¿Los aumentos de tarifas en electricidad y gas son una exigencia del FMI? - Política y Medios
04/10/2022 - Edición Nº5359

ANÁLISIS

¿Los aumentos de tarifas en electricidad y gas son una exigencia del FMI?

Mientras se suceden las audiencias públicas, ya se adelantó que habrá incrementos generales del 20% en las facturas desde marzo. Se acompañan con una baja de subsidios, que llevarían a la segmentación tarifaria, pero que también figura entre los pedidos del organismo acreedor. El poder adquisitivo recibe los primeros golpes del 2022.

Por: Patricio Ballesteros Ledesma

 

Aunque el secretario de Energía, Darío Martínez, había adelantado a fin del año pasado que la actualización tarifaria en las facturas de energía eléctrica y gas natural para 2022 sería del 20% para la generalidad de los usuarios, por estos días recién se están desarrollando las audiencias públicas previas.

Sin embargo, tales debates son más bien una formalidad no vinculante, es decir que funcionan con un carácter informativo para los interesados pero no modifican las decisiones que claramente ya están tomadas. También se están dando en varias provincias, incluso por la modificación de las tarifas del agua corriente.

De hecho, en el Presupuesto 2022, que fue rechazado en la tediosa e inconducente sesión en Diputados de fin de año, se apuntaba una disminución de los subsidios económicos del Estado, y en particular de los relacionados con los servicios de electricidad y gas natural. Una baja de los subsidios energéticos equivalente al 1,5% del PBI era el objetivo.

Pero además, en medio de las negociaciones con el FMI para llegar a un acuerdo de facilidades extendidas, el organismo propuso realizar un ajuste en la economía para bajar el déficit fiscal y, en especial, una rebaja de los subsidios de los servicios públicos energéticos.

Aquella petición del organismo acreedor, la revisión de los subsidios y el anuncio de los futuros aumentos surgen sin demasiado análisis como una causa y consecuencia lineales.

En un año sin elecciones, medidas antipáticas afectan menos, eso lo sabe cualquier gobernante. El Ejecutivo igual insiste en rechazar cualquier sugerencia de ajuste, y que si es una condición excluyente de un virtual acuerdo no es negociable.

[Llegó la hora de la segmentación de subsidios]

Sin embargo, como también se ha dicho más de una vez, los subsidios de tarifas indiscriminados o universales, en lugar de beneficiar sólo a los que en verdad lo necesitan, le generan un perjuicio a las arcas públicas que, antes o después, terminan generando un malgasto de los recursos e incrementando el déficit.

En el marco del plan de actualización tarifaria, al mismo tiempo el Gobierno analiza a qué usuarios se les puede quitar el subsidio porque deducen que pueden pagar la tarifa plena. La llamada segmentación en base a polígonos geográficos ya está en marcha sobre parte del AMBA, en base a las características de los inmuebles con suministro y la posición económica de sus propietarios.

Se trata de unos 500.000 usuarios de CABA y 24 municipios del conurbano, cerca del 10% del total en el área, según las distribuidoras de ambos servicios, en donde se concentra el 60% de los hogares y comercios con subsidios. La segmentación se aplicará de forma progresiva a lo largo del año, según aclaran fuentes oficiales.

En CABA se le suspenderá la subvención a los que vivan en propiedades donde el metro cuadrado supere los US$3.700 dólares (US$2.200 es el valor promedio del m2) y en provincia de Buenos Aires dejarán de percibir la asistencia los barrios cerrados, la actividad financiera y el juego, según informan en el ENRE.

Los afectados podrán pensar que es injusto y quejarse, pero más allá de su ideología o visión del Estado, es ilógico que un inmueble exclusivo o un casino reciban del Estado igual beneficio que un PH en Almagro o un club de barrio. El año pasado se quitaron los subsidios a los grandes usuarios de electricidad de la industria y el comercio que representaban $35.000 millones y ahora pagan tarifa plena.

[20+20 es 40, poco para algunos, mucho para otros]

Una asistencia económica o un subsidio con fondos públicos cumple una función social, ayuda a paliar una necesidad determinada, que por definición no puede ser universal, salvo en casos excepcionales y por un plazo limitado. El que puede pagar una tarifa plena, aunque hasta ahora no lo hacía, también le devuelve sin querer cierto equilibrio distributivo al sistema.

Ahora bien, un recorte de subsidios o un aumento de tarifas, sea por la necesidad de bajar el déficit o por pedido del fondo, implica un ajuste de los bolsillos de millones de usuarios que viven al día y que si pagan más tarifas le restan dinero a otros consumos igual de esenciales, como alimentación, salud, educación, higiene.

Si no pierde el subsidio pero debe pagar el aumento general en ambos servicios, el golpe será menor pero igual dolerá. Ya nadie se acuerda de que se eliminaron las bonificaciones a los usuarios por ahorro de consumo, y sí se empieza a hablar de umbral de pobreza energética. Cabría preguntarse si realmente son servicios esenciales o tal vez, como el agua potable, derechos.

Por supuesto que el aumento del 20% en sendas facturas frente a los recordados incrementos del 300% o 1.000% no es un tarifazo, pero en un contexto como el actual, con una inflación mayor al 50% en 2021 y con millones que no pudieron ni siquiera empatarle a ese valor, puede resultar mucho.

Tras un 2020 de facturas congeladas por el coronavirus, el año pasado aumentaron el 6% el gas a nivel nacional y un 9% la electricidad en el AMBA, aunque en las provincias la suba de esta última superó el 30%.

Si la inflación de 2022 será más cercana al 54,8% que proyectan en el REM (encuesta del BCRA), del 40% como ahora aspiran desde el Gobierno o del 33% como Economía plasmó en el Presupuesto enviado al Congreso, cualquier valor debería ser acompañado por los salarios de los que los tienen tarde o temprano.

Pero generan mucha angustia en los que tienen sus ingresos congelados o no pueden incrementarlos al ritmo en que los precios se disparan. El poder adquisitivo tiene poco de poder y mucho de subsistir: el costo de vida aplica mejor.

[Servicios, tarifas, impuestos y precios en alza]

El año ya empezó con aumentos en diferentes servicios públicos y privados de CABA y más allá también: prepagas (9%), abono de internet, televisión por cable y telefonía fija y celular (9,8%), VTV (51%), peajes (45%), parquímetros (50%), multas (35%) acarreos (45%), entre otros.

El IPC de enero se conocerá a mediados de febrero pero ya se puede ver cómo se están moviendo los precios en la calle en la primera quincena: el inicio del año siempre es caliente. Pronostican un 3,5%, puede ser menos o más, pero el arrastre o la inercia inflacionaria tiran para arriba.

Se empiezan a anunciar nuevos aumentos, cuando muchos están disfrutando de unas merecidas vacaciones y otros tantos, sin resto para el disfrute y el esparcimiento, están buscando más trabajo para tener con qué pagar todo lo que se anuncia y lo que de seguro vendrá.

Desde enero aumentó el monotributo un 26% y como los pequeños contribuyentes no tienen un convenio colectivo de trabajo ni paritarias que negociar, deben ganar más para pagar el aumento del impuesto (sobre todo en la categoría más baja) y no a la inversa.

La ley respectiva habla en el título de alivio fiscal, pero como es una obligación el mes que no se factura igual se tributa, y para una parte de los casi 2 millones de monotributistas plenos este aumento agrava su situación.

Mientras que el gobierno porteño anunció subas en varias tarifas apenas arrancó el año, también adelantó el inicio de clases por lo que la canasta escolar es el desafío inminente para los que tienen hijos. Y luego vendrán las matrículas, cuotas y transporte para los que cayeron en la educación privada.

[Enero cortes, marzo aumentos]

Volviendo a la energía: alguien lee en el diario, alumbrado con la linterna del celular, que se viene un aumento de tarifas, mientras vacía la heladera transpirando por los 46ᵒ de térmica para llevar los perecederos a la casa de un familiar al que no le cortaron el suministro: sufre el calor y la indignación.

La transición anual es como un déjà vu, por los acontecimientos repetidos y las conversaciones entre los vecinos: calor, cortes de luz, aumentos. Más allá de los quejosos o los pesimistas, hay pocas novedades buenas para comentar, y ahora se suma la tercera ola de la pandemia en verano y con más variantes.

Caer en la cuenta de que en marzo habrá que pagar más por el servicio eléctrico y que, como en años anteriores, esta puede ser la primera suba liviana de otras posteriores iguales o mayores durante el año es preocupante.

Que a una compañía que factura miles de millones de pesos por mes, y que en algunos barrios mantiene cables de tela o pone un grupo electrógeno en la vía pública para refrigerar un transformador que se recalienta en verano, le apliquen una multa de $400 millones por los días de corte de suministro es irrisorio.

No lo es para el que perdió la compra de alimentos de la semana, para el que tiene un comercio o servicio con cadena de frío, para el que vive en un piso alto, para el que también se quedó sin agua, para el que sin suministro no puede trabajar y ni que hablar para los electro dependientes. No todo se compensa con $10.000.

[En 7 años se acumularon subas mayores al 2.200%]

En verano el gas de red es más sustituible que la energía eléctrica a nivel domiciliario, sobre todo porque se cocina menos, hay muchos hogares que tienen cocinas u hornos eléctricos, casi no se usa el termotanque/calefón y la calefacción se apaga. Pero los usuarios que sí tienen el fluido y quieren mantenerlo, saben que entrado el otoño es casi indispensable y por eso lo pagan antes del vencimiento.

Ahora que se incorporaron muchas localidades de varias provincias al régimen de zonas frías, y que tienen una tarifa subsidiada de casi el 50%, pueden ver hecha realidad una de sus demandas casi 4 millones de personas. El problema es que por el tope del sistema no es posible sumar a nuevos usuarios al servicio hasta tanto se amplíe la capacidad.

Se están haciendo obras de infraestructura para aumentar el transporte y distribución del fluido, sobre todo del proveniente de Vaca Muerta, pero hoy los gasoductos están al borde del colapso y la ampliación llegará a partir de fin de año. Este invierno, si llega a ser muy frío, habrá que cruzar los dedos para que el sistema de abasto para todos.

En la audiencia pública convocada por el ENARGAS esta semana, las transportadoras de gas (TGN y TGS) propusieron ajustes tarifarios superiores al 80%, que generarían subas de hasta el 12% en la tarifa final residencial, y en el caso de las distribuidoras (Metrogas y Naturgy Ban) plantean actualizaciones mayores al 70%, que llegarían al usuario con aumentos máximos del 35% en sus facturas.

Es oportuno rescatar una frase de Diego Mielnicki, director de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que participó de la audiencia virtual. “Entre 2015 y la actualidad, los aumentos de las tarifas rondan entre el 2.214% y el 7.637% tomando como base un usuario R1, lo que representa un enorme impacto en el bolsillo y capacidad de pago de cualquier usuario, teniendo en cuenta que el aumento del salario mínimo fue del 421% y el haber jubilatorio del 576%”.

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