar cambios que acerquen a las mujeres, niñas, niños y adolescentes el acceso al derecho a la obligación alimentaria.
Frente a la insuficiencia del monto percibido, o ante el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, las mujeres encuestadas describieron múltiples estrategias para garantizar las necesidades de sus hijas e hijos.
Las mujeres trabajadoras y de sectores populares deben incrementar los niveles de dependencia de otras redes, tanto económicas como de cuidado, incrementar la cantidad de horas de trabajo o endeudarse.
3/3📊Los resultados del mismo indican que el 51,2% de las mujeres no perciben ningún tipo de aporte por parte del progenitor de sus hijas y/o hijos. Del 41,2% que sí recibe dinero, un 15,3% lo hace de manera irregular. pic.twitter.com/c537TWG2WV
— Ministerio de Mujeres PBA (@MinMujeresPBA) June 29, 2022
Así, el incumplimiento de la obligación alimentaria hace pasar a las mujeres de la condición de acreedoras (ya que a ellas se les debe la distribución en igualdad de la manutención y el cuidado de hijas e hijos) a la condición de deudoras, afectando la posibilidad de ejercer una vida autónoma.
Además, se puso de relieve que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias vulnera el derecho de las infancias y juventudes a ser cuidadas, en todos los aspectos de su vida y desarrollo, por sus progenitores.
La falta de aporte económico al sustento vital de las y los hijos tiene un impacto sobre la situación de pobreza, la falta de autonomía y la sobrecarga de tareas de cuidado en las mujeres, a las que suelen hacer frente los hogares monomarentales.
La subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual Lucía Portos dijo que “hablar del incumplimiento de la cuota alimentaria es hablar de violencia económica pero también es hablar de dos fenómenos sociales muy importantes que son la feminización y la infantilización de la pobreza, y de la concentración de la riqueza en manos de varones”.
En esa misma línea, sostuvo: “Sabemos que la lucha contra las desigualdades estructurales es una lucha por la redistribución de la riqueza”.
Por su parte, la directora provincial de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad, Claudia Villamayor, reflexionó sobre la importancia de la investigación a la hora de generar políticas públicas.
“Pensamos la investigación como una estrategia que tiene que ver con el diseño de la política de Estado, por eso es fundamental conocer el terreno y tener una perspectiva situada, lo que nos permite saber por dónde viene la acción política para lograr normativa. La investigación es una herramienta política”, explicó.
La presentación de los datos y resultados de la investigación estuvo a cargo de la coordinadora del informe Sabrina Cartabia, la directora de Investigaciones Sol Calandria y la directora de Programas Especiales para la Igualdad de Género Lucía Cavallero.
La investigadora, socióloga, historiadora y educadora Dora Barrancos, quien participó como comentarista, señaló: “Es un informe pionero, que nos muestra que no hay sanción social para este brutal incumplimiento. Hay una naturalización, una suerte de indolencia social, donde el incumplimiento está permitido. Necesitamos un poder judicial que se entienda con la justicia”.
En este sentido, agregó: “Si tuviéramos una retención en la fuente de la cuota alimentaria, estaríamos en una enorme condición diferencial respecto a este presente tan inequitativo, tan desprovisto de derechos, tan ilegal, tan mancillador de los derechos humanos”.
Por su parte, la diputada nacional María Rosa Martínez destacó: “Es importante que esta investigación tenga el sentido de transformar la política pública, de afianzar derechos. No cualquier gobierno hace una investigación de este tema y se compromete a investigar acerca de esta desigualdad profunda, acerca del incumplimiento de derechos de niñas, niños y mujeres”.
Para llevar adelante esta investigación se implementó una estrategia metodológica cualitativa y cuantitativa, con instrumentos que se aplicaron de forma simultánea entre junio y agosto de 2021: a) una encuesta autoadministrada y espontánea mediante plataforma virtual con preguntas abiertas y cerradas; b) entrevistas en profundidad con un cuestionario semiestructurado.
En relación a la encuesta, se obtuvieron un total de 6.442 respuestas. La mayor parte de las encuestadas se ubica en los rangos medios de edad (un 40,4% entre 26 y 35 años, y otro 48,7% entre 36 y 55 años). En cuanto al nivel de estudios, predominan las de nivel superior (terciario o universitario) en un 56%, seguidos por un 25% con secundaria completa.
Respecto a la condición laboral, si bien la mayoría de las mujeres se encuentran trabajando en relación de dependencia formal (41,7%), también se registraron desocupadas (18,1%), trabajadoras por cuenta propia (9,8%) y de la economía popular (19,4%), y empleadas informales (7,3%). El 54% de las respuestas corresponden a hogares monomarentales.
Las entrevistas en profundidad fueron realizadas a tres grupos, con una muestra total de 52 personas.
El primer grupo estuvo formado por 18 informantes clave del Poder Judicial, entre ellas y ellos, juezas y jueces, abogadas y abogados, y defensores oficiales en contacto con la problemática. Un segundo grupo estuvo integrado por 7 referentas de organizaciones sociales y colectivos que trabajan con la temática.
Asimismo, se realizaron 15 entrevistas a diversos agentes del Poder Ejecutivo que desempeñan funciones clave, como representantes de las Áreas de Políticas de Género de varios municipios. El tercer grupo estuvo conformado por 10 mujeres que deben percibir obligación alimentaria por parte del progenitor no conviviente, así como también un adolescente y una psicóloga que trabaja con la temática.
