CORTES DE ESTATALES
En momentos en que el Gobierno cerró el acuerdo con el staff del FMI y el proyecto de ley relacionado se comenzará a tratar esta semana en el Congreso, la evolución de las cuentas públicas marcará de ahora en más un antes y un después.
No sólo los ingresos del Estado marcaran el ritmo de la actividad y las posibilidades de afrontar los gastos e inversiones anunciadas y prometidas, sino que será el propio organismo internacional el que pondrá la lupa en la evolución de estos y otros números de la economía nacional.
Con la revisión trimestral acordada, no sólo los funcionarios de la administración nacional que responden a Alberto Fernández, sino los extranjeros que monitorean los números en nombre del organismo acreedor, seguirán las cuentas públicas y evaluarán en qué medida se ajustan a lo acordado.
Aunque sea el mejor acuerdo posible como señalan en el Ejecutivo, y si bien esa no es la visión homogénea ni en el propio espacio político del Gobierno, todos saben que las restricciones en el margen de acción son muchas y que la periódica evaluación externa no hace más que condicionar la autonomía en la toma de decisiones.
Si el Parlamento acompaña o no la legislación enviada para su aprobación antes del 22 de marzo tiene una importancia relativa, ya que si bien podrá debatirse hasta esa fecha límite no generará cambios en su articulado, ni suspensión del compromiso firmado con el FMI si la votación resulta negativa.
Claro que de resultar aprobada por la mayoría de los legisladores, su entrada en vigencia daría un respaldo amplio al acuerdo de facilidades extendidas logrado, ya que su implementación compromete al país más allá del actual período de gobierno, y demostraría un mayor compromiso de todo el arco político en alcanzar sus objetivos.
En cualquier caso, ya no hay marcha atrás. Tras dos años de idas y vueltas, con todo lo que eso implicó para la Argentina a nivel interno y en la mirada internacional, la incertidumbre sobre el repago de la deuda externa derivada del programa stand by firmado por el expresidente Mauricio Macri llega a su fin.
Ahora le toca al Gobierno, los gobernadores, la oposición y a toda la población afrontar los nuevos compromisos que implica haber alejado el default e iniciar un camino de estabilidad económica y financiera, que permita afrontar las deudas sin resignar capacidad de crecimiento ni derechos sociales adquiridos.
[Las variables que implican mayores desafíos]
El presidente Alberto Fernández dijo en el discurso de apertura de sesiones legislativas que no habrá reformas jubilatoria ni laboral, en tanto que el ministro de Economía Martín Guzmán remarcó en una entrevista que se ampliarán derechos en lugar de restringirlos.
Ambos saben que de no ser así, y tal como lo pidieron en el inicio del mandato, el pueblo saldrá a las calles para reclamar. Incluso dentro del espacio oficialista, antes de cerrar el acuerdo, algunos dirigentes dieron un paso al costado mostrando su disidencia con el rumbo elegido. En el Congreso se verá cuál es el humor dentro del Frente de Todos.
La emisión monetaria que se disparó durante la pandemia para sostener a empresas, trabajadores y desocupados ya no será posible, así como tampoco mantener el déficit fiscal en alza de los últimos dos años. El compromiso es bajarlo al 2,5% del PBI en 2022 y al 1,9% el año próximo.
La inflación indomable, que anualizada ya está igual al 50,9% alcanzado en 2021, requiere de herramientas superadoras y eficaces que todavía no aparecen, mientras una gran parte de la población continúa por debajo de la línea de pobreza o a punto de caer en la indigencia.
Por otro lado, la restricción externa, que limita las importaciones necesarias para incrementar la producción local y a su vez generar más divisas a través de las exportaciones con valor agregado, ahora enfrenta un contexto inesperado con el conflicto en Ucrania.
Sin haber salido de la pandemia, y con esta incursión armada de Rusia en su país vecino, las consecuencias globales y locales derivadas enfrentan a la Argentina, y en particular a su comercio exterior, con nuevos desafíos y una mayor incertidumbre. Los precios internacionales de alimentos y energía escalan como la guerra en el Mar Negro y surgen trabas adicionales en la logística y los stocks.
Desde el Gobierno argentino toman nota de todos los escenarios posibles pero saben que a nivel interno, como ya lo están haciendo con las tarifas de los servicios públicos, y más allá de lo acordado con el FMI, hay varios temas que tiene que ser revisados ante el nuevo panorama.
Impuestos y evasión, subsidios energéticos, costos y precios de alimentos, tipo de cambio y tasas de interés, recaudación/gastos, inflación/salarios son algunos de los más acuciantes. Sin dudas, la última dupla es la que más complica a la economía a nivel macro y a las personas que no pueden cubrir su canasta básica alimentaria.
[La recaudación crece en forma interanual]
Los recursos tributarios a nivel nacional marcaron en febrero un incremento interanual de 62,8%, cuando alcanzaron a $1.166.514 millones, impulsados sobre todo por los derivados del comercio exterior, que treparon el 70,3% en el citado mes. Esta trepada año contra año, sin embargo, representa una caída real del 0,5% con relación a enero del corriente.
Esta performance confirma una expansión en términos reales por 18 meses consecutivos y superior a los valores alcanzados desde 2016, según comunican desde el Ministerio de Economía. En términos relativos, el Impuesto PAIS dio un salto interanual del 220,3%, si bien en valores absolutos sumó 19.178 millones.
En particular en el comex, el mayor impulso provino de los Derechos de Exportación, que registraron un aumento de 71,1% interanual, por el alza de los volúmenes enviados y de los precios internacionales de los principales productos, mientras que los Derechos de Importación y Tasa Estadística aportaron en conjunto un 67,8% de incremento.
Además contribuyeron en esta expansión año contra año los mayores ingresos del Sistema de Seguridad Social (66,1%), impuesto a las Ganancias (65,6%) y tributos ligados a la actividad económica (56,5%).
Dentro del grupo de impuestos que otorga una mayor progresividad al sistema, Ganancias creció un 65,6%, que sumaron $243.352 millones, más allá del evidente impacto de las reformas de 2021 para aliviar la carga tributaria de los contribuyentes en relación de dependencia.
La buena recaudación se atribuye entonces a las mejoras registradas en el mercado laboral y al crecimiento sostenido de la actividad económica. Por otro lado, el impuesto a los Bienes Personales experimentó en febrero un incremento interanual del 43,9%, con un total de $30.404 millones ingresados.
Por su parte, los tributos que responden a la actividad económica ordinaria, entre los que se incluyen los más regresivos y aún sin cambios del sistema, crecieron un 56,5%. En particular, registraron subas el Impuesto a los Créditos y Débitos (70,8%), el IVA (58,2%), los Internos Coparticipados (41,8%) y el impuesto a los Combustibles (27,1%).
[Financiación externa para el primer año del acuerdo]
La posibilidad de una cesación de pagos impedía la financiación internacional a tasas razonables, tanto al Estado como a los privados, pero la firma del nuevo acuerdo por la deuda genera más confianza y seguridad sobre el futuro de la Argentina.
Aunque el riesgo país se mantiene arriba de los 1.900 puntos, lo que implica una sobretasa del 19% para acceder al crédito internacional, que por otra parte no abunda en estos tiempos, el nuevo status del país debería bajar ese indicador.
De todas maneras, la semana pasada el Gobierno aseguró que obtendrá US$2.600 millones de financiamiento externo neto, con el compromiso firme de diversos organismos de crédito de socios oficiales durante el primer año del acuerdo con el FMI.
Así lo consignó en un Memorando de Políticas Económicas y Financieras anexado al proyecto de ley enviado al Congreso, que además contiene el acuerdo técnico con el organismo de crédito. Faltaría conocerse cuáles son las tasas y plazos de esos préstamos.
El financiamiento provendrá del Banco Mundial, que se prevé le otorgue a la Argentina US$792 millones, del Banco Interamericano de Desarrollo, por US$959 millones y de la Corporación Andina de Fomento por US$55 millones.
Por otro lado, se recibirán préstamos del Fonplata (banco de desarrollo integrado por Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Argentina) por US$74 millones y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por US$58 millones. Además, por el lado bilateral oficial, proyectan financiamiento neto de China por US$455 millones y de otros bancos bilaterales por US$207 millones.
En otro orden, en el memo oficial se aclara que continúan las conversaciones con el Club de París, la organización de acreedores con la que el país se comprometió a pagar la deuda pendiente antes de abril para no entrar en default.
Es que la Argentina y el grupo de 22 países miembros permanentes firmaron un acuerdo transitorio a mediados de 2021, para esperar un acuerdo previo con el FMI y extender hasta el 31 de marzo de este año el plazo de cancelación de los US$2.430 millones pendientes.
En el citado texto enviado al Parlamento se estima cancelar compromisos a ese grupo de acreedores por unos US$760 millones durante 2022, de los que se pagaron US$189,6 millones el 25 de febrero, si bien continúan las negociaciones para arribar a una reestructuración del saldo restante.
[Se necesitan dólares para invertir, no especular]
La lluvia de dólares no existe, salvo cuando tiene fines especulativos: se incentiva a los fondos de inversión o “capitales golondrina” a entrar a un país, hacer negocios con las tasas de interés o los instrumentos financieros de corto plazo y luego se les da libre salida.
La Argentina tiene una larga y ruinosa historia en esta operatoria que abre la cuenta capital al mundo y recibe flujos millonarios sin restricciones. En ocasiones, la apuesta financiera es contra el país y, a sabiendas, se la impulsa y estimula desde los brokers privados pero también en la esfera pública.
No vienen a invertir en el país, en la economía real o en infraestructura y por largo plazo, sólo aprovechan una ventana de oportunidad rentable allí donde se la presentan, y en donde más pueden ganar no por la confianza en esa economía sino por las ganancias que se le ofrecen durante un lapso.
Incluso, a mayor riesgo más atractiva es la ganancia probable, pero una corrida cambiaria, la insolvencia de los bancos o un cierre de los mercados pueden cortar de un día para otro esa operatoria. Así ocurrió varias veces en diversos períodos y casi siempre todo terminó mal, peor fronteras adentro.
Sin ir más lejos, así ocurrió durante el anterior gobierno nacional, y para cubrir a los bancos locales y a los inversores globales es que se tomó gran parte del crédito con el FMI, que permitió sostener a las entidades financieras involucradas a nivel interno y devolverle los dólares a los apostadores externos (e internos, algunos funcionarios) que querían retirarlos.
A eso se lo llama fuga de capitales, o formación de activos externos, pero más allá del nombre significó un nivel de endeudamiento inédito para un país con el organismo de crédito internacional y para unos fines que no son los autorizados por su propia carta orgánica.
[Se despeja el frente externo, pero falta la macro]
Ahora que se está en el camino del repago, el mundo financiero global tiene una mirada de certeza sobre la Argentina, que así demuestra su intención de seguir cancelando los vencimientos en el futuro, pero las debilidades de la macro y la omisión de reformas estructurales al estilo neoliberal igual complican la accesibilidad a un mayor financiamiento externo y restringen el interés inversor.
El aumento del swap con China en US$3.000 millones, que sirve para consolidar las reservas brutas del BCRA de US$37.045 millones y conseguido tras el viaje presidencial a ese país a principios de febrero, demuestra que algunos socios comerciales y estratégicos mantienen la confianza en esta administración.
Un pedido similar y simultáneo del ministro de Economía argentino a su par ruso en Moscú por la cesión de derechos especiales de giro (DEG) de ese país no tuvo la misma respuesta afirmativa, aunque sí consiguió cerrar algunos acuerdos de inversión y comerciales pendientes.
De todas maneras se van liberando fondos de organismos multilaterales de crédito como el BM, el BID y la CAF, que históricamente han apoyado al país, aún en tiempos turbulentos. Así como mes tras mes llegan nuevos anuncios de inversión extranjera directa (IED), en varios sectores de la economía doméstica y con proyectos de diversa escala de mediano y largo plazo.
El Monitor de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional de la Cancillería relevó 217 anuncios de inversiones futuras durante 2021 por un total de US$27.779 millones, sobre todo en energías renovables, petróleo y gas, y minería. Sólo en el último trimestre del año, los anuncios totalizaron US$16.095 millones.
Elaborado en base a datos de la OCDE, CEPAL e INDEC, en ese informe se consigna que en los tres primeros trimestres del año pasado la IED en el país sumó US$5.110 millones, un monto superior al total de 2020 y 7,9% mayor a igual período de 2019.
[Deuda pública récord y roll-over del 147%]
Pero en el Gobierno saben que, más allá de lo que se pueda conseguir del exterior, para los gastos corrientes y las inversiones en el ámbito interno, el fondeo en pesos es vital. Y de hecho, en el acuerdo con el FMI se apunta a fortalecer el financiamiento en moneda local.
Cuando desde la oposición se afirma que este gobierno se endeuda más en dólares que el anterior, se transforma en moneda extranjera el financiamiento que busca el Estado en el mercado de capitales local.
Más allá de la intencionalidad, esta conversión es un error. Eso es mezclar peras con manzanas, como dice el refrán, porque nada tiene que ver una deuda con otra, no sólo por su nominalidad sino por el tipo y origen del acreedor.
La propia Secretaría de Finanzas aclara que “se utiliza el dólar como unidad de cuenta para dar comparabilidad y estandarizar las estadísticas”. Pero además, su refinanciación viene realizándose con un alto nivel de aceptación y, en todos los casos, sin inconvenientes en los pagos al vencimiento.
De hecho, en el primer mes de 2022, la Secretaría de Finanzas colocó instrumentos de deuda pública por $437.490 millones, lo que permitió alcanzar un ratio de refinanciamiento o roll-over del 147%, según el resumen ejecutivo.
Es cierto que esto patea la deuda para adelante y aumenta el costo por intereses, pero así funciona el sistema, y bajar los gastos o aumentar los impuestos (todavía) no está en los planes. Salvo la quita de subsidios energéticos a sectores acomodados y las modificaciones en Ganancias y Bienes Personales, más un posible tributo sobre las herencias.
El monto de la deuda en pesos se puede pasar a dólares para cuantificarlo de forma llamativa (US$4.030 millones en un mes), pero en las cuentas del Estado se computan en moneda local, y el pasarlo a dólares es un error contable y un capricho conceptual. Si fuera moneda extranjera no se obtendría ese monto en 30 días, la tasa debería ser altísima y tampoco habría capacidad de pago real al vencimiento.
Entonces, en enero pasado el Tesoro enfrentó vencimientos por $297.875 millones y colocó una variada canasta de instrumentos por un valor efectivo adjudicado en las licitaciones de $437.490 millones, por lo que el financiamiento neto mensual fue de $139.615 millones. Esto demuestra que el fondeo en pesos continúa creciendo y que se mantiene alto el interés del mercado por esta alternativa.
[Dos tercios de la deuda se ajustan por la inflación]
El stock de deuda pública en pesos totalizó $8,2 billones y mostró un incremento mensual del 6% (+ $459.041 millones), explicado por el aumento de letras y bonos ajustados por el CER del 8% (+ $481.927 millones). Sin embargo, los instrumentos nominales arrojaron una caída mensual del 2% (- $22.886 millones), mientras que los instrumentos DLK (dólar linked) y USD no mostraron variaciones en ese mes.
En perspectiva, los vencimientos proyectados hasta julio alcanzan un monto total de $3,2 billones, una cifra algo inferior a la base monetaria total del país ($3,7 billones, según el BCRA). Considerando el perfil de vencimientos por tipo de tasa, el 58% está representado por instrumentos ajustados por el CER, el 33% por tasa fija, el 6% por DLK y el 3% restante por tasa variable (Badlar).
Finalmente, los Creadores de Mercado se adjudicaron un valor nominal de $161.277 millones (+17% mensual) en la primera vuelta y $45.287 millones (+100% mensual) en la segunda vuelta de las especies elegibles en las licitaciones del 12 y el 27 de enero.
El vencimiento de instrumentos pagaderos al 22 de febrero totaliza $524.858 millones y a igual fecha de marzo se suman otros $873.639 millones, el mayor monto a cancelar o refinanciar del primer semestre.
Cuando el estado sale al mercado tan fuerte a fondearse en pesos, compite de alguna forma con los privados que buscan financiación para sus empresas y negocios. Quizás por eso es que, a la par, ofrece líneas de crédito con tasa preferencial para proyectos productivos e industriales de pymes.
Sin embargo, desde hace años que viene estancada la inversión privada, salvo en construcción y maquinarias, entre otros motivos, por las altas tasas de interés de los préstamos disponibles, el tipo de cambio y la fuerte presión tributaria para las pymes.
Tras años de recesión y desinversión, a fines de 2020 la inversión bruta interna comenzó a crecer, con un pico en abril de 2021 (54,5%), y a partir de ese mes volvió a caer mes tras mes. Habrá que ver qué ocurre este año, con el horizonte más despejado tras el acuerdo con el FMI.
