Hidrocarburos en el Mar Argentino: cuidar, pero no prohibir - Política y Medios
18/09/2021 - Edición Nº4978

ANÁLISIS

Hidrocarburos en el Mar Argentino: cuidar, pero no prohibir

Una buena política ambiental debe estar basada en regulaciones que permitan llevar adelante estos proyectos minimizando el impacto en el medio ambiente, sin tomar el camino principista que es la prohibición de los mismos, lo cual paraliza toda actividad productiva afectando la calidad de vida de toda la población.

Por: Martín Bronstein - Investigador del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad (Ceepys)

 

En mayo de 1955, Juan Domingo Perón intenta firmar un contrato de exploración y explotación con la Standard Oil de California para áreas ubicadas en el sur de nuestro país, en lo que hoy es la provincia de Santa Cruz. Ese contrato fue muy criticado por la oposición de aquel momento e, incluso, por integrantes de su propio espacio como John William Cooke. Los argumentos para oponerse se basaban en lo que podríamos llamar un nacionalismo de principios sin sustento en las necesidades del país, agobiado en ese momento por la necesidad de importar energía. Perón era un nacionalista pragmático y comprendía que el verdadero nacionalismo era lograr el autoabastecimiento de petróleo y ese era su objetivo para firmar el contrato. Como lo dijo en uno de sus escritos: “…la riqueza no es la que está en el subsuelo sino la que logramos extraer para el beneficio de la Nación”.

Hoy los recursos convencionales de hidrocarburos están en declinación en nuestro país y es necesario explotar los recursos de Vaca Muerta y también el offshore para sostener nuestro crecimiento, alcanzar el autoabastecimiento y tener capacidad exportadora. En 2018 se llevó adelante una ronda de licitaciones sobre derechos de exploración de hidrocarburos en la Cuenca Norte del Mar Argentino. Por estos meses se están analizando dichas concesiones en base a los informes de impacto ambiental, que deben ser aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación. Hoy el mundo ha cambiado y la cuestión ambiental debe estar en la agenda de las distintas políticas energéticas. Sin embargo, hay que evitar que un ambientalismo principista y sin sustento técnico condicione nuestro desarrollo.

Estas últimas semanas estuvo circulando por los medios más importantes del país un informe que modelizaba el escenario de contaminación ante un posible derrame de petróleo en nuestras aguas, frente a las costas de la Provincia de Buenos Aires. Este informe, desarrollado por la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, es casi un juego de modelado que parte de una premisa: “Si hay explotación petrolera, habrá derrame”. Sin embargo, fue tomado por Greenpeace para frenar las nuevas concesiones de exploración otorgadas frente a las costas bonaerenses. La organización ambientalista debería comprender que el desarrollo de los hidrocarburos off shore (costa afuera) no es algo novedoso en nuestro país, sino que se lleva adelante desde hace más de cuarenta años y nunca ha generado incidentes ambientales ni derrames. Además, la producción costa afuera es de gran importancia para nuestro país, ya que aportan el 16% del gas natural que consumimos. Necesitamos seguir apostando por el desarrollo de estos recursos utilizando las buenas prácticas de la industria como se hace en el resto del mundo, desde el Golfo de México hasta el Mar del Norte.

La producción de gas y petróleo off shore se lleva adelante en varias partes del mundo desde fines de la década de 1970, luego de que las crisis petroleras multiplicaran los precios del crudo e hicieran rentables la explotación de estos recursos. La explotación costa afuera es de una importancia fundamental a nivel global, ya que sin ella el mundo no podría satisfacer la demanda de hidrocarburos. De ella dependen el 30% de los 95 millones de barriles diarios de petróleo y el 27% de los casi 11.000 millones de m3 diarios de producción de gas a nivel mundial.

Los países donde se desarrolla esta actividad cuentan con los más altos estándares ambientales. Las principales regiones productoras de recursos off shore son: el Golfo de México, frente a las costas de Estados Unidos y México donde la agencia ambiental de los Estados Unidos (EPA) que tiene altísimos estándares de protección ambiental autoriza estas actividades; el Mar del Norte frente a las costas del Reino Unido, Noruega, Holanda y Dinamarca (países caracterizados por su cuidado del medio ambiente); en Brasil frente a las costas de Río de Janeiro (más del 90% de su producción proviene del off shore).

Argentina ha sido pionera a nivel mundial en el desarrollo de los recursos de petróleo y gas off shore y los mismos son parte tradicional de nuestra industria energética nacional desde finales de la década de 1970. En los primeros años la actividad estaba concentrada en la Cuenca del Golfo de San Jorge, lindera a la ciudad de Cómodo Rivadavia y en la Cuenca Austral, próxima a las costas de Tierra del Fuego. Esta última cuenca es de una importancia trascendental para nuestro abastecimiento de gas natural donde la empresa francesa Total lleva adelante una serie de proyectos frente a las costas fueguinas, Carina y Vega Pléyade, que produjeron durante el año 2020 el 16% (alrededor de 20 millones de m3/día) de la producción de gas de Argentina.

El subsuelo del Mar Argentino tiene características geológicas que hacen suponer que alberga importantes recursos hidrocarburíferos además de los ya descubiertos en la Cuenca Austral. Descubrirlos y explotarlos es una de las asignaturas pendientes que ahora estamos tratando de revertir a partir de la adjudicación de áreas para su exploración. CAN 100, CAN 108 y 114 son áreas off shore con posibles recursos hidrocarburíferos que se encuentra en la Cuenca Norte del Mar Argentino frente a las costas de la provincia de Buenos Aires. Estás áreas se encuentran ubicadas en el talud argentino, más allá de la plataforma continental. Las primeras dos áreas se encuentran a más de 300 km de la ciudad de Mar del Plata mientras que CAN 114 se ubica a 400 km de la ciudad de Necochea. Estas áreas son las que hoy están generando el revuelo de las organizaciones ambientalistas.

La operadora de estos tres proyectos será la noruega Equinor (dos de ellas se encuentra en asociación con YPF), que es tal vez la empresa que tiene la mayor experiencia y capacidad tecnológica en el offshore que la ha posicionado como un jugador de clase mundial en este tipo de yacimientos. Equinor es la continuadora de Statoil, la empresa estatal de Noruega que desarrolló los recursos de petróleo y gas en el Mar del Norte. Vale recordar que Noruega es uno de los países con los más exigentes estándares ambientales a nivel mundial y, a la vez, es un gran productor de recursos en alta mar, con una producción diaria de más de 2 millones de barriles de petróleo por día y más de 300 millones de m3. Estos recursos le han permitido a Noruega crear su fondo soberano de inversión, que hoy cuenta con recursos por más de US$ 1,1 billones.    

A diferencia de lo que ocurre en las cuencas productoras del sur, donde los que se oponen a los proyectos de producción de petróleo y gas muchas veces conviven con los mismos (como es el caso de las comunidades Mapuches que se ven afectados por las operaciones), ninguna de las voces que se han expresado en contra del desarrollo de estos proyectos se vería afectada directamente por los mismos, ya que se encuentran a cientos de kilómetros de la costa de la provincia de Buenos Aires. La oposición a su realización se basa en una propuesta abstracta, ideológica y sin fundamentos técnicos. 

Argentina necesita encontrar y desarrollar nuevas fuentes de recursos energéticos de gas y petróleo, por eso, además de Vaca Muerta, el desarrollo del off shore argentino significa una excelente posibilidad para nuestro país. Hasta ahora, la producción costa afuera se ha llevado a cabo en aguas someras cerca de la costa. Se estima que hay una gran cantidad de recursos en las aguas profundas y ultraprofundas de nuestro país, pero, para descubrir esto, el primer paso es la exploración. Una buena política ambiental debe estar basada en regulaciones que permitan llevar adelante estos proyectos minimizando el impacto en el medio ambiente y no tomar el camino principista y sin fundamentos que es la prohibición de los mismos, lo cual paraliza toda actividad productiva afectando la calidad de vida de toda la población.

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