EN MAYO
Tras caducar los 90 días del anterior acuerdo de precios máximos el 7 de enero, el nuevo inicia el miércoles 12 con vigencia por un año pero con subas escalonadas en los valores en los supermercados de hasta el 6% cada tres meses, que deben aprobarse por Comercio Interior.
Es de carácter voluntario para las casi 100 empresas que producen los 1.320 artículos de consumo masivo incluidos y sólo afecta a las grandes superficies del canal minorista en donde se comercializan.
La Coordinadora de Productos Alimenticios (Copal), entidad que nuclea a más de 30 cámaras de la industria de alimentos y bebidas y que lidera el también presidente del Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, suele mostrar una gran resistencia cada vez que desde el Gobierno la convoca a un acuerdo.
Cuando se trató la ley de etiquetado frontal de los alimentos, que obliga a exhibir en los envases los niveles de sodio, azúcar y grasas, las resistencias desde esa misma entidad tuvieron su poder de presión, aunque el proyecto finalmente se aprobó, a pocos días de perder estado parlamentario.
Su impacto casi no llega a los sectores de menores ingresos, que son los que gastan la mayoría de sus ingresos en los consumos básicos, porque no está firmado por los comercios de cercanía ni los supermercados chinos, que es donde en su mayoría realizan sus compras.
Su difícil control permite el incumplimiento o las reiteradas faltantes de stock en las góndolas: las cantidades a la venta son limitadas y su velocidad de reposición es menor a su rotación.
En anteriores ediciones se enviaron a funcionarios públicos a verificar, se labraron actas, se recibieron denuncias y hasta se aplicaron multas.
[Para el FMI, las políticas de precios y salarios ayudan]
El ministro de Economía, Martín Guzmán, considera efectivo al programa, en relación a mantener a resguardo una parte del poder adquisitivo del salario, y destaca que el FMI le asigna un rol importante en el control del índice de precios.
En la Auditoría sobre el Programa Stand By de 2018, presentada por el organismo en diciembre del año pasado, entre otros puntos negativos señaló que “las políticas de precios e ingresos, no implementadas (por el gobierno anterior), hubieran ayudado a coordinar expectativas.
Las negociaciones llevadas adelante por la Secretaría de Comercio Interior con el sector privado por un acuerdo de precios apuntan a la responsabilidad colectiva, le brindan a la actual administración un elemento más para anclar esas expectativas inflacionarias volátiles y serían un punto más a incorporar en un eventual acuerdo con del FMI.
Más allá de su discutible eficacia y alcance, ese consenso sobre algunos precios funciona como una referencia para el 10% de los más de 10.000 productos que se venden en las cadenas de supermercados y evita la remarcación constante en un contexto de incertidumbre que termina generando una inflación más alta que la real.
En el proyecto de Presupuesto 2022 enviado por el PEN y que finalmente no fue aprobado, se proyectaba un índice de inflación anual cercano al 30%, tildado de “dibujo” por la oposición. Y en el relevamiento de expectativas de mercado (REM), una encuesta que el BCRA realiza entre consultoras privadas y economistas, se fija un nivel más cercano al 55% en el año.
Ambos valores son estimaciones, supuestos, pronósticos. Sin embargo, esa diferencia de visiones de 25% es el problema con el que debe lidiar el mercado, la economía, los salarios.
[La inflación en alimentos siempre es mayor a la general]
El Gobierno busca anclar la inercia inflacionaria en un valor mucho más bajo que el del año pasado, mientras que del otro lado algunos asumen y otros impulsan que el porcentaje sea mayor. Si suben los precios, deberían subir los salarios, y en esa espiral ascendente, al final se provoca una suma cero que a (casi) nadie beneficia.
Está probado que el fabricante de un producto lo entrega a su canal de distribución con un precio diferenciado (no tiene una lista única, sino acuerdos por escala, visibilidad y rotación), y éste se remarca con un margen diferente en un mayorista, una tienda de proximidad, una cadena de supermercados o una almacén barrial.
Pero además, y sobre todo en las grandes cadenas, las pymes alimenticias o de artículos de higiene y tocador, que manejan precios más moderados que las llamadas primeras marcas, no tienen casi posibilidad de entrada por tamaño y ganancia marginal.
Si el año pasado culminó con una inflación del 52%, con una alta incidencia de la canasta básica alimentaria en el IPC del país, peor aún es que la suba anualizada de algunos productos insustituibles superó ampliamente el 100%.
Y el mayor impacto, como es sabido, se da en los sectores con ingresos menores y esporádicos, que rara vez cruzan la puerta de un gran supermercado para realizar la compra diaria o aprovechar una oferta.
Quizás habría que empezar a cuidar al consumidor y no al precio. Los mercados comunitarios, las ferias barriales y los puntos de encuentro entre el productor y el consumidor van en esa línea en donde todos ganan un poco.
Cuando se habla de los formadores de precios en un mercado se hace referencia a los cuasi monopolios u oligopolios, es decir aquellos fabricantes que tienen una cuota dominante o un market share mayoritario en alguna de sus líneas de productos.
[La concentración genera posiciones dominantes]
En el mercado interno argentino hay varios ejemplos muy claros en algunos alimentos de primera necesidad. Es decir que el precio de esos productos no surge de la libre competencia de la oferta de varios jugadores sino de la posición dominante de apenas uno o dos.
Casi el 60% de la harina que se comercializa proviene de una empresa, así como el 57% de la leche fluida a la venta lo concentra una empresa y casi el 80% de los fideos pertenecen a un fabricante. Además, el 45% del arroz está concentrado en una empresa y el 80% del azúcar en dos.
En la anterior negociación de los Precios Cuidados, cuando el flamante secretario de Comercio Roberto Feletti se reunió con los empresarios involucrados en el acuerdo, una alimenticia que tenía más de 80 productos afectados planteó reservas por 36 de ellos.
Luego se reveló que se trataba de Molinos, la compañía del Grupo Pérez Companc, que en ciertas líneas o marcas no quería resignar tanto sus márgenes al quedar incluida en el listado.
La concentración no se queda en la etapa industrial, ya que casi el 60% de la comercialización total de los alimentos y bebidas en todo el país está en manos de sólo seis grandes cadenas de supermercados. Y quizás por eso los acuerdos de precios se sostienen por ese canal, más viable para implementar y controlar.
Desde el Gobierno se planteaba este acuerdo como una forma de sostener la mesa de los argentinos con 1.432 productos (como antes con Precios Máximos, Precios Claros, Súper Cerca), una frase que a muchos empresarios de firmas centenarias o multinacionales les suena más a populismo estatal que una medida efectiva.
Sin embargo, una amplia lista de precios de referencia acordados entre el Estado, las empresas y el retail, permite tener un parámetro para que la dispersión imperante no provoque saltos indiscriminados por coyunturas y expectativas.
[¿Sobran pesos o faltan productos?]
Hay economistas que sostienen que la inflación tiene que ver con la demanda, que la mayor cantidad de pesos circulantes (vinculados a los planes sociales que otorga el Gobierno), presionan sobre la oferta y provocan las subas recurrentes.
Sin embargo, en el pasado, con casi cero de emisión monetaria o sin planes la inflación de los alimentos tuvo valores incluso más altos que los actuales.
También es cierto que las empresas trabajan muy por debajo del 100% de su capacidad instalada, y que su objetivo no es crecer sino ganar más. Porque si así fuera, en la medida que aumenta la demanda, en lugar de ajustar por precios lo harían por cantidades.
Si el objetivo buscado es incorporar al consumo de los bienes fundamentales, en particular los alimentos, a cada vez más gente que tiene necesidades postergadas y recursos muy limitados, en lugar de subir los precios se debería aumentar la producción y abastecer a un mercado creciente con precios más ajustados.
Realmente eso no es lo que ocurre. Por eso es que cada vez hay más problemas con el acceso a productos básicos en amplias capas de la población, con un nivel de pobreza que en lugar de ceder se incrementa, y encima el IPC de alimentos resulta incontrolable.
Por otro lado, en ciertos productos y en forma cíclica, la presión exportadora genera distorsiones que ponen a los consumidores locales en pesos a competir con los mercados externos en dólares o euros. Basta ver que algunos envases tienen información en varios idiomas, lo que indica que ese mismo artículo se exporta tal cual sin ni siquiera variaciones en el pack.
A veces se salda el problema con cuotas, es decir la posibilidad de enviar al mundo luego de asegurar un volumen de abastecimiento al mercado interno. Otras veces es más complicado y ahí surgen medidas como los cepos, las retenciones o los acuerdos de precios.
[El rubro que más ganó en la pandemia]
Nada es constante ni perdura, porque en definitiva es una lucha de intereses, en donde los consumidores desprotegidos crecen en lugar de disminuir, y donde siempre hay factores endógenos o exógenos, aparentes o reales que generan cambios y revisiones.
El asunto de fondo es que en un país productor y exportador de alimentos (en gran parte alimentos para pollos y cerdos que luego se consumen en China), que el nivel de pobreza e indigencia haya llegado a los valores actuales demuestra que el control de precios no resuelve el problema claramente, pero sí pone pautas o límites para que comer no sea un privilegio sino un derecho.
En ese sentido, Precios Cuidados resulta un lugar de protección, una especie de canasta solidaria, una orientación al consumidor. El tema es si realmente, más allá de adonde apunte en sus intenciones, genere beneficios en los sectores que más necesitan una ayuda para ejercer su derecho a la alimentación digna y nutritiva.
Muchas empresas del sector asumieron su responsabilidad social empresaria, cuando ese término se puso de moda hace dos décadas, pero no todas lo llevaron a la práctica más allá de un sello impreso o una campaña de marketing eventual.
Durante la pandemia, y en particular en el aislamiento estricto, como sector esencial de la economía siguieron produciendo a full, en rubros como lácteos, carnes, pollos y derivados de harinas la demanda no sólo se mantuvo sino que creció, tuvieron ventas récord y pudieron ganar casi como nunca.
No viene al caso mostrar los números de sus balances de los últimos dos años pero tuvieron facturaciones y resultados multimillonarios. Incluso, tras varios años de cierre de ejercicios en rojo, desde 2020 lograron recuperarse con números positivos.
Incluso, el Estado puso fondos públicos para asistir a millones de argentinos con el IFE, la ATP y múltiples planes sociales cuyos beneficiarios usaron en parte para el consumo de sus productos. Y eso está muy bien: hay tiempos de recibir y otros de dar.
