DETENCIÓN DE CRISTINA
Medir por medir no tiene sentido, es un gasto de tiempo y dinero que no conduce a nada. Si no hay un objetivo previo y una voluntad de revertir los indicadores negativos, mensurar a la sociedad en una foto y dejar que la película se desarrolle en forma autónoma en nada contribuye a que la mayoría de los actores puedan vivir mejor.
Si al cabo de la campaña del Censo Nacional 2022 que se está desarrollando en todo el país, esa información y datos actualizada no se traduce en estrategias, proyectos y acciones políticas, el Estado y toda la sociedad seguirán diagnosticando necesidades y problemas en lugar de abordarlos y solucionarlos.
De qué sirve saber cuántos somos y cómo vivimos, si a lo largo de una década se observa que los temas de fondo siguen en el debe y en el haber se acumulan beneficios coyunturales. Pobreza, indigencia, desocupación, jubilaciones figuran en la lista de pendientes desde hace por lo menos medio siglo, son deudas sociales en default permanente.
Es cierto que en ciertos aspectos, vinculados a derechos adquiridos y reivindicaciones ciudadanas ha habido avances, pero sobre otros temas pasan los años y cada vez que se abordan es para mitigar sus efectos en un lapso en lugar de trabajar en las causas estructurales. La espiral inflacionaria es uno de ellos, sin lugar a dudas.
Esta semana se reunió el Consejo del Salario, que integran gremios, empresas y funcionarios, para establecer una pauta de ajuste del mínimo, vital y móvil para el año en curso. El día anterior, el INDEC publicó el índice de precios al consumidor del mes pasado, que dio un 4,7% a nivel general en el país y del 7,5% en el rubro Alimentos.
En lo que va de 2022, ambos indicadores suman un incremento del 8,8% y 14,2%, respectivamente. Pero si se estima la variación mensual interanual su incidencia es mayor: 52,3% para el IPC general y 58,8% en el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas. El año pasado la inflación anual dio 50,9% y en 2022 casi nadie duda que terminará siendo mayor.
[En la canasta entran cada vez menos huevos]
Aún con esos datos alarmantes a la vista, la asamblea tripartita fijó un aumento en cuatro tramos que llegará al 45% en diciembre, lo que en valor sería $47.850 a fin de año. Si la inflación supera este porcentaje, lo que según los primeros índices podría ocurrir tarde o temprano, en el segundo semestre se revisaría este acuerdo salarial.
El problema es que con la evolución actual, como ya ocurrió el año pasado y en un contexto de rebote de la actividad muy notorio, los ingresos caminan a los tumbos y los costos corren y saltan. Los haberes salariales, pero los honorarios de los profesionales y los trabajos informales sobre todo, pierden poder adquisitivo todos les meses frente a un alza constante de los precios.
Este jueves, mientras los senadores iniciaban el debate de la ley del acuerdo con el FMI en el recinto, el INDEC publicó los indicadores de la canasta básica total y la alimentaria, que establecen los índices de la línea de pobreza e indigencia para el país.
La canasta básica alimentaria trepó un 9% en promedio en febrero (3,3% subió en enero), mientras que la canasta total subió el 6,6% (4,2% dio en enero). Ambos valores, en la comparación interanual, representan sendas subas del 52,2% y 44,5%, respectivamente. El citado aumento del salario mínimo entonces ya queda hoy retrasado.
Es decir que un hogar de 4 integrantes del GBA necesita $37.414 para no ser indigente, y para no ser pobre el grupo familiar necesita sumar al menos $83.807 al mes. Si se toma en cuenta sólo a un adulto mayor, el primer valor es de $12.108 y el segundo de $27.122, en promedio en el ámbito bonaerense.
Desde el organismo aclaran que la canasta básica alimentaria se ha determinado tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades.
[¿Un adulto puede comer por $12.000 al mes?]
No se indica que nutricionistas avalan esa premisa, pero cualquier individuo con esa edad sabe que con ese ajustadísimo importe no se cumple para nada el postulado al que se refiere. Una mezcla de indignación y bronca producen estos presupuesto oficiales: medir así es falsear la realidad y burlarse de los ciudadanos.
Da vergüenza ajena y demuestra falta de empatía la cita de “requerimientos normativos”, en lugar de observar las necesidades reales nutricionales y las capacidades objetivas de pagar los alimentos que las cubran. Ese valor fijado para un adulto en su alimentación mensual equivale al ticket de la cena en un restaurante de un funcionario o un legislador.
Según la Dirección de Índice de Precios de Consumo del INDEC, si el hogar tiene 5 integrantes, compuesto por un varón y una mujer, ambos de 30 años, y tres hijos de 5, 3 y un año, la canasta alimentaria suma $39.351 y la total $88.147 por mes.
Nuevamente, el impacto es mayor en el rubro alimentos y, por lo tanto, más significativo y preocupante para los sectores de menores ingresos, que destinan la mayor parte de su dinero a comprar comestibles.
Estos valores promedio son mayores en CABA donde, en alimentos solamente, implican un costo adicional de $10.000, mientras que en las provincias el transporte y los servicios acarrean mayores gastos.
Corre marzo y, antes de que lo mida el instituto oficial, todos saben que estos indicadores serán peores frente al dato del mes pasado. No por ser agoreros, sino porque al salir a hacer las compras los aumentos se observan y además por el impacto añadido de las subas de combustibles, telefonía y otros servicios.
El punto es que esa canasta alimentaria básica de febrero ni siquiera iguala al salario mínimo hoy vigente en $33.000, que es lo que logran sumar muchas familias como todo ingreso mensual. El afortunado que lo duplica, ni siquiera cubre la básica total, que también incluye el rubro alquileres, transporte y otros consumos mínimos.
[Cuatro de cada diez argentinos son pobres]
Según la encuesta permanente de hogares, y su última actualización oficial el primer semestre del año pasado, se encuentran bajo la línea de pobreza el 31,2% del total en el país, mientras que los individuos, las personas en esa condición son el 40,6% de los argentinos.
En los 31 aglomerados urbanos que mide la EPH, esos porcentajes significan que 2,9 millones de hogares y 11,7 millones de ciudadanos son pobres y, de ese universo, 756.000 hogares y sus más de 3 millones de ocupantes son indigentes. Un gran parte no tiene ingresos regulares y padecen inseguridad alimentaria, como tampoco lo que se puede considerar un “hogar” digno, más allá de los estándares estadísticos.
Llegar a fin de mes no es fácil para el promedio de los empleados, pero para los trabajadores independientes pasar la primera quincena ya es toda una proeza. Mucha gente se endeuda, ya no para tomarse unas vacaciones o comprar un bien durable, simplemente para pagar las facturas, el alquiler y alimentarse lo mejor posible cada día.
Un amplio sector ni siquiera puede comer bien cada jornada: si es una familia amplia, los mayores resignan comidas para que no le falten a los menores. Los comedores populares se multiplicaron y el problema es que varios reciben sólo hidratos (no frutas, verduras y carnes), y encima denuncian que en enero fue la última provisión. Los gastos de transporte y salud, también inciden fuerte en un presupuesto cada vez más ajustado.
Una parte de los salarios registrados le ganó o empató a la inflación al final del 2021 y esa estrategia de corregir en forma trimestral, con cláusulas gatillo y montos no remunerativos, provocó para los trabajadores una incertidumbre constante y la imposibilidad de programar nada a un año vista.
El salario mínimo que incide directamente en los ingresos de los empleados en relación de dependencia, y orienta a algunos sectores independientes y cuentapropistas, recién aumentaría un 18% en abril desde el valor actual. Pero en este caso, la relación de fuerzas entre el que paga y el que cobra no garantiza un cumplimiento efectivo y menos a esos valores.
Para los trabajadores que no tienen convenios colectivos, o los que están en el gran universo de la economía informal con ingresos en negro, su incidencia real es muy relativa o nula. En los que cobran quincenas, los jornaleros o los que hacen changas, esos acuerdos macro quedan reducidos a la buena voluntad del patrón.
La batería de medidas que el Gobierno ensaya por estas horas para contener la inflación sigue apuntando a la oferta, en lugar de sostener el poder de compra de la demanda. No es por ahí, claramente. La realidad, la calle, el mercado lo refutan a diario.
