Una grave denuncia sacudió a la policía de la provincia de Córdoba y resuena en los despachos del Ministerio de Seguridad, luego de que un agente con trayectoria en la institución denunciara a dos superiores por obligar a sus subordinados a realizar la mayor cantidad de detenciones posibles, con fines evidentemente espurios.

Según consta en la denuncia, que pudo relevar La Voz, el denunciante aseguró ante una fiscalía penal que mientras desempeñaba sus tareas en el Comando de Acción Preventiva (CAP) de la capital provincial, un subcomisario y un oficial principal le ordenaron a los agentes a su cargo lograr la mayor cantidad de aprehensiones por día. Además, precisó que incluso los instaron a utilizar incorrectamente el Código de Convivencia Ciudadana.

En la presentación también mencionó a un comisario y a un jefe del Tribunal de Conducta Policial, a quienes puso al tanto de la situación e intentaron persuadirlo de no avanzar en la denuncia.

En su testimonio, precisó algunas de las órdenes: “Trabajamos temprano con el Código de Convivencia, hacemos el colchón temprano y a la tarde están todos los móviles desocupados y podemos tomar comisiones”.

Al respecto, explico que “lo que se buscaba era la mayor cantidad de aprehensiones (con y sin causa) para con ello formar ‘el colchón’ con el objetivo de primera instancia de aumentar las estadísticas y en segundo plano demostrar la efectividad de la autoridad policial en las calles de Córdoba”.

Además de la palabra del denunciante, fueron adjuntadas capturas de chats del grupo de Whatsapp del distrito donde trabajaba, donde se verifican mensajes que corroboran la acusación.

“Gente, activemos los controles estamos 0 en tres sectores. Veamos qué resultados tenemos”; “No es que les quiera meter presión, pero hasta hoy nunca entregué la guardia en 00, no va a ser la excepción, si no ya saben”; “Vamos con los controles los 11 si no 19 h instalamos las paradas fijas y ahí vemos”; “Vamos con los controles muchachos, se ven motos y saros (delincuentes, según la jerga policial) en la calle”; “Vamos con los controles gente que si no los hacemos fijos hasta que tengamos resultados”; “Vamos apurando con los controles”, son algunos de los filtrados.

Al respecto, el oficial sostuvo que esas directivas no apuntaban a cualquier ciudadano aleatoriamente, sino que existía un “categórico tipo de perfil”, al cual describió como “arbitrario y discriminatorio”, trazado como objetivo de estos procedimientos.

En rigor, los apuntados eran personas procedentes de sectores sociales vulnerables, con una vestimenta determinada y que circularan en moto, independientemente de que tuvieran o no antecedentes penales.

Criterio que operaba como una suerte de cacería de brujas que excluyera a ciertos actores sociales de ciertas regiones geográficas. “Aprehender y secuestrar el vehículo”, eran las indicaciones.

Las sanciones por incumplir estas iban desde un recargo de horas de trabajo fuera del horario de guardia, que se cumplían en las carpas de testeo de Covid-19, hasta la realización de tareas adicionales con las retribuciones más bajas, llegando incluso a transferirlos de sector o cambiar sus labores.

La denuncia fue radicada por el agente, con la asesoría profesional del abogado Carlos Nayi y recayó en la Fiscalía de Distrito 1.