“AUMENTOS ABUSIVOS” Y “CARTELIZACIÓN”
Cuando el miércoles 15 se conoció el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero que publica el INDEC nadie se sorprendió. La variación mensual nacional dio 3,9%, pero en el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas trepó al 4,9% y fue la de mayor incidencia a nivel nacional.
Esa medición oficial es un promedio general, pero cualquiera pudo comprobar que algunos valores subieron por el ascensor, como lechuga, papa, tomate, cebolla, limón y naranja, en el rubro verduras y frutas.
Las categorías estacionales treparon un 9% y los regulados 2,8%, febrero ya muestra la tendencia alcista y para marzo las subas en las tarifas y servicios volverán a impactar fuerte en el índice.
El Gobierno estimaba un valor menor, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), que recaba el BCRA entre consultoras y economistas daba un porcentaje similar al alcanzado, y los consumidores ya habían padecido los aumentos generalizados durante el mes y pagado sus consecuencias con más billetes.
La variación interanual de enero marca el 50,7%, un porcentaje similar al 50,9% que alcanzó el IPC general de 2021 y que estableció un piso muy alto para este año. La inercia alcista sumada a la habitual suba de precios en la temporada estival genera un arrastre estadístico que tiene sus efectos en los primeros meses de 2022.
Si el precio de algunos cortes bovinos se pudo contener en parte por una mayor oferta volcada al mercado interno, la estacionalidad en frutas y verduras provocó una disparada que tocó valores irreales. Un kilo de tomates a $600 o de lechuga a $800, provocan que en un asado sea más cara la ensalada que la carne o la bebida.
[En la búsqueda de un precio justo]
El Mercado Central de Buenos Aires tiene un acuerdo de precios de frutas y verduras en su feria minorista a la que, por tiempo y distancia, sólo pueden acceder unos pocos. Sin embargo, es útil acudir a su web donde salen publicados valores mayoristas y minoristas de muchos productos de diferentes categorías.
Más allá de los acuerdos de Precios y Cortes Cuidados, todos los meses se observan saltos en alimentos frescos, secos, aceites, bebidas, congelados, estacionales, en forma alternativa o simultánea. Las ofertas con descuento en la segunda unidad sólo abultan la compra en lugar de reducir el ticket final.
Los valores de referencia sirven como indicador pero la dispersión de precios ya no es entre ciudades sino entre barrios, y en un área de pocas cuadras los valores se duplican para un mismo artículo. En los productos sin acuerdo, el precio no está en discusión: tómale o déjale.
Las ofertas se terminan antes del mediodía y el nivel de reposición de los acordados es menor en las góndolas, ya que el esfuerzo se vuelca a vender los productos que no están en la lista controlada y que dejan un mayor margen de ganancia a las cadenas y los fabricantes.
En los almacenes de barrio, en los supermercados chinos y otros comercios de cercanía que no participan de esta política pública y que, por otra parte, es donde la mayoría de la gente de menores recursos realiza su compra diaria, la disparidad es enorme.
El costo de la canasta de alimentos en la primera quincena de febrero, que releva la asociación Consumidores Libres en supermercados y negocios barriales de CABA, aumentó el 2,99% y acumuló un 8,09% desde que empezó el año.
[La concentración que impide la competencia]
Ahora se empieza a hablar de la creación de una Agencia Nacional de Alimentos, una idea que lanzaron desde el Ministerio de Desarrollo Social y que están analizando como alternativa para ofrecer una oferta alternativa de precios en la canasta básica para los sectores con inseguridad alimentaria.
Se trata de conectar a través de una empresa estatal a miles de pymes productoras y elaboradoras con los mercados de consumo, para que lleguen sus diversos alimentos a precios razonables a la mayor cantidad de personas.
La alta concentración en la oferta de materias primas alimenticias y productos elaborados en el país, es uno de los factores que facilita la suba de precios, aunque no el único, y que dificulta no el control estatal sino la competencia en el mercado.
Por ejemplo, si sólo las dos mayores proveedoras de leche para consumo humano tienen casi el 90% de participación en ese sector, para un tambo es difícil no venderle a ellas su fluido perecedero y para la gente es casi imposible buscar alternativas en las cercanías de su hogar.
Procesar el insumo en origen, descentralizar la industrialización, multiplicar los puntos de venta regionales, facilitar a las pymes el ingreso a las grandes superficies y establecer un precio sostén para sus productos. Existen iniciativas pero no son masivas todavía y su extensión precisa de muchas voluntades concurrentes.
Desde Agricultura se arman reuniones con productores agropecuarios para llegar a acuerdos, desde Economía se utiliza la misma estrategia con las cadenas de procesamiento y comercialización. Desarrollo Productivo, Comercio Interior y otras reparticiones trabajan en la misma línea, pero la realidad es incontrastable.
[La estrategia del Estado y su nivel de eficacia]
Desde que inició su gestión en el gobierno, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, tomó la responsabilidad de coordinar diferentes áreas hacia adentro, para facilitar el control de precios en productos y servicios claves para la población.
El objetivo es mantener el consumo de manera que, aunque no bajen los precios, los salarios no pierdan poder adquisitivo y que el motor de la economía si no crece se mantenga. Pero si las empresas no producen más, el ajuste será por precios invariablemente.
Casi el 70% de la actividad en el país se sustenta en el consumo privado, pero la inflación lo ataca todos los meses y su impacto es mayor en los sectores de menores ingresos, sobre todo en la canasta básica alimentaria. Ese nudo aún no se logra desatar.
Desde la misma área ministerial que Guillermo Moreno en el pasado y su antecesora Paula Español, Feletti utiliza las herramientas disponibles para la contención y el equilibrio pero los alcances y eficacia de esas políticas son parciales.
Los acuerdos voluntarios sucesivos establecen ajustes trimestrales, que permiten incrementos moderados distribuidos a lo largo del año. Son varias las empresas que no los cumplen en cantidades y con regularidad, pero además son muy difíciles de controlar y si se aplican sanciones o multas resultan inconducentes.
Ya no es una cuestión de tiempo, quizás sean los instrumentos elegidos los que no permiten dotar de un nivel adecuado de estabilidad a los acuerdos alcanzados y, en definitiva, a la necesaria contención de una inflación que no cesa.
[Causas externas e internas de la inflación]
Si la brecha cambiaria, los aumentos de costos en dólares y las expectativas devaluatorias en ciertas áreas del mercado son los problemas que repercuten en la inflación, mientras que esas variables no encuentren alguna solución, los saltos de precios seguirán demostrando su existencia.
La presión de los precios de las materiales primas y la energía a nivel global durante la pandemia, que también generaron altos niveles de inflación en los países centrales, tuvieron su claro impacto a nivel local como productores de alimentos exportables.
Pero a ese salto coyuntural mundial, aquí se sumó a una evolución estructural y con unos niveles de pobreza y desocupación extremos. La inflación es mala para todos, pero resulta peor para quienes viven al día, que cada vez son más.
Claro que pasar de una inflación del 3% al 7% en Estados Unidos en un año, lo que provocó una crisis económica y social sin precedentes en el pasado reciente, no es comparable con la situación argentina, que del 36,1% pasó al 50,9% y sigue cuesta arriba.
Nadie entiende cómo un país productor de alimentos para el mundo puede tener pobreza, desnutrición y situaciones de hambre. Todos los climas, todos los ambientes, agricultura y ganadería diversificada, exportaciones de primera calidad.
Hay miles de comedores y merenderos distribuidos por todo el país, que en lugar de bajar aumentan su número cada año y que, en pleno verano y con 35 grados, reciben kilos de polenta y fideos como ayuda social, según testimonios de sus encargados.
[Igualdad y equidad no son equivalentes]
Una de las mayores fuentes de ingresos para el Estado es el IVA neto con el 29,5% de participación en la recaudación general. Es el impuesto más fácil de recaudar y el más inequitativo de todos los tributos (21%), que en el rubro alimentos no procesados se bajó al 11,5% hace muchos años y lo paga cada consumidor, sin importar su situación económica, cada vez que llega a la caja.
Lo peor es que como el cobro se da de manera indirecta a través de los vendedores, todos los pagan en cada compra (registrada, en blanco), pero el nivel de incumplimiento tributario según la AFIP oscila entre el 30% y el 40%. Además de otras elusiones y evasiones de impuestos que debilitan los ingresos, restringen los gastos e inversiones y generan un mayor déficit fiscal.
Se dice que el país necesita divisas y que para obtenerlas de forma genuina lo mejor es exportar, y con el mayor agregado de valor posible a partir de las materias primas. Entonces, quizás sea la hora de dejar de cargar con un impuesto al valor agregado a los alimentos que se producen y consumen en el territorio.
Si realmente se piensa en la mesa de los argentinos, ese déficit fiscal colateral podría compensarse no con más impuestos sino con un ataque real a la elusión y evasión que abunda impune entre afortunados y empresas de gran escala.
También con las millonarias sumas en subsidios energéticos que se han estado otorgando a los usuarios de alto poder adquisitivo, incluso a ellos que pagaron el aporte extraordinario el año pasado por el elevado nivel de sus patrimonios.
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, había descartado esta alternativa el año pasado, porque durante el mandato de Mauricio Macri se había implementado, la inflación continuó en alza y no benefició a los consumidores. Decía que eliminar el IVA a los alimentos genera muchas dificultades administrativas y se termina diluyendo.
Su estrategia era y es la Tarjeta Alimentar y la devolución de la AFIP, pero quienes no tienen esa ayuda estatal y también luchan por llegar a fin de mes, merecen un esfuerzo de las políticas públicas que les permita acceder a una alimentación sana y variada a precios razonables.
Así como ahora se habla de la segmentación de las tarifas de gas y electricidad, individualizando quienes pueden pagar la tarifa plena y quienes no, bien se podría tomar el listado de los postulantes al IFE, actualizar los datos y focalizarse en la exención del IVA en los alimentos para los que lo necesitan en lugar de eliminarlo para todos. Las herramientas no son malas per se, a veces falla la implementación.
