El oficialismo disputa la agenda de derecha con un proyecto para agravar penas por portación ilegal de armas - Política y Medios
03/12/2021 - Edición Nº5054

LEGISLACIÓN DE SEGURIDAD

El oficialismo disputa la agenda de derecha con un proyecto para agravar penas por portación ilegal de armas

Desde el Frente Renovador presentaron una iniciativa que prevé aumentar la pena máxima de 4 a 8 años para evitar que sea un delito excarcelable.

En las últimas horas, el diputado nacional del Frente de Todos, Ramiro Gutiérrez, presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley de “Armas y delitos contra la seguridad pública” que busca agravar las penas por portación ilegal de armas de fuego para evitar la denominada coloquialmente “puerta giratoria”.

La iniciativa del legislador del Frente Renovador plantea llevar de 4 a 8 años de prisión la pena máxima por este tipo de delitos y establece además 9 agravantes, a los fines de que implique condenas de cumplimiento de prisión efectiva.

“La portación hoy es muy accesible para el delincuente, y no estaba prevista dentro del articulado del Código Penal. Nosotros establecimos rápidamente que había que definirlo para que los jueces tuvieran esa herramienta en el código y no hubiese ningún tipo de interpretación arbitraria ni velatoria”, explicó Gutiérrez en diálogo con DiputadosTV.

En este sentido, consideró que “es un comienzo de ejecución mandando un claro mensaje de lo que debe significar el arma: todo juez debe tener en su cabeza que portar un arma de forma irregular es un delito grave”. Además, añadió que “el delincuente tiene que saber que eso merece cárcel y que lo sacan de circulación; y que el arma que utilizó se inutiliza y no vuelve más”.

El diputado expresó que “el delincuente armado te aborda y esa arma nos roba, nos daña o termina con la muerte, y la portación es un instante previo”.

Además de modificar la duración de la pena, en el proyecto fueron agregados varios agravantes, entre los cuales destacó: la portación en un establecimiento educacional; la portación de un arma que ha intervenido en otro hecho ilícito, o la de una que tenga la numeración limada que, afirmó, “es un arma que se la sustrajeron a un legítimo usuario o a un policía”.

Entre sus argumentos, el proyecto presentado en la Cámara de Diputados detaca la necesidad de intervenir firmemente en la cadena de sustracción, fabricación, alquiler, tenencia, portación, tráfico, tránsito y uso de estas armas fuera de la ley, enmarcando las acciones como parte de un plan estatal dirigido a la pacificación y limitación de la violencia.

Respecto a la normativa vigente, Gutiérrez contrastó: “Vos te encontras una persona con una ametralladora, un fusil o con un revólver 380, que puede volar la puerta de un auto, y por más que el juez lo condene, el fiscal lo haya acusado, o que la víctima haya sido valiente y lo haya señalado, esa persona no tiene pena de cumplimiento efectivo. Puede incluso ser un juicio abreviado e irse a la semana y estar en su casa”.

Por último, sentenció: “Si nosotros completamos eso estamos dando un mensaje de garantía de seguridad y de protección. Yo creo que para ese mandato a mí me han votado, estoy convencido de eso, y lo presento en el Congreso con otros diputados que me han acompañado”.

Entre otros, el proyecto de “Armas y delitos contra la seguridad pública” cuenta con el acompañamiento de sus compañeras del interbloque oficialista Cecilia Moreau, Mirtha Tundis, Jimena López y Alicia Aparicio.

La modificación impulsada desde massismo ocurre en plena campaña de cara a las elecciones legislativas, donde la seguridad fue uno de los ejes centrales del espectro propositivo de la oposición.

Mientras desde Juntos Diego Santilli integró la problemática entre las prioridades de su discurso, junto la educación y el trabajo; José Luis Espert directamente apeló a propuestas de reducción de la punibilidad hasta edades cuasi preadolescentes.

En ese marco, el espacio de Sergio Massa vino a ocupar la agenda más conservadora con una propuesta a todas luces más moderada, pero que de todas maneras apunta a interpelar a los segmentos más contrariados por el asedio de la inseguridad.

El partido que encabeza el presidente de la Cámara de Diputados parece haber encontrado entre sus funciones principales dentro de la coalición oficialista la amortiguación del impacto de los discursos opositores; siendo el sector, por caso, que impulsó las leyes de alivio fiscal a trabajadores con la reforma del impuesto a las ganancias y del régimen de monotributo.

En tiempos en que, al ritmo de la fiebre electoral, la discusión de seguridad se corre hacia la derecha; el Frente de Todos ingresa a la discusión desde una postura tanto menos polémica que le permite no dejar vacío ese espacio.

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