Justo cuando el volumen de dosis de vacunas se masifica y, con ello, el porcentaje de la población inoculada, los contagios de COVID-19 volvieron a subir y la inminencia de la propagación de la variante Delta en el país condujo a las funcionarias y los funcionarios a restringir el acceso de personas que estén afuera de Argentina.

Por caso, este viernes dos personas residentes en la Ciudad de Buenos Aires que regresaron de viajes al exterior fueron confirmadas como casos de la variante india del coronavirus y se encuentran cumpliendo el aislamiento de siete días.

Una de ellas es una persona de 42 años que regresó de Estados Unidos, donde se fue a vacunar con el inmunizante del laboratorio Janssen de una dosis, y que tenía un PCR negativo antes de subir al avión y un resultado similar en el test de antígenos que se le realizó en el Aeropuerto de Ezeiza.

Sin embargo, resultó positivo el test PCR que se le practicó al séptimo día de haber arribado a la Argentina, confirmando que se trataba de la variante Delta, que se originó en la India y actualmente preocupa al mundo por su mayor transmisibilidad.

El segundo caso es de una persona de 34 años que había estado dos meses en Venezuela y a quien también le había dado negativo el PCR en el exterior y el antígeno realizado en Ezeiza, pero comenzó a tener síntomas de COVID-19 dos días después de llegar a la Argentina.

Ante esto, desde el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires endurecieron los controles y organizaron la capacidad hotelera de los distintos distritos para alojar a quienes vuelvan a su residencia bonaerense, quienes deberán pagarse el alojamiento por el lapso del aislamiento obligatorio y preventivo de la transmisión de esta cepa que vuelve a poner al mundo de rodillas.

Pero, en las últimas horas, se conoció que una familia que regresará en los próximos días desde los Estados Unidos pidió a la Justicia que declare la inconstitucionalidad de las normas impuestas por el Gobierno Nacional y el de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof, en contra de ser enviados a un hotel para hacer la cuarentena.

La familia, que viajó a los Estados Unidos para vacunarse, volverá el próximo domingo y pidió a la Justicia que invalide la norma administrativa la cual consideran contraria a la Constitución Nacional.

Es su planteo del abogado Norberto Borlenghi, de 73 años, quien viajó con su familia para obtener la segunda dosis de vacunación luego de recibir en la Argentina la primera del laboratorio Sputnik V, y en aquel país se aplicó la Pfizer.

Además del abogado, se vacunaron su esposa y las dos hijas del matrimonio, pues "no le quedó otra alternativa que viajar, postergando sus tareas profesionales diarias, y ahora, de yapa, 4 días más sin acceso a los medios de trabajo en un hotel desconocido", sostuvo.

La presentación, hecha ante la Justicia federal de San Martín, cuestiona el DNU 411/2021 y la Decisión Administrativa Nº 643/2021 dictada por el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la que propiamente dictó el gobernador Kicillof.

"Se encuentra en ciernes una nueva amenaza y violación a nuestros derechos de propiedad, trabajo, vivienda, circulación, y salud, producto del capricho de los funcionarios del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires", argumenta la misma.

Además, apuntó que no hay fundamento del por qué "600 personas que ingresan al país representan un menor riesgo de ingreso de la cepa Delta -tan temida- que los 2000 que estaban autorizados hasta el momento y que podía hacer la cuarentena en sus hogares".