S.O.S. Colombia: un grito de alerta roja social - Política y Medios
04/08/2021 - Edición Nº4933

ANÁLISIS

S.O.S. Colombia: un grito de alerta roja social

Clamamos la ayuda internacional porque las garantías de protección en nuestra tierra han sido vedadas. En su lugar, el miedo ha calado hasta nuestros sueños y nos impide descansar tranquilamente cada noche. A esta consternación generalizada, se suma un sentimiento de impotencia, debido a que no tenemos a quién acudir para denunciar lo que ocurre. Solo miramos con desolación las imágenes de colombianos abusados por compatriotas que visten un uniforme.

Por: Laura G. Campo – Graduada en Estudios Literarios – Especial para PolíticaYMedios, desde Bogotá

 

Como en septiembre pasado, cuando escribí las primeras letras para este medio, nos mueve el grito desesperado de auxilio. Un grito que en Colombia cada vez se agudiza más, aunque pareciera que esta nación ha resistido todos los vejámenes sociales inimaginables y que no será capaz de aguantar uno más, el genocidio sigue siendo el castigo para las masas que se muestran en desacuerdo con las políticas que gobiernan desde hace casi 20 años.

En esta ocasión, el proyecto de reforma fiscal convocó a miles de personas a las calles el 28 de abril. Una reforma tributaria que amenazó con poner un impuesto sobre el valor añadido a servicios públicos, a servicios funerarios, a la canasta familiar, a las pensiones y el crecimiento gradual de la base de contribuyentes de renta. Pero esa, que parecería suficiente, fue solo una de las razones para salir a las calles a protestar. A ese proyecto, se suman el manejo nefasto de la pandemia asociado a retrasos en vacunación y a restricciones que han incrementado el desempleo; también, los asesinatos de líderes sociales y masacres, 35 a la fecha, que dejan 132 víctimas de acuerdo con los datos del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz); y, finalmente, la física hambre: el 42.5% de colombianos y colombianas sobreviven con 100 dólares al mes según datos del Departamento administrativo nacional de estadística.

Con todo lo anterior, el panorama era —sigue siendo— el de una nación en la que la salud, la economía y la vida están más que comprometidas. No contentos con los niveles de pobreza, los asesinatos y las cifras de contagio de COVID-19, decidieron gravar las necesidades básicas. Por esa razón, una vez más, los colombianos y colombianas dijimos ¡no más! La respuesta por reclamar nuestros derechos esenciales fue el robustecimiento de la fuerza pública y criminalizar la protesta. A partir del 28 de abril, las calles que han sido ocupadas por protestantes se han entintado de sangre por las balas de la Policía nacional, quienes tienen como misión la protección de los ciudadanos y ciudadanas.

Todos los días se suman imágenes transmitidas por redes sociales de agresiones policiales. Ha sido escabroso ver los videos de personas caminando, llegando a sus casas y protestando que son atacadas impunemente por los uniformados. Los números son desconocidos, pero de acuerdo con la Defensoría del pueblo —un organismo estatal que ha desprotegido los derechos humanos— hasta el 4 de mayo había 89 personas desaparecidas en lo corrido de las protestas, sabemos que son cientos. Por su parte, los datos de la ONG Temblores registraron que, hasta la misma fecha, los casos de violencia policial ascendían a 1443; las víctimas de violencia física, a 216; las detenciones arbitrarias, a 814 y los homicidios, a 31. Ninguno de los medios tradicionales de la prensa colombiana ha transmitido lo que está ocurriendo y excusan las extralimitaciones en actos vandálicos de los manifestantes —como si hubiese razón alguna para que la fuerza pública asesine a un civil— o, en el mejor de los casos, señalan que hubo un “presunto caso” de brutalidad policial.

Mientras escribo estas letras, hay arremetidas del Escuadrón móvil antidisturbios (Esmad) de la Policía nacional en las localidades del sur y noroccidente de Bogotá. Situación que se repite en Cali y Medellín, y que ha vivido Bucaramanga, Manizales, Palmira y Valledupar. Desde hace 18 años, con la implementación de la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez, nos hicieron temer al terrorismo e infundieron en el pueblo colombiano la idea de que había que enfrentarlo. Ahora tenemos plena conciencia de que es el Estado la principal fuente de terror en este país y que hay que luchar contra él. Tenemos miedo de salir a las calles, y aun así lo hacemos, porque a pesar del aguante tan característico de Colombia, la resistencia ha pasado de una pasividad aletargada a una movilización social.

Clamamos la ayuda internacional porque las garantías de protección en nuestra tierra han sido vedadas. En su lugar, el miedo ha calado hasta nuestros sueños y nos impide descansar tranquilamente cada noche. A esta consternación generalizada, se suma un sentimiento de impotencia, debido a que no tenemos a quién acudir para denunciar lo que ocurre. Solo miramos con desolación las imágenes de colombianos abusados por compatriotas que visten un uniforme. Agradecemos toda difusión de las atrocidades que están ocurriendo. Ese momento tan anhelado en que la dignidad se hiciera costumbre ya ha llegado a las exigencias de nuestro pueblo, pero el gobierno nos lo quiere arrebatar.

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