La ruptura táctica del oficialismo en el Senado tomó por sorpresa a Juntos por el Cambio, que esperaba un triunfo con la vuelta al diseño del Consejo de la Magistratura de 1997 y todavía no lo encuentra.

Las cifras no se lo asignan: mientras que con la ley ya derogada por la Corte Suprema el oficialismo se hubiera quedado con no más de 3 sobre 6 legisladores con silla en organismo encargado de seleccionar y remover jueces, con las nuevas reglas en noviembre tendrá 5 y hasta 6 de 8.

¿Y cómo fue que Juntos por el Cambio peleando por un final que no lo favoreció? Hubo errores de cálculo, subestimación y mucha, demasiada tal vez, sumisión ante los actores de poder que necesitaban ayuda.

Hay lobistas propios que jugaron fuerte, como los radicales Ricardo Gil Lavedra y Ernesto Sanz, cercanos a la Corte Suprema, con intereses diversos. Algunos personales, dicen quienes los conocen.

En el PRO talla fuerte Pablo Tonelli, diputado, miembro de la Magistratura y asesor de Mauricio Macri en estos temas. También viejos operadores radicales con intereses en la justicia, como Daniel Angelici, enfrentado con Enrique Nosiglia por la última elección de Boca. Lo detesta.

Todos jugaron fuerte en el verano para que la mesa de Juntos por el Cambio emitiera un comunicado garantizando que sólo aceptaría una nueva ley del Consejo de la Magistratura si la Corte Suprema la presidía.

Ese cargo no sólo le permite un voto doble en caso de empate, sino también la administración de la justicia federal. Es todo lo que busca Horacio Rosatti.

El máximo tribunal había dado tiempo hasta el 15 de abril para sancionar una nueva ley, pero ni las vacaciones motivaron a los referentes de Juntos a tomarse un tiempo para decidir.

Tampoco importó que hubiera proyectos presentados por diputados radicales como Fernando Carbajal y Carla Carrizo que creaban una Magistratura sin la Corte a cargo, desechados a la fuerza por su jefe Mario Negri.

El líder de Juntos en Diputados buscó el final que se dio: que el Gobierno no tuviera los votos para imponer una ley y volvía la integración de la Magistratura de 1997.

Con ese escenario, se propusieron a los dos legisladores de Juntos para completar el organismo (el senador Luis Juez y la diputada Roxana Reyes) y esperaban que Cristina Kirchner y Sergio Massa apelaran a trampas burocráticas para demorar sus nombramientos.

No imaginaban lo que ocurrió: que la vicepresidenta encontrara una manera de quedarse con un consejero más y, si Massa se anima, podría imitarla y sumar otro en noviembre, cuando se eligen mandatos por 4 años.

O sea, si Juntos por el Cambio tuviera un presidente propio en 2023, pasaría casi todo su mandato con mayoría de legisladores kirchneristas participando de la selección y remoción de jueces.

No definirán la mayoría, pero serían demasiados como para molestar seguido. Y todo por un escenario buscado por la propia oposición. Increíble.

Con el hecho consumado, la mesa de Juntos, que integran los presidentes de partido y autoridades legislativas, optó por contrarrestar con un sinfín de presentaciones judicial.

Acumulaban nueve hasta el viernes y la expectativa de un fallo de la Corte, otro más, que esta vez impida la asunción de Martín Doñate, el senador por la minoría que eligió Cristina.

 Para cubrirse, la vice pidió su nombramiento en una nota que fue acompañada de la presentada por Massa para nombrar a la radical Reyes. Rosatti aún no sabe muy bien qué hacer. Y los jefes de Juntos tampoco. Ni siquiera tienen claro qué pasó.