La Sociedad Rural Argentina (SRA), sostuvo este miércoles por la tarde que la acción judicial impulsada desde la entidad para anular el cobro de retenciones a las exportaciones de granos siguen en pie, luego de que numerosos medios de comunicación informaran que había sido rechazada.

“Nos vemos en la obligación de aclarar que el amparo judicial que presentó la Sociedad Rural Argentina junto con la SR de Jesús María, no tuvo ninguna noticia en las últimas horas y sigue vigente el proceso judicial por la ilegalidad e inconstitucionalidad de las retenciones”, escribieron en un comunicado publicado en su sitio y redes sociales.

Al respecto, profundizaron detallando: “Lo resuelto por el juzgado de Córdoba tiene que ver con otra causa presentada por la Sociedad Rural de Río Cuarto y ese fallo es una cuestión enteramente procesal y nada dice sobre la ilegalidad de las retenciones”.

Por último, la entidad de productores agropecuarios de mayor envergadura advirtió que “de hecho, nuestra demanda será ampliada en las próximas horas luego del decreto que modificó las alícuotas del impuesto”.

Recordemos que, ante el incremento internacional en los valores del trigo a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, el Gobierno nacional definió aumentar el cobro de las alícuotas de derechos de exportación de la harina de soja y de otros subproductos del 31% al 33%, para crear un fideicomiso que permita contener el precio del trigo y los aumentos consecuentes que propiciaría.

La medida implica retrotraer el monto de las retenciones a los valores previos a la reducción que el propio Frente de Todos había impulsado.

Nos vemos en la obligación de aclarar que el amparo judicial que presentó la Sociedad Rural Argentina junto con la SR de Jesús María, no tuvo ninguna noticia en las últimas horas y sigue vigente el proceso judicial por la ilegalidad e inconstitucionalidad de las retenciones.

— Sociedad Rural (@SociedadRural) March 30, 2022

En las últimas horas, el juez federal de Río Cuarto, Carlos Arturo Ochoa, se había expedido ante un amparo de la Sociedad Rural de la ciudad cordobesa, considerando que no estaban presentes los requisitos para tramitar el caso como proceso colectivo, ya que la entidad de Río Cuarto no cuenta con legitimación para sustentar el reclamo judicial.

El recurso también reclamaba declarar anticonstitucional e ilegítimo el cobro de retenciones para exportaciones de productos agropecuarios, lo cual probablemente abonó a la confusión en torno a las implicancias del fallo.

El amparo colectivo había sido acompañado, además, por la Sociedad Rural de Adelia María y Asociación de Fomento Rural de Pueblo Torres (Vicuña Mackenna) y Ochoa evaluó que no se reunían los requisitos para tramitar el caso en representación de todo el sector.

Paralelamente, en el juzgado federal N°1 de Córdoba, el juez Ricardo Bustos Fierro, de 29 años de trayectoria en su cargo, viene recibiendo presentaciones de numerosas organizaciones agropecuarias y compañías privadas, buscando anular el cobro de las retenciones amparados en que el Presupuesto 2022 no fue aprobado.

En efecto, los intentos de la SRA de impedir que el Estado Nacional incremente su recaudación a través de la suba de las mencionadas alícuotas no sólo no han sido desestimadas sino que persiste latente un riesgo aún mayor para el Gobierno, que implica la posibilidad de quedarse sin los ingresos totales por retenciones.