Impuestos: ¿se recauda poco, se gasta mucho o se evade demasiado? - Política y Medios
28-02-2024 - Edición Nº5871

ANÁLISIS

Impuestos: ¿se recauda poco, se gasta mucho o se evade demasiado?

Mientras muchos sectores se quejan de la presión tributaria del país, pocos analizan el nivel de evasión y elusión tributaria que se registra. La gran economía informal, la inflación incontrolable, el blanqueo y la fuga de capitales, y las exenciones judiciales.

Por: Patricio Ballesteros Ledesma

 

En el último año, recaudación y el gasto público crecieron en altos porcentajes, la primera casi el 66% ($11 billones) y el segundo a nivel primario alcanzó al 25,5% del PBI ($9,8 billones), pero poco se habla sobre los ingresos no declarados y los tributos que no se cobran, sobre todo en los montos millonarios que no ingresan al Fisco y desfinancian al Estado y las provincias.

Sólo en el IVA, el más importante y universal (e inequitativo por cierto) la merma ronda entre el 30% y 35% anual, según estiman en la AFIP. El monto que las empresas no declaran al Estado es enorme (entre $550.000 y $ 600.000 millones al año) y poco se hace para abandonar esta constante acreencia. El "con o sin" es un clásico.

La tasa general del 21% permanece clavada en ese índice desde hace 25 años, cuando el exministro de Economía Domingo Cavallo la subió del 18% anterior a instancias del FMI. Es un tributo fácil de aplicar porque (casi) todos lo pagan al momento con el precio final del producto o servicio, pero aún así se complica su recaudación porque muchas empresas no incluyen todo en sus declaraciones juradas.

Lo cierto es que el peor impuesto, que en realidad no es tal pero funciona como si lo fuera, es la inflación que afecta en mayor medida a los sectores de menores ingresos y que, en 2021, tuvo una tasa anual del 50,9%, según el INDEC.

En Ganancias de las personas, el segundo en monto, en el que las empresas son agentes de retención obligados de los asalariados, los ingresos en negro y los bonos restan volumen al tributo. Esto es usual a nivel privado, pero también en la administración pública en todas las jurisdicciones.

La alícuota actual en el país llega al 35%, en Uruguay es un punto más, mientras que en Brasil baja al 25%. Pero la reciente suba del mínimo no imponible y las deducciones, tomando en cuenta la recomposición salarial en función de la altísima inflación, le permitirá a casi 500.000 asalariados dejar de tributar este año.

Además, el Senado sancionó las modificaciones del impuesto a los Bienes Personales, en donde el mínimo no imponible pasa de $2 millones a $6 millones y quien exceda ese monto tiene una escala que arranca en 0,5% y aumenta en 0,25% hasta llegar a 1,75% para los patrimonios superiores a $300 millones. Para los bienes en el exterior se mantiene la tasa del 2,25%, con la opción de repatriarlos.

[El nuevo impuesto mínimo global a la ganancia empresaria]

Sin embargo, la tasa de evasión es muy alta en las ganancias de sociedades entre las grandes empresas locales con sociedades offshore y las multinacionales que deberían pagarlo pero no lo hacen. La pérdida recaudatoria para el fisco se estima en más de US$1.000 millones por año, aunque otras investigaciones multiplican ese monto varias veces.

La alícuota en Ganancias para empresas en la Argentina (30%) es menor que en Brasil (34%) y mayor que en Uruguay (25%), y a nivel global registra una pérdida de recaudación por US$427.000 millones al año, según el informe “El estado de la justicia fiscal 2020”, elaborado por varias ONG internacionales.

La transferencia de utilidades a paraísos fiscales o países con baja imposición es por volumen una de las que provoca mayores pérdidas de recaudación en todo el mundo.

Por eso los ministros de Finanzas del G20 decidieron aplicar un impuesto mínimo global a las ganancias de las corporaciones fijado en el 15% desde 2023, para que las casi 10.000 grandes empresas alcanzadas, que facturan más de US$890 millones al año, tributen desde ese límite en los países donde operan y no donde declaran ganancias.

En la Argentina en particular, la AFIP creó un registro de beneficiarios finales de las sociedades, para combatir el hermetismo en la titularidad de las offshore, que se complementó con una nueva normativa de precios de transferencia (operaciones entre empresas vinculadas y/o con sujetos radicados en jurisdicciones de baja o nula tributación).

En otro orden, las deducciones y exenciones otorgadas a ciertas empresas por diferentes regímenes nacionales o provinciales, que no siempre tienen un fin social o estratégico, también desfinancian a las arcas públicas en numerosos tributos. Más allá de las elusiones, que son corrientes y sofisticadas.

Economistas, funcionarios y expertos señalan que es un tema muy complejo y de larga data, pero suena a excusa, si fuera fácil no habría desafío y compromiso en abordarlo y comenzar a solucionarlo.

“Voy a hacer mierda a los evasores”, gritó indignado Carlos Tacchi, mientras le pegó un fuerte golpe a la mesa en un famoso programa de televisión, hace 27 años. Los conductores se quedaron en silencio, absortos. El público frente a la pantalla aún lo recuerda.

[Luchar contra la evasión y generar cultura tributaria]

No era un maleducado, al contrario, era un funcionario honesto y capaz, el secretario de Ingresos Públicos de la Argentina en el período 1991-1995, que encaró un doble desafío como pocos: luchar contra la evasión de los poderosos y generar un cultura tributaria en la ciudadanía.

Hizo una gran tarea, en un contexto difícil, y con fuertes discusiones con el ministro de Economía de entonces, Cavallo, al que le asignaba un gran desconocimiento en materia impositiva.

En ese gobierno, tan afín a la frivolidad y la ostentación, con Carlos Menem como Presidente, las ideas y propuestas de Tacchi no eran muy acompañadas. Al contrario, sus mayores peleas eran con el propio gabinete, no con la oposición.

Sin embargo tuvo sus logros, como la creación de un cuerpo de inspectores de elite en la DGI, conocido como “Los Intocables” (por la serie de TV), para perseguir a los grandes evasores y llevarlos a la justicia.

Su lema era “exija su factura”, una recomendación a los consumidores, “porque de lo contrario le están robando el IVA, que está incluido en el precio final”, completaba. Poco a poco, muchos se hicieron al hábito, al advertir que eran cómplices sin saberlo.

Pero además, el funcionario aclaraba que ese impuesto no era para que se lo guarde el Estado, sino para que le volviera a la sociedad en mejores servicios, salud, educación, seguridad. Eso ya no era un compromiso ciudadano, sino una decisión política.

Algunos grandes empresarios y hasta el FMI le reconocieron que durante su gestión suprimió 20 impuestos distorsivos y logró cuadruplicar la recaudación gracias a su férreo combate a la evasión.

Años después, su impronta fue retomada en el territorio bonaerense por Santiago Montoya, el titular de ARBA durante la gobernación de Daniel Scioli. Su discurso, exposición pública y operativos antievasión iban en la misma línea que había iniciado Tacchi a nivel nacional, aunque más espectaculares y a veces polémicos.

[Alta dependencia de los recursos tributarios]

La Argentina evoluciona con un déficit fiscal endémico; es usual gastar más de lo que se recauda desde hace décadas. El superávit fiscal es la excepción que confirma la regla y, cuando se alcanza, no siempre es tan real como se muestra públicamente.

Mucho se habla y escribe sobre el equilibro o desequilibrio de las cuentas, pero poco se hace mención a la evasión y elusión, que restringe los ingresos públicos y, por lo tanto, limita los gastos o abulta el déficit.

Una crítica recurrente al sistema fiscal argentino es la alta presión tributaria, o sea la porción del producto bruto interno (PBI) que ingresa a las arcas públicas a través de los impuestos. En la región, detrás de Cuba (42%), Brasil (33,1%) y Uruguay (29%), la Argentina tiene uno de los porcentajes más altos.

La recaudación tributaria argentina alcanzó al 28,6% del PBI (hoy es menor), según el último dato disponible de 2019 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, muy por debajo del promedio de los países desarrollados que integran esa organización, 33,8%, y bastante arriba del promedio de los demás países de América latina y el Caribe, 22,9%.

Sin embargo, en la Argentina casi el 90% de los ingresos fiscales provienen de los recursos tributarios, porque el Estado no explota recursos naturales a gran escala, como si ocurre en Chile con el cobre o en México con el petróleo, por lo que su fuente de ingresos no tributarios es mayor y los impuestos representan el 20,7% y el 16,5% del PBI, en cada caso.

Y si se compara la presión tributaria de la Argentina con países desarrollados, el porcentaje no es tan dispar (poco más de 5 puntos) como lo demuestran los valores de la OCDE. Lo que sí es diferente es la forma en que se recaudan, es decir, el tipo de tributos en cada sistema o su estructura tributaria en general.

En el país casi la mitad de la recaudación fiscal proviene de impuestos indirectos, regresivos y universales, que afectan a todos por igual. En cambio, en los países de la OCDE, más del 40% de los tributos son directos: se les cobran a las empresas y personas en forma progresiva, es decir, que más paga el que más tiene o gana.

Sobre este punto, un interesante trabajo de la CEPAL, señala que los sistemas basados en el cobro de impuestos regresivos potencian las desigualdades. “Los problemas propios de sociedades con elevado grado de desigualdad distributiva son potenciados por la existencia de mayores niveles de regresividad en sus sistemas tributarios”, advierten desde el organismo.

[Carga fiscal versus prestaciones públicas]

Sin embargo la carga fiscal, en el caso de las personas, no puede desligarse del ingreso por habitante del país, ya que un porcentaje X sobre un valor de US$46.000 (Alemania 2020), no es equivalente a igual porcentaje aplicado a un ingreso de US$8.500 (Argentina 2020). Ni que hablar de si se usa la moda (el ingreso que más se repite), en lugar del promedio o la mediana.

En Alemania, por ejemplo, un/a trabajador/a solo/a sin hijos paga entre impuesto a la ganancia y aportes a la seguridad social el 39,9% de su salario, y si está casado/a y tiene hijos ese porcentaje baja al 21,3%, por las exenciones.

En la otra punta de la tabla, en México ese porcentaje baja al 9,5% y en Chile al 7%. Casualmente, estos dos países tienen un bajo ratio de impuestos/PBI y no dependen tanto de los recursos tributarios para que el Estado funcione.

En muchos países de la Unión Europea los impuestos y las contribuciones son relativamente altas pero se compensan con las prestaciones del Estado, que costea gastos médicos a los enfermos y altas pensiones a los desempleados.

En cambio, a nivel local, a la alta dependencia del Estado de la recaudación impositiva, hay que sumarle grandes operaciones financieras y comerciales en negro, un 40% de la economía informal, con trabajadores no registrados y profesionales que no declaran la totalidad de sus ingresos, y un 40% de la población bajo la línea de pobreza. En este contexto, cualquier comparación con otros países cercanos o lejanos resulta inconducente o irrelevante.

El monotributo (y luego su modalidad social), criticado por algunos tributaristas pero un régimen eficaz como herramienta para sumar más contribuyentes al sistema, ha demostrado que cuando se quiere blanquear a un sector hay caminos conducentes y simplificados.

Si se pusiese el mismo empeño que cuando se da de baja de oficio a un monotributista de la categoría más baja, cuando deja de pagar por unos meses, en que paguen los grandes evasores e elusores, el sistema sería más justo o imparcial.

En línea con lo que hicieron muchos países a nivel mundial, y como un aporte privado para ampliar y fortalecer los programas públicos de prevención y combate de la pandemia, en diciembre de 2020 se estableció por ley gravar de manera excepcional a las grandes fortunas del país por única vez.

El denominado aporte solidario y extraordinario, popularizado como impuesto a las grandes fortunas, alcanzaba a alrededor de 12.000 contribuyentes con patrimonios superiores a los $200 millones, que pagaron antes de la fecha de cierre en más del 80%.

De los casi $300.000 millones que esperaba recaudar la AFIP, el aporte efectivo de casi 10.000 de los alcanzados por el tributo permitió una recaudación real de $247.500 millones. Un pequeño porcentaje decidió llevar su negativa a Tribunales.

[Ventanas legales que permiten la elusión]

Que los jueces, funcionarios o empleados del Poder Judicial nacional y provincial no paguen impuesto a las ganancias desde los años 80 es algo que marca una pauta de cuan justa es la presión tributaria en el país. No todos son iguales ante la ley.

Cuando se intentó cambiar esta situación con un proyecto de ley del oficialismo en marzo del año pasado, a horas de haber asumido el ministro de Justicia Martín Soria, se buscaba que, más allá de los 200 nombrados desde 2017 que empezaron a tributar, fueran incluidos los más de 20.300 integrantes de la nómina judicial.

Esta situación implica que las arcas públicas se perdieron de recaudar $41.285 millones por Ganancias en 2021 sólo en este universo de trabajadores registrados, que todavía gozan de un privilegio controvertido por el lugar que ocupan y tolerado por la sociedad desde hace décadas.

Algunos especialistas señalan que no son necesarios más impuestos, sino que, con los que están, que incluso podrían unificarse en algunos casos y hasta disminuirse en otros, se podría recaudar más y con un criterio de equidad.

Simplificar y reordenar la matriz tributaria sería un buen primer paso: 41 tributos naciones, 39 provinciales y 85 municipales es un despropósito, con obvias superposiciones jurisdiccionales.

En un interesante artículo de la magister en Ciencias Sociales Mariana Dondo y el doctor en Economía Alfredo Serrano, señalan que la elusión fiscal permite a las grandes empresas hacer un uso abusivo de las ventajas fiscales y disminuir su tasa legal a una tasa real insignificante. Si deben pagar el 30%, el tipo efectivo sobre sus beneficios disminuye al 7,8%, tras una ingeniería minuciosa que busca eludir sin evadir.

“Entre estas y otras prácticas elusivas, en la Argentina se deja de pagar en impuestos el equivalente a un 2,74% del PIB, gracias a ventanas legales que lo permiten. O, lo que es lo mismo, se pierde un 9 % del total de recaudación”, concuerdan los investigadores.

[Entre el blanqueo y la fuga de capitales]

En 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, se ofreció un blanqueo de capitales que se planteaba como una exteriorización de activos para que los residentes en el país puedan declarar sus bienes locales y en el exterior y pagar un porcentaje de impuestos sin dar demasiadas explicaciones sobre su obtención.

Esa medida fiscal tuvo cierto éxito porque le permitió al Fisco recaudar algo ($148.600 millones) por lo evadido en el pasado por los miles de beneficiarios del perdón estatal, y a los evasores declarar una porción del patrimonio fuera del circuito económico legal o directamente en paraísos fiscales.

Formaba parte de una política tributaria global que buscaba desincentivar la fuga de capitales y perseguir las operaciones sospechosas de lavado con flujos desde y hacia paraísos fiscales, que a nivel local logró el sinceramiento de US$116.800 millones (80% en el exterior).

Desde la AFIP se decía que esa era la última oportunidad para blanquear y fue muy bien aprovechada por empresarios, políticos, profesionales, artistas, funcionarios y hasta familiares del presidente. Se estima que ese monto es muy inferior al real, pero algo es más que nada.

Casi en un sentido opuesto, y con parte del préstamo obtenido en el FMI, se produjo una operación inversa al final de su gobierno, una nueva fuga de capitales, técnicamente conocida como formación de activos externos.

Con los viejos y los nuevos beneficiarios de esta medida, se perdió una parte de lo recuperado, en relación a la porción respectiva del crédito Stand By obtenido y destinado a esa operatoria, pero con el agravante de las múltiples consecuencias que hoy ahogan al país y perdurarán por muchos años.

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