TRASLADOS PROTOCOLARES
Este martes la Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó la Ley 15.326 ordenando la suspensión del desalojo de las instalaciones de Aceros Ortega, una fábrica de Berazategui dedicada a trabajos de acero inoxidable, principalmente como proveedores de mobiliario de centros de salud.
Desde el año pasado, la familia propietaria y más de una decena de trabajadores y sus familias se encuentran en vilo a raíz de un conflicto legal que amenaza con arrebatarles la propiedad y sus puestos de trabajo, lo cual desencadenó una reñida lucha por preservarlos.
“Queridos compañeros y compañeras, hoy es un día para agradecer. Les compartimos la publicación en el Boletín Oficial, de la ley de suspensión de desalojo por 180 días de ACEROS ORTEGA”, indica un comunicado de la compañía publicado este viernes.
En ese sentido, continúa: “Gracias a la lucha, la resistencia, el compromiso de cada una/o de ustedes y el amor, se pudo mantener la fábrica y los puestos de trabajo en marcha. En nuestra querida ciudad de Berazategui, las chimeneas y los puestos de trabajo están vivos”.
Además, destacan que actualmente entiende en la causa un Tribunal laboral diferente al que inicialmente la tenía a su cargo, y sostuvieron que confían “en su sapiencia y humanidad”
Si bien reconocieron que “aún resta encontrar las herramientas para conseguir un crédito y/o subsidio para poder garantizar la solución final”, hacia el final añadieron: “Creemos que este es el camino, el de la unidad, la empatía, el sabernos parte de un todo y hacer lo necesario para lograr -aunque sea, a veces- un poco de justicia”.
El pasado 1 de mayo, el grupo de trabajadores de Aceros Ortega repudiaron la represión sufrida el miércoles 27 de abril a manos de fuerzas especiales de seguridad mientras se manifestaban en las puertas del Tribunal de Trabajo N°3 de Quilmes, ubicado en calle Alem N°430.
Se trata del mismo juzgado que llevaba adelante la causa desde los inicios, y que había sido duramente cuestionado por su postura favorable al desalojo. Actualmente, según le precisó a este medio la abogada de la familia Ortega, Vanesa Castro Borda, se hizo cargo del proceso el Tribunal de Trabajo N°4, al cual describió como “mucho más humano y sensible”.
La lucha por la continuidad de la fábrica se remonta más de un año atrás, cuando se conoció la dramática situación que afrontaba la familia Ortega y los trabajadores del lugar. En aquella ocasión, desde PoliticaYMedios nos contactamos con representantes de la fábrica para conocer en profundidad la problemática.
Según pudimos conocer, los dueños de la propiedad compraron “de buena fe y a título oneroso una propiedad en el año 2000, y a partir de ese momento, comenzamos a construir nuestra casa y desarrollar nuestro emprendimiento industrial”.
Castro Borda agregó que al comprarlo no tenían conocimiento de que la propiedad tenía un embargo parcial, y que nada pudieron hacer al respecto en estas más de dos décadas.
El secretario de Organización Nacional del Movimiento Unidad Popular (MUP), Silvio Galarza, que acompaña a la familia y los trabajadores, también le había explicado a este medio que el remate se realizó a espaldas de los propietarios.
“Cuando eso fue rematado, no se le avisó al dueño actual, ni se le dio la posibilidad de entrar en la posible compra por remate. ‘La Liga’, una organización de martilleros públicos, compró por 20 mil dólares todo el complejo, y cuando el actual dueño quiso arreglar la compra por esa cantidad, le pidieron 150 mil dólares por cada terreno”, detalló.
Es en esa línea que desde Aceros Ortega, a fines de abril de 2021, advertían: “No estamos dispuestos a entregar nuestras fuentes de trabajo y única vivienda familiar para ser entregada a los dueños de la especulación -financiera e inmobiliaria-. Los compradores en subasta aquí no tienen cara visible, nosotros si”.
A pesar de que los magistrados les dieron un ultimátum en audiencias celebradas en ese momento, según el cual debían acordar con los “nuevos dueños” o les esperaba el desalojo, desde la fábrica resistieron y actualmente lograron un considerable plazo otorgado por el Poder Legislativo de la Provincia de Buenos Aires para lograr juntar el dinero necesario que les permita adquirir la propiedad y continuar con las máquinas encendidas.
