Deuda con el FMI: ¿por qué si Kirchner pudo, Fernández no lo imita? - Política y Medios
26/01/2022 - Edición Nº5108

ANÁLISIS

Deuda con el FMI: ¿por qué si Kirchner pudo, Fernández no lo imita?

El ex Presidente decidió suspender las erogaciones hasta lograr crecer y luego canceló todo en un pago. Sin embargo, el actual mandatario negocia un acuerdo con la entidad financiera, mientras abona cada vencimiento de capital e intereses desde que asumió. ¿Qué pasa si sigue los pasos de su mentor político? Entre la diplomacia oficial y la propuesta de “Soberanxs”.

Por: Patricio Ballesteros Ledesma

 

Dentro de la coalición que integra el Gobierno no todos piensan lo mismo, en diversos temas las posiciones son encontradas, y en particular en la negociación que se lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional por la deuda contraída por Mauricio Macri en 2018.

Mientras el Presidente afirma que no pagará esa deuda con el hambre del pueblo, y que para pagar primero el país debe crecer, como hace 15 años afirmaba en una situación similar el expresidente Néstor Kirchner, el ministro de Economía, Martín Guzmán viajó a Washington para reunirse con autoridades del FMI en pos de arribar a un entendimiento técnico, con vistas a alcanzar un acuerdo de facilidades extendidas antes de marzo de 2022.
    
En aquellas circunstancias se tomó la decisión de retrasar pagos por una cuestión financiera real y con una firme convicción política, como también lo fue la negativa a integrarse al ALCA (Acuerdo de Libre Comercio de América). El contexto global, latinoamericano y local es otro, pero hoy se sabe cuál fue el resultado de esa jugada del 2006. 

Desde que asumió, el Presidente Fernández no hizo ninguna referencia a entrar en default, más allá de mencionar que antes de su asunción la Argentina ya estaba en esa situación de manera implícita, y por eso debió encarar negociaciones con los acreedores privados, y al poco tiempo con el Club de París y el FMI.

Luego de la renegociación con los bonistas privados, en la que Guzmán y su equipo lograron la reestructuración total y una ahorro de US$37.700 millones (el FMI no permite quitas, si negocia tasas y plazos), se encaró una ronda de reuniones con la entidad y sistemáticamente se cancelaron los vencimientos surgidos del acuerdo establecido con la administración Macri.

[El ancla que lleva al país al fondo]

La llegada de la pandemia y sus consecuencias económico financieras podrían haber permitido una chance para que la Argentina pida condiciones excepcionales para su pago, así como lo fue el inédito monto que el fondo le otorgó al país, el objetivo político explicitado de su aprobación y el ajustado cronograma de cancelaciones. 

Europa no estaba de acuerdo con autorizar un nivel de endeudamiento que superaba largamente la cuota que le correspondía al país, se dice que un 270% superior, pero la supremacía de Estados Unidos en el organismo y la apuesta de Donald Trump por la reelección de su amigo Macri fueron más fuertes.

El organismo internacional nunca había otorgado un monto semejante, incluso porque más allá de que su reglamento interno no lo permitía en esos términos, menos aún avalaba que su destino fuera la salida de capitales del país que lo recibía. 

Además, como monitoreaba los números de la economía local, no desconocía que esa cifra era impagable en 36 meses, con los índices acumulados de estancamiento, inflación, desocupación y desinversión. Y eso que el coronavirus todavía no había entrado en escena.

Pero el objetivo no era ya cobrar sino más bien, como lo explicitó en su momento el ex ministro que la tomó, Nicolás Dujovne, condicionar al frente que ganó las elecciones y, finalmente, esa consecuencia le tocó enfrentar al Gobierno y a todos.
    
[Deuda para hundirse, no para salir a flote]

El país tiene problemas para cumplir con los vencimientos y, llegado el caso, también enfrentaría inconvenientes si se atrasa o deja de pagar según el cronograma. El 18 de diciembre vencen US$1.800 millones y el Gobierno ya dijo que también los pagará. 

Esos millones que se van no reportan nada, no tienen contrapartida en obras de infraestructura ni inversiones productivas, ni van a ser utilizados en mejorarle la vida a la gente de ninguna manera, como tampoco lo hizo la deuda, que no dejó nada tangible, sostuvo a los bancos y enriqueció a los poderosos, entró y salió.

Está visto que, aún cumpliendo a tiempo con los compromisos heredados, la situación pandémica internacional no ayuda, en enero de 2022 asume un nuevo Director del Departamento del Hemisferio Occidental en el FMI (Ilan Goldfajn, ex presidente del Banco Central brasileño), y a nivel interno hay fuertes lobbies para que las limitantes del endeudamiento sean fuertes y efectivas.

Todos los países tienen deudas, incluso Estados Unidos tiene un gran volumen en rojo, el problema es que la Argentina tiene un stock bruto total de deuda externa de US$270.000 millones y una economía inestable que se endeuda para no crecer.

De hecho, en su gira europea de mayo pasado, el propio Presidente y varios de sus funcionarios tuvieron reuniones con mandatarios de países clave, para lograr empatía con el país y mejoras en las negociaciones con el fondo monetario. Luego en octubre, cuando la reunión del G-20 en Roma, los encuentros con los líderes se repitieron y el tema deuda era ineludible.

Si se produce una visita oficial a Estados Unidos el año próximo y se reúne con Joe Biden, este será un tema central en el diálogo entre ambos mandatarios, se llegue a un acuerdo previo o no.

[Todos pagan, difieren en las formas]

Salvo el mayor frente de izquierda y algunas corrientes populares, que sostienen el no pago de esta deuda en forma tajante, las demás fuerzas políticas, y más ahora a partir de la renovación de bancas en ambas cámaras nacionales, se sentarán a debatir el cómo afrontar sendos vencimientos por poco más de US$19.000 cada uno, el año próximo y el siguiente (y casi US$5.000 millones en 2024). 

El Poder Ejecutivo convocó a los diputados y senadores a evaluar un plan plurianual en el Congreso, que incluya entre sus objetivos la estrategia de crecimiento del país y por extensión del pago de sus deudas. Cuando se tomó la deuda fue una decisión inconsulta e irreversible, sin debates ni aval del Parlamento, y mucho menos plebiscitada.

Como no hubo reelección, el desembolso no fue por el total pactado de US$57.000 millones sino por US$44.000 millones, pero los intereses, más los sobrecargos por exceso de crédito, a lo largo del plazo de repago que resta elevan esa cifra a más de US$52.000 millones. Sin años de gracia ni refinanciación, este es el panorama.

El país tiene una larga y penosa relación con el organismo internacional, y una gran experiencia en las misiones del fondo y las visitas de sus veedores, también de sus recetas para salir de las crisis y el posterior fracaso de las mismas.

El prestamista, hasta tanto le paguen, ejerce una especie de dominación sobre el deudor, que le coarta libertades y le indica los mejores caminos para devolver el dinero prestado. 

Esto puede incluir recortes de gastos, devaluaciones, bajas de impuestos, aumentos de tarifas, más para los ricos y menos para los pobres. Se las suelen llamar metas, pero no son soberanas, que permitan al país crecer y desarrollarse, sino orientadas a comprimir al Estado para pagar deudas.

Incluso, el acreedor vuelve a prestar con tal de que así le cancele los pagos del capital e intereses de la deuda, que parece haber sido el camino elegido al recibir los US$4.334 millones de ayuda extraordinaria repartida por el FMI ante la pandemia (DEG, Derechos Especiales de Giro). 

[Legalidad, legitimidad y soberanía]

En los últimos días surgió una iniciativa de un grupo, que integra el FdT pero no coincide con la estrategia oficial en este tema, encabezado por el ex vicepresidente Amado Boudou, la ex embajadora Alicia Castro y el exvicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, que plantean llevar el tema a la Corte Internacional de Justicia. 

Esta nueva organización de exfuncionarios de Cristina Fernández, donde también participan intelectuales, profesionales y artistas, que se presentó en público a fines de noviembre, precisamente el día de la Soberanía, espera poner en jaque en La Haya la legalidad de este crédito otorgado al país, en términos financieros e ilegitimidad a nivel político, y sus extraordinarias condiciones.

En un documento crítico del accionar del FMI, Soberanxs le propondrá al Gobierno que antes de sellar cualquier acuerdo con el organismo de crédito solicite a la Asamblea General de la ONU que le pida a la Corte de La Haya una opinión consultiva.

En el pedido a elevar al Poder Ejecutivo afirman: “Ningún país con 50% de pobreza podría tolerar un programa de ajuste fiscal o una política de ajuste por la vía cambiaria (devaluación), incluso cuando no tuviese que devolver nada en los próximos años”.

Es interesante analizar el nombre elegido por la agrupación (Soberanxs), porque a fines de noviembre, el Presidente la utilizó casi al inicio durante una presentación en la Cancillería. “Ser soberanos hoy es no pedir permiso a nadie para hacer un programa de gobierno. Eso tiene que ver con no endeudarnos. Siempre el que se endeuda indefectiblemente termina condicionado. Los acreedores nos condicionan siempre”.

Más adelante en su discurso, Alberto Fernández afirmó: “Tenemos que recuperar la capacidad de manejar la deuda de modo tal que el pueblo argentino no sufra a la hora de pagarla. No es tarea fácil y la diplomacia tiene mucho que ver en eso”.
 

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