El Senado volvió a las comisiones remotas después de un sorpresivo acuerdo político. Y hasta sirvió para mostrar una vez más la falta de diálogo de Guzmán con el Congreso, donde deberá exponer el presupuesto en tiempo récord antes de diciembre. Crecen los lobbys para frenar leyes contra alimentos insalubres y conductores alcoholizados.

[Comisiones online]

Martín Lousteau casi no apareció por el Senado este año, pero el martes último lo hizo para darle una mano grande al oficialismo: representó a la UCR en la firma de un acuerdo que permitirá seguir con las comisiones por zoom hasta el 30 de noviembre.

Había sido un pedido del jefe del oficialismo José Mayans en la última sesión, la primera con presencialidad plena, porque las comisiones no se reunieron nunca en el Senado con los legisladores presentes desde el inicio de la pandemia.

La oposición no parecía querer seguir bajo esa modalidad, pero en los debates internos optó por no aceptar. No quería ser responsable de paralizar el Congreso, con reuniones en las que sólo haya oficialistas.

Lo curioso fue que las primeras reuniones de la Comisión de Presupuesto no lo tuvieron a Lousteau, que otra vez se olvidó de conectarse. Ya había hecho su aporte.

[Presupuesto nadie lo espera]

Martín Guzmán sigue con el teléfono encendido esperando que lo llamen para exponer el presupuesto en la Cámara de Diputados, pero deberá tener paciencia.

Al menos en las últimas charlas entre los líderes legislativos y Alberto Fernández, consideraron que lo mejor era esperar que pasen las elecciones.

Claro que no queda mucho tiempo, porque el 10 de diciembre cambia la mitad de los recintos y la oposición sumará presencia en ambas Cámaras.

Se estima, además, que para esa fecha estará algún dato más del acuerdo con el FMI que no llega y el presupuesto ignora. Será todo rápido y conciso.

[Guzmán, ignorado en el Senado]

La relación del ministro de Hacienda con el Congreso no está en su mejor momento.

Mientras que en Diputados no lo llaman para hablar del presupuesto que presentó el 15 de septiembre, en el Senado lo ignoraron para subir el mínimo no imponible del impuesto a los bienes personales.

Fue un típico conflicto de Guzmán con los legisladores propios por el dilema de cuanto y donde recaudar.

Es que la ley de bienes personales está vigente desde 2018 con montos desactualizados, que de mantenerse vigente convertirán en morosos a personas que no les ha ido bien en los últimos años.

El senador oficialista Carlos Caserio pide subir los montos con un proyecto propio que tuvo respaldo de la oposición, pero reconoció que ni Hacienda ni la AFIP participaron. No hubo diálogo.

[Alcohol cero, con críticas]

Hace 20 años que asociaciones de víctimas de accidentes de tránsito piden una ley que impida tomar una gota de alcohol antes de manejar y no lo consiguen. Y esta semana que pasó empezaron a intentarlo en la comisión de transporte que preside el radical José Cano.

Cano es radical y de Tucumán, una de las 7 provincias con alcohol cero. También hay municipios, pero a nivel nacional sigue vigente la posibilidad de manejar con 0.5% gramos por litro de sangre, algo así como uno o dos vasos de vino.

Justamente, las empresas vitivinícolas y la gastronomía en general presionan para mantener esos parámetros, pero por ahora chocan con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, decidida a cambiar.

Claro que otras veces se escuchó la misma voluntad, pero el lobby supo imponerse y dejar el debate trunco.

[Último intento de frenar el etiquetado]

Las empresas alimenticias tienen su chance final de frenar la ley de etiquetado frontal, pero no está nada fácil porque gran parte de la oposición está dispuesta a acompañar y el oficialismo la respalda sin fisuras.

El lobby de la industria no cesó un minuto. El titular de la Copal y de la UIA Daniel Funes de la Rioja hizo un zoom con los diputados de Juntos para pedirles votar en contra.

Les dijo que con esta ley no se podrá exportar alimentos que acá se declaran con nutrientes críticos, porque serán considerados insalubres por los vendedores.

Los diputados que apoyan la ley le recordaron que eso no ocurrió en los países que tienen etiquetado, porque modificaron las líneas de producción y la ley les otorga dos años para hacerlo. No lo entendieron así y seguirán presionando.