LA INTERNA, DESDE ADENTRO
Al minuto que se conoció el proyecto de ley del senador oficialista Oscar Parrilli y su bloque sobre cobrar los impuestos correspondientes a los activos de argentinos no declarados ante la AFIP, varios medios convocaron a constitucionalistas y tributaristas a opinar sobre la iniciativa y la mayoría se opusieron.
Esta idea, que ya había sido propuesta por la vicepresidenta Cristina Fernández a fines del año pasado en el acto de la Plaza de Mayo, cuando le pidió al Presidente que busque el dinero fugado con ayuda del FMI y lo destine a pagar la deuda, era un tema caliente hacia dentro del Frente de Todos desde hace tiempo pero no había tenido un debate público.
Ahora salió a la luz y ya está generando repercusiones a mayor escala. La idea de crear un Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI, que estaría avalado por una ley nacional enviada al Parlamento si se aprueba, debería tener un tratamiento sobre tablas en las próximas semanas, aunque la oposición ya muestra sus reticencias y el apoyo popular no se observa a simple vista por desinterés o desinformación.
Hay quienes dicen que es improbable que se les pueda cobrar alguna penalidad pecuniaria (aporte especial de emergencia) a los dueños de esos patrimonios en el exterior, que incluyen tenencias en moneda local o extranjera, propiedades, sociedades off shore, acciones, ADR, ON, bonos, cripto activos, créditos y otros bienes. Si no se lo intenta, como ocurrió hasta ahora, seguro será imposible.
Los residentes argentinos alcanzados por este aporte deberán abonar una alícuota en dólares del 20% de esos activos externos, si lo hacen durante los primeros 6 meses de vigencia de la ley propuesta y un 35% en caso de hacerlo a posteriori. A su vez, quienes aporten información sobre la existencia de esos fondos podrán recibir una recompensa equivalente al 15% del monto denunciado (incentivo a colaboradores), que no podrá ser inferior a los $15 millones.
No hay que olvidar que, aunque es difícil de hacer el seguimiento y tampoco se ha avanzado mucho en la materia hasta ahora, la evasión impositiva y el lavado de activos están tipificados como delitos graves en el fuero penal económico y tienen condenas de prisión efectiva tras los juicios. No es lo mismo atrasarse con el monotributo unos meses, que el accionar sistemático de los evasores estructurales y seriales.
Como la persecución de estos delitos, así como el desmantelamiento de las guaridas fiscales, conocidas como “paraísos” por la belleza de sus paisajes, avanzan en todo el mundo desde los ataques terroristas de las últimas décadas, el seguimiento e intercambio de información entre los países es cada vez mayor en esta materia.
Tráfico de armas, financiamiento de atentados, trata de personas, narcotráfico y corrupción son algunas de las fuentes de fondos no declarados a nivel global, que terminan en jurisdicciones sin controles sobre su origen y con baja o nula tributación, y lentamente empiezan a ponerse bajo la lupa. La Argentina ha firmado convenios bilaterales con las autoridades fiscales de varios países para avanzar con estas investigaciones.
[Estiman recaudar entre US$20.000 y 70.000 millones]
Se calcula que existe un monto cercano a US$417.500 millones pertenecientes a residentes argentinos en el exterior, de los que una parte fueron exteriorizados mediante el blanqueo durante el gobierno de Mauricio Macri (US$130.000 millones), y otra parte fugados con parte de los fondos del crédito stand by pedido al FMI durante el final de su mandato.
Por lo tanto, una parte de esa millonaria fortuna está declarada en el país y desde esa situación tributa bienes personales y ganancias, pero otra porción muy significativa, antigua y reciente, permanece en la clandestinidad y nunca ha sido incorporada al patrimonio en blanco de personas y sociedades locales.
Desde el Gobierno nacional calculan que de lograr el objetivo del proyecto se podrían recaudar casi US$70.000 millones, una cifra similar a los dólares fugados durante la presidencia de Cambiemos, según un informe del BCRA, y al valor de las exportaciones argentinas de todo un año.
Otros, menos optimistas o más realistas, aunque todas las cifras estimadas en la informalidad son muy relativas, consideran que recuperar un piso US$20.000 millones en el mediano plazo sería todo un logro. En el blanqueo de capitales por decreto de Macri de 2016 se lograron recaudar algo más de US$10.000 millones.
"El conjunto de políticas económicas que se aplicaron desde enero de 2016 hasta octubre de 2019 facilitaron la fuga de capitales por más de US$ 86.200 millones y crearon las condiciones para la irrupción de un nuevo episodio de crisis por sobreendeudamiento externo", afirmaba la autoridad monetaria en un comunicado en 2020 cuando publicó ese informe.
[Sinergia fiscal entre organismos locales y extranjeros]
Además, el BCRA subrayaba que el incremento de la formación de activos en el exterior de los residentes (fuga de capitales), fue el resultado de un "profundo cambio de paradigma impuesto por la política cambiaria, monetaria y de endeudamiento tendientes a una desregulación de los mercados que impulsó el gobierno de Mauricio Macri".
Aquella investigación advertía que esa formación de activos en el exterior presentaba una notable concentración en unos pocos actores económicos, dado que un reducido grupo de 100 agentes realizó compras netas por US$24.679 millones. En particular, los 10 principales compradores de divisas explicaron la fuga de US$7.945 millones.
El total de personas humanas que compraron divisas en este período fue de 6,7 millones, mientras que de las jurídicas alcanzaron a apenas 85.279. La concentración también se observa cuando se diferencia entre personas humanas y personas jurídicas.
Apenas el 1% de las empresas que resultaron compradoras netas de divisas adquirió US$41.124 millones en concepto de formación de activos externos. En el caso de las personas humanas, tan sólo el 1% de los compradores acumuló US$16.200 millones en compras netas durante el período estudiado.
El Ministerio de Economía, la AFIP, la UIF, la CNV y el BCRA son algunos de los organismos internos que deberían cruzar información y ponerse a trabajar en este tema en toda su complejidad. También pueden contactarse con sus pares de otros países interesados en el derrotero de estos fondos para lograr dar con ellos en un trabajo conjunto y lograr beneficios comunes.
Por eso es que la semana pasada, CFK se reunió con el nuevo embajador de los Estados Unidos, Marc R. Stanley en su despacho del Senado ya restaurado tras las pedradas, en donde este tema formó parte de la agenda y en el que se establecieron estrategias para la mutua colaboración entre ambos países.
De hecho, en Washington siguen de cerca el tema, más allá del lavado de activos y la evasión de impuestos, y el presidente Joe Biden impulsa un proyecto legislativo para aumentar la presión fiscal sobre las grandes corporaciones y los multimillonarios de su país.
[Estarían implicados no más de 15.000 evasores]
El senador Parrili asegura que los fondos pasibles de ser alcanzados por causas judiciales pertenecen a no más de 15.000 grandes contribuyentes (evasores) y el 80% se encuentran atesorados en las Islas Vírgenes. Su proyecto no es un blanqueo ni una ventana de exteriorización, sino que pretende recuperar impuestos evadidos, y se basa en legislación vigente similar de los Estados Unidos.
La fuga de capitales y la evasión fiscal, sin embargo, no detuvo su marcha ni siquiera durante la pandemia. Por cercanía y conveniencia, Uruguay también ha sido y es uno de los sitios preferidos por los argentinos que prefieren no sólo invertir en campos y propiedades en el país vecinos, sino ocultar sus activos del radar de la administración fiscal local. Miami también lo era, aunque cada vez menos.
Algunos, en los últimos tiempos, incluso mudaron su domicilio real y fiscal del otro lado del río, para custodiar más de cerca sus bienes y, si están declarados ante la autoridad impositiva del estado uruguayo, pagar lo menos posible.
Sin embargo, estos ciudadanos emigrados pero con operaciones centrales en la Argentina también serán alcanzados por la ley propuesta, aclararon desde el oficialismo. También lo diferenciaron del fondo de apoyo solidario, ya que no es un virtual impuesto a la riqueza sino una penalización económica por única vez a los evasores fiscales. Luego, queda claro, deberán continuar con el pago de los otros tributos respectivos.
No es casual que en los últimos días haya reaparecido la idea de dolarizar la economía argentina, no sólo con el proyecto de un legislador de Juntos por el Cambio sino desde el discurso mediático del líder de La Libertad Avanza.
La necesidad de dólares para el desarrollo del país, y recuperar una parte de los que salieron gracias a la monumental deuda con el FMI ya no está en discusión. El debate está abierto y, más allá de sus resultados del proyecto legislativo presentado, lo importante es que se ponga en la agenda pública.
