Por: Patricio Ballesteros Ledesma

Es un tema polémico y complejo, no sólo por las millonarias sumas que se manejan, sino porque implica a varios actores y múltiples variables. En concreto, los subsidios a la generación eléctrica, la distribución de gas y al consumo de ambos están apuntados en la Ley de Presupuesto desde hace años, siempre son cifras enormes y en realidad nunca son suficientes.

Es el gasto que el Estado realiza para compensar los costos de las empresas del sector, sin que éstos sean afrontados por los usuarios de esos servicios con tarifas plenas en sus facturas. Cuando el anterior Gobierno decidió actualizarlas, luego de años de estar congeladas, la aplicación de porcentajes de hasta 4 dígitos demostró que la mayoría de los hogares y las pymes no pudieron resistir esos “tarifazos” de golpe.

También es cierto que, cuando un recurso es escaso, por falta de producción y generación, caída de inversiones de las concesionarias del servicio público, insuficiente o deficiente infraestructura o cuestiones climáticas, llega un punto que no alcanza para todos. Basta recordar los reiterados episodios de cortes de luz prolongados, durante días en más de una ocasión y la suspensión del abastecimiento de gas a industrias y estaciones de servicio.

Claro que no todas las compañías del sector manejan los mismos números ni todos los beneficiarios tienen las mismas posibilidades de pago, de ahí una de las principales polémicas en torno a los subsidios. En el pasado, cuando no se discriminaba, eran favorecidos todos los usuarios de gas y electricidad, incluso los que no lo necesitaban, y parte del esfuerzo fiscal era un derroche de recursos energéticos y fiscales.

Del mismo modo, al incorporarse las fuentes renovables en la matriz energética, la generación de electricidad por centrales térmicas o hidroeléctricas versus las fuentes eólica y fotovoltaica cambiaron la ecuación económica de las empresas. Pero en la actualidad, más del 60% de la generación eléctrica utiliza al gas natural como energía primaria y también tiene una tarifa subsidiada.

Pese a la incorporación de Vaca Muerta, la Argentina todavía es deficitaria en materia de autoabastecimiento hidrocarburífero, y por eso debe recurrir a la importación de hidrocarburos y combustibles. Todavía está en estudio la repotenciación de gasoductos existentes, y hasta la construcción de un nuevo gasoducto, para aprovechar el gas de esa cuenca e incorporarlo a la generación eléctrica y a las redes troncales, y disminuir en parte la provisión del exterior.

En materia eléctrica, también debe proveerse del suministro de sus vecinos en los picos de consumo o en las caídas de generación. Pero, aún así, cuando hay disponibilidad de recursos propios e importados, el tema se complejiza en la etapa de transformación y distribución en un país con un territorio tan extendido y con falta de infraestructura adecuada.

Por eso es que el Estado no sólo regula el servicio al nivel de las inversiones comprometidas y el marco regulatorio, sino que interviene en la estructura de costos y en la tarifa final de las prestadoras. Los subsidios son también una forma de ecualizar los desajustes que se producen en la cadena de suministro.

Las empresas no pueden cargar todos sus costos en la factura, ni el usuario puede afrontarlos en su totalidad, de ahí que el subsidio juega a dos puntas pero tiene un alto costo fiscal para toda la economía del país. De hecho, todos los años figura en un apartado de la ley de leyes, casi siempre con un monto bastante inferior al que finalmente se aplica.

Para el ejercicio 2021, el ministro de Economía, Martín Guzmán había pautado $665.670 millones de subsidios energéticos, pero el año terminará muy por encima de esa cifra, ya que los retoques tarifarios han sido menores a los previstos, y porque el crédito vigente a esta altura totaliza $878.481 millones.

Tras dos años sin retoques, desde mayo se estableció un aumento en la boleta de luz del AMBA del 9%, mientras que en la de gas para todo el país el incremento llegó al 6% (4% para las pymes), en ambos casos inferiores a los propuestos por el titular de Hacienda, que adelantó que el año próximo serán más selectivos a la hora de otorgar subsidios a las tarifas que sin dudas aumentarán.

Con una inflación proyectada del 45/50% para todo el año, si se pretendiera trasladar esa tasa a las facturas se volverían impagables para gran parte de la población, como ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri. “Son dos pizzas”, decían sus funcionarios, sobre aquellos aumentos de tres dígitos como mínimo, y llovieron las moras, los cortes de suministros y los amparos judiciales.

Por eso, el actual secretario de Energía, Daniel Martínez había adelantado que no es bueno seguir con tarifas congeladas para siempre, pero la idea es que haya aumentos que el pueblo pueda pagar, y que la evolución de las subas será por debajo de los incrementos de salarios.

El Gobierno proyectaba que los subsidios a la energía iban a representar este año el 1,7% del PBI (dentro de un déficit fiscal del 4,5%), similar a los US$ 6.600 millones de 2020, pero los incrementos en las facturas, con un poder adquisitivo minado por la inflación y más aún en un año electoral, no pudieron elevarse a las tasas que manejaban en esa cartera (cercanas al 30%).

En retrospectiva, este nivel de subsidios es relativamente alto comparado con los de 2016 a 2019, que representaron entre 2,6% y 1,1% del PBI, que fueron bajando porque creció la producción y las tarifas tuvieron aumentos muy superiores a los actuales. Durante los gobiernos de Cristina Fernández, oscilaron entre 1,4% y 2,8% del PBI. Pero dadas las circunstancias, en 2021 será aún superior al estimado, más cercano al 2,5% del PBI.

Los datos del primer semestre cerrados indican que el monto de los subsidios en energía trepó a $330.782 millones, lo que implica casi el doble que en igual período de 2020 ($169.397 millones), que a su vez ya había duplicado el gasto del mismo lapso de 2019 ($83.000 millones).

Para afrontar la brecha entre provisión y consumo del invierno, este año se recurrió a 54 barcos metaneros con gas licuado importado de diferentes países, que transportan cada uno 40/50 millones de m3 a un costo cercano a los US$10/MMBTU. Sólo en ese lapso y por este origen se pagaron US$970 millones, que podrían destinarse a construir un gasoducto nuevo para aprovechar el fluido de Vaca Muerta y dejar de depender de las importaciones de GNL y gas natural en el pico de consumo invernal.

En este sentido, la planificación energética tiene una deuda, que lleva muchos años sin saldarse, y la pagan los usuarios con las facturas o el Fisco con déficit. En el Presupuesto para 2022 enviado al Congreso, se establece un nivel de subsidios del 1,5% del PBI para este rubro, que sumaría $873.397 millones, y ya adelantan aumentos de tarifas en gas y electricidad, con segmentación, según el ministro Guzmán.

Como es usual, se descarta que ese porcentaje será mayor, más cercano al 2%, como finalmente ocurrirá este año, ya que los incrementos en las tarifas de electricidad y gas fueron menores a los planificados. Según adelantan en el Gobierno, casi un 70% del total de estos subsidios del año próximo estarán destinados a la sustentabilidad del mercado eléctrico, a través de las transferencias a CAMMESA, que implicarán una erogación de $609.198 millones.

Este año, los usuarios pagaron en sus facturas de electricidad alrededor del 37% de los costos de la energía y para 2022 se calcula que ese porcentaje avance hasta el 43%. Si se logra contener a la inflación cercana a ese índice, un ajuste tarifario similar podría llegar a empatarla y así el ministro Guzmán podría alcanzar un equilibrio y controlar el gasto público en esta materia.

Ya el actual nivel de subsidios supera en varias veces al déficit primario calculado y representa más de la mitad del déficit fiscal proyectado. El FMI sugirió como esperable o condicionante que se baje este rojo, tomando en cuenta que en 2026 comienzan los pagos fuertes de la deuda, dentro del acuerdo de negociación que se lleva adelante por estos días en Nueva York para lograr un plan de facilidades extendidas.

En el caso del gas natural el tema es más complicado, porque se bajará el precio que se paga a las productoras por el Plan Gas.Ar y la caducidad de la Resolución 42, pero la movilidad de las tarifas afecta a todo el país, por el subsidio a los hogares en zonas frías y por la tarifa social a los que no tienen redes.

La reciente sanción de la ley de Zonas Frías agrega regiones con descuentos en las tarifas de gas por redes y es un alivio para los poco más de 3 millones de nuevos beneficiarios, pero implica un costo para el Estado que rondaría los $3.000 millones. Sin embargo, no incluye a los que no tienen red, usan garrafas y sólo cuentan con una cocina y un calefactor para mitigar el frío invernal. En cambio, sí beneficia a los recién incorporados, que si tienen red y todo el año, incluso en verano.

Aunque el interventor del Enargas, Federico Bernal, aclaró que no implica un costo para el Fisco, ni requerirá de subsidios adicionales, porque se autofinancia, lo cierto es que lo pagarán la otra mitad de usuarios con un pequeño recargo en sus boletas en el ítem Fondo Fiduciario.

El otro dato relevante es que el gas natural es abundante pero el disponible para su uso todavía es un recurso escaso en el país, y eso se nota sobre todo durante el invierno, cuando más del 25% de la demanda para consumo es abastecida con el fluido importado de varios países a precios que de media duplican a los locales. La eficiencia energética y el uso racional son otros temas que todavía no están en la agenda de casi nadie, y la falta que hacen.